Reformar la huelga

Reformar la huelga

Jose I. Gonzalez Faus. La palabra reformar no tiene en estas líneas el sentido habitual con que se viene aplicando respecto a muchas conquistas del estado del bienestar: un eufemismo que enmascara el camino hacia su supresión. Al revés: pretende recuperar el prístino sentido del derecho de huelga y devolverla a sus legítimos sujetos que son los trabajadores.

La huelga fue un factor innegable en la promoción de la clase obrera, pese a que tardó mucho en ser reconocida: fue delito antes que derecho. No figura en la Declaración de los derechos humanos de 1948 sino en un posterior “Pacto internacional de derechos…”. La Constitución española la reconoce en su artículo 28/2 pero aún no tenemos la ley orgánica que pedía la Constitución para regular su ejercicio. A lo que se ve, nuestros gobernantes tienen cosas mejores en que ocuparse.

La Enseñanza Social de la Iglesia reconoce el derecho de huelga como “medio necesario, aunque extremo, para defensa de los derechos y logro de las aspiraciones justas de los trabajadores” (GS 68). Pablo VI reafirmó ese derecho avisando que no suponga “condiciones demasiado gravosas para el conjunto de la economía o del cuerpo social” (OA 14). Juan Pablo II declaró que es un derecho “que el obrero debe tener asegurado” , a la vez, del que “no se puede abusar”(LE 14).

La moralidad de muchas acciones humanas cambia según las circunstancias. En economías agrarias que eran prácticamente sólo de trueque, la Biblia y la Iglesia se opusieron radicalmente al préstamo a interés. Conforme va apareciendo la industria, el dinero (por la posibilidad de invertirlo) se convierte en ocasión de una ganancia y, por eso, el que lo presta puede perder un beneficio y se le puede compensar de esa pérdida con un interés moderado. La Iglesia no supo percibir ese cambio y continuó condenando el interés (aunque algunos papas seguían pidiendo préstamos a los judíos para financiar sus guerras…). Hasta que acabó imponiéndose el sentido común no sin mucho dolor y desautorizaciones (los primeros Montes de Piedad fueron calificados por algunos teólogos de la derecha eclesial como montes de impiedad…. Más o menos como hoy). Ahora han vuelto a cambiar las circunstancias y el dinero se ha convertido falsamente, no en ocasión, sino en causa de más riqueza, como si fuera fecundo por sí mismo: esa es la gran irracionalidad e injusticia de la economía financiera. La Iglesia tampoco ha sabido percibir ese cambio de contextos; y aún esperamos una palabra suya contra la usura rampante que domina nuestro universo económico, mucho más cruel que la de los antiguos usureros judíos.

Pues bien: un cambio parecido de circunstancias está dándose en nuestros días respecto de la huelga. Con el paso a una sociedad mayoritariamente de servicios, la huelga muchas veces no se dirige contra el patrono; y sus daños no recaen sobre la empresa en que trabaja el obrero y que puede perder clientela, sino sobre multitud de ciudadanos que no son partes de ese litigio y encarnan la figura de aquel chiste de Gila: “¡Hombre! Que le dieron a una señora que no era de la guerra”. (Pero ahora no se trata de una señora sola sino de miles de ciudadanos que, por ejemplo, han de estar en su casa al día siguiente para reincorporarse al trabajo). En este sentido, algunas huelgas de las más clásicas de hoy, tienen algo en común con el terrorismo: afectan a personas “inocentes” que no son partes del conflicto; aunque sin duda alguna, la afectación es mucho menos violenta que la del terrorismo propiamente dicho. Los servicios mínimos atenúan pero no resuelve este fallo. Y ello va incubando en la sociedad un sentimiento anti-huelga que puede acabar perjudicando a ésta y privando al obrero de su última arma.

La esperada ley orgánica que complete nuestra Constitución debería tener muy en cuenta este cambio efectuado en nuestra sociedad. La huelga es un derecho del obrero, que la socialdemocracia conquistó (junto con los impuestos) a cambio de aceptar la propiedad privada de los medios de producción. Un controlador aéreo por ejemplo, no es un obrero, como tampoco lo es un parlamentario. La extensión del derecho de huelga debe ser pensada y razonada más detenidamente.

Por otro lado está ocurriendo que, en nuestras sociedades con alta e irremediable tasa de paro, con un despido cada vez más fácil y un abundante “ejército de reserva”, la huelga se le vuelve cada vez más imposible al obrero. Como si los económicamente fuertes se hubieran apropiado, no sólo de una riqueza que le tocaría a él, sino de un derecho que conquistó la clase obrera. No sería por tanto una aberración declarar ilegal la huelga para gentes que pueden ganar más de cien mil € anuales, allá donde otros muchos no llegan a los diez mil.

De este modo, las huelgas que más solemos conocer en esta sociedad de servicios resultan ser huelgas a las que ya no se recurre como una “solución extrema”, que suponen condiciones “demasiado gravosas para el cuerpo social” y que, a veces, suenan más a un abuso que a un derecho. Justamente los puntos sobre los que avisaban tanto el Vaticano II como Pablo VI.

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