Legalidad y legitimidad

Legalidad y legitimidad

Dolors Oller. Estas últimas semanas hemos asistido a acciones de denuncia y sensibilización de la opinión pública en relación a una práctica legal contra los Derechos Humanos, indigno de cualquier Estado que se proclame como Estado de Derecho: la situación que se vive en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIES). Entidades vecinales, el movimiento social contra el racismo y la xenofobia, una amplia gama de ONG, sindicatos y diversos partidos han denunciado persistentemente, desde su creación por la primera Ley de Extranjería (1985) tanto su existencia como la vulneración de derechos en su funcionamiento, conscientes de que detrás de todo esto se ocultan dramas personales y familiares y mucho sufrimiento. La raíz del problema está en la misma Ley de Extranjería que permite el internamiento preventivo y sistemático de personas en situación administrativa irregular. Pero es también la propia Ley, corroborada por sentencias del TC como la 115/1987, la que especifica que el internamiento en un CIE debe ser una medida excepcional, para casos muy concretos, y reconoce otras vías de actuación, como ahora pagar una multa. Ahora bien, el internamiento se ha convertido en la práctica habitual, de modo que en la obsesión por el control y expulsión de personas migradas, el Gobierno del Estado español está infringiendo su propia ley.

Hay que tener en cuenta que la privación de libertad es el mayor ejercicio represivo admitido en una sociedad democrática y, por tanto, debe ser ejercido desde la más absoluta garantía de los derechos fundamentales. En ningún caso es admisible que las personas privadas de libertad por una falta administrativa no tengan como mínimo, las mismas garantías para la protección de sus derechos de las que disfrutan los presos con condena. Pero el caso es que estos centros se han convertido en cárceles encubiertas y ha tenido que haber dos muertos, una en el CIE de Aluche (Madrid) y otra en el CIE de la Zona Franca de Barcelona, ​​para que esta cruel situación haya llegado a la opinión pública. Incluso, desde el diario El Periódico de Catalunya se ha iniciado una campaña de recogida de firmas para pedir al Ministerio del Interior que acabe con este limbo legal en que se encuentran estos centros, siendo la primera vez que un medio español utiliza este sistema de movilización popular.

La situación que se vive en los CIES no nos puede dejar indiferentes pues se han convertido en espacios de impunidad contrarios a los valores democráticos más elementales, muchos de los internados, además, han ido a parar allí después de redadas realizadas por la policía que les ha detenido por sus perfiles étnicos a fin de ser identificados. Por tanto, al inicio de la detención hay un trato discriminatorio por parte de la policía que vulnera el valor de la igualdad, uno de los valores superiores de nuestro Ordenamiento Jurídico, que vertebra nuestro sistema democrático. La nacionalidad, única circunstancia que diferencia a los inmigrantes de los españoles, no puede generar una tan intensa diferencia de trato que rompa dicho valor. Hay quien ha tildado estas situaciones de “racismo institucionalizado”, pues a buen seguro no admitiría un trato similar referido a los propios ciudadanos nacionales.

Por otra parte, la situación de las personas dejadas en libertad después de los 60 días de retención que permite la Ley es muy grave. Recuperan su derecho a la libertad, pero con una orden de expulsión pendiente que les impide cualquier posibilidad de conseguir papeles o un trabajo con contrato. Se les condena, pues, a la exclusión social, produciéndose el contrasentido que los CIES, creados para controlar, también generan situaciones de irregularidad dentro de un sistema que se supone creado para combatirlas.

A más de dos años de la reforma de la Ley de Extranjería, no se ha aprobado aún el preceptivo reglamento, indispensable para garantizar los Derechos Humanos de los internados y acabar con la arbitrariedad de su gestión y se ha consolidado un modelo muy represivo, exclusivamente policial, lo que provoca una acusada tendencia a privilegiar las medidas de seguridad y control policial del Centro.

Estas semanas ha estado presente en la opinión pública el debate sobre el cumplimiento de la legalidad a los CIES. Es evidente que el Estado de Derecho no se puede detener a sus puertas. El fenómeno migratorio debe ser regulado y ordenado, desde el respeto riguroso a los principios constitucionales y al Ordenamiento Jurídico que debe inspirarse en estos principios. En este sentido, es esperanzador lo que dijo hace pocos días el Ministro de Justicia sobre la pronta regulación de este reglamento, que pondrá fin a este vacío legal. También es necesario, sin embargo, reavivar el debate sobre su legitimidad. Porque la gran pregunta pendiente sigue siendo si han de existir. Dicho en otras palabras, ¿tiene legitimidad el Estado -en este caso el Estado español- para tomar la decisión de expulsar, teniendo en cuenta el art. 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las NN.UU., que consagra el derecho a la libre circulación de las personas? ¿Los países pueden tener el derecho a decidir cuántas personas de fuera necesitan en función solamente de sus necesidades económicas? ¿Hasta qué punto puede exigir unos requisitos determinados, en función de sus intereses, por la admisión de una persona? No es ésta una utilización instrumental de la persona contraria a la dignidad humana y a los derechos que le son inherentes?

http://www.lavozdeasturias.es/politica/extranjeros-cie-reciben-trato-carcelario_0_610139120.html
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