Dolors Oller. Se hace difícil hablar en pocas líneas sobre las consecuencias jurídicas y políticas de una sentencia tan extensa y compleja. Pero si que podemos intentar valorarla de forma general y reflexionar sobre la nueva situación política creada. No olvidemos que el Estatuto de Cataluña del 2006 suponía un impulso de transformación del modelo de Estado; pues bien, justamente esto es lo que ha quedado en entredicho.

Un paso atrás en la profundización del modelo de Estado diseñado por la Constitución

En primer lugar hay que dejar bien clara la competencia del Tribunal Constitucional a la hora de dirimir el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra el Estatuto catalán, porqué así queda establecido en nuestras reglas de juego. Sin embargo, es evidente que leyes como ésta tienen un especial relieve político, que en el caso de los estatutos de la vía especial se pone especialmente de manifiesto en su procedimiento de elaboración (art 151,2 CE) y que se concreta en el hecho de ser leyes pactadas entre el poder central y el territorial, cuestión ésta que se puede predicar también en el caso de las reformas estatutarias. No en vano el propio TC abonó esta visión, incluyendo los Estatutos de Autonomía dentro del llamado “bloque de constitucionalidad” y considerandolos como leyes materialmente constitucionales. En otras palabras, con una Constitución tan abierta como la que tenemos, los estatutos son el instrumento idóneo para ayudar a diseñar el modelo autonómico, completando la propia Constitución a la que están subordinados. El Estatuto de Cataluña había pasado, pues, el triple filtro de la votación de dos parlamentos y un referéndum popular, con lo cual se manifestaba claramente su naturaleza de pacto político. Por esta razón algunos comentaristas y políticos han señalado que se ha producido en todo este proceso un verdadero choque de legitimidades: la legitimidad política contra la del TC. Ciertamente, el TC hubiera de haber tenido suficiente visión de Estado como para, siguiendo su propia jurisprudencia, dar por buena la tarea hecha por el legislador, teniendo en cuenta la función constitucional del Estatuto y su plus de legitimidad, derivado de su procedimiento de elaboración y aprobación. En lugar de ello la sentencia está toda ella impregnada de prevenciones injustificadas hacia el contenido del Estatuto.

Dicho esto, y aunque es cierto que la mayor parte del Estatuto ha sido declarado constitucional, en contra de la pretensión del partido que impulsó el recurso, hay que remarcar que la sentencia del TC supone un paso atrás en la voluntad de profundizar el modelo de Estado diseñado en la Constitución de 1978. Esto era lo que claramente se proponía la elaboración del Estatuto de Cataluña del 2006: abrir el camino hacia una federalización del modelo de distribución territorial del poder político, pues la Constitución pone las bases de un Estado compuesto pero este diseño se ha de acabar de completar, precisamente mediante los estatutos. Y esto era perfectamente legítimo, y más si tenemos en cuenta que en el propio texto constitucional, y como consecuencia del modelo de estado que tenían en mente alguna de las fuerzas políticas que participaron en su elaboración, hay elementos claramente federalizantes.

De hecho el modelo territorial derivado de la Constitución se ha caracterizado desde su puesta en marcha por una permanente mutabilidad. Esto ha significado en la práctica que la Constitución, muy rígida en cuanto a su forma, especialmente si se trata de su núcleo fundamental, haya ido perdiendo su fuerza normativa en este ámbito. La creación por el propio TC de la ya nombrada categoría del “bloque de constitucionalidad” obliga a acudir a otras normas para solucionar los problemas de la distribución del poder político entre el Estado central y la CCAA, y entre estas normas, los estatutos son fundamentales. Pues bien, el Estatuto del 2006 tenía por objetivo profundizar en el autogobierno después que se hubiese constatado que la dinámica política en Madrid tenía bloqueada la Constitución, sacralizándola como intocable, cosa que hacía inviable reformas en el texto fundamental tendentes a mejorar el diseño del modelo autonómico (piénsese, por ejemplo, en la imperiosa necesidad de reforma del Senado para convertirse en un Senado territorial, indispensable en un Estado compuesto como es el Estado español de las Autonomías). El nuevo texto estatutario partía de una concepción abierta del texto constitucional como modelo federalizante que integra perfectamente la plurinacionalidad y buscaba especialmente garantizar el ejercicio de las competencias de la Generalitat, preservándolo de ingerencias estatales e introduciendo tímidamente algunos elementos en la línea federal.

Pero con su sentencia, el TC ha dejado en mala posición a los sectores moderados y a los partidarios de la España federal, dando alas al independentismo, porque nos ha hecho retroceder, no tanto por el recorte cuantitativo sino por el cualitativo: todo aquello que en el texto estatutario podía significar una garantía de autogobierno y una profundización en un sentido federalizante ha sido rechazado por el TC. Así, nos hemos encontrado: con la eliminación de la trascendencia jurídico-constitucional de la identidad; la supresión del principio de bilateralidad como principio básico de la relación con el Estado central; la supresión de la utilización preferente de la lengua propia en el ámbito público; la relativización de la fuerza jurídica de los derechos y principios rectores; el freno a  la pequeña descentralización que introducía el Estatuto en el ámbito del Poder Judicial; el recorte en el sistema financiero, y  finalmente, con la desaparición de todas las garantías de protección de las propias competencias, que habían sido introducidas con el fin de evitar que se pudiera ir vaciando de manera permanente la capacidad de autogobierno de Cataluña, en especial en relación a las competencias exclusivas y, sobre todo, a las competencias compartidas con el Estado (el famoso blindaje de las competencias).

Un cambio sustancial en la consideración de la naturaleza del Estatuto de Autonomía.

En realidad, podríamos decir que lo más importante de esta sentencia es que ha apostado por un modelo de Estado de las Autonomías previo a este Estatuto, con el agravante que a aquel modelo se había llegado mediante pactos políticos que iban desarrollando la Constitución en este ámbito, y ahora es el propio TC el que nos dice que aquel modelo es el único que puede caber en la Constitución y ningún otro, y esto no porque lo hayan pactado las fuerzas políticas, sino porque lo ha decidido el TC como intérprete supremo de la norma fundamental. Además, en esta sentencia se produce otro hecho especialmente grave: el TC se desdice de su propia jurisprudencia en temas tan importantes como el sistema de fuentes y, más en concreto, respecto a la naturaleza del Estatuto de Autonomía. Hasta ahora era jurisprudencia consolidada la que establecía que, a pesar que las leyes que aprueban los estatutos tienen el carácter de ley orgánica, se trata en realidad de una ley orgánica especial, fruto de un pacto político (cosa que se visibiliza nítidamente en la elaboración y reforma de los estatutos de vía especial, dentro de los cuales se incluye el de Cataluña) y que por esta razón los estatutos forman parte del “bloque de constitucionalidad” y, por tanto, tienen una categoría casi constitucional, siendo a la vez normas institucionales básicas de las CCAA y también normas estatales. Ahora la sentencia se ha desdicho de esta jurisprudencia y lo ha trastocado todo. Queda debilitada significativamente la función constitucional del Estatuto (el de Cataluña pero también cualquier otro) y de hecho sustituye el papel de los estatutos en el “bloque de constitucionalidad” por el papel que juega el propio TC. En este sentido, la sentencia trata el Estatuto como a una ley meramente autonómica, y de ahí que se rechace que a través suyo la Comunidad Autónoma de Cataluña pretenda imponer normas y obligaciones al Estado. Se olvida que el Estatuto es una norma estatal fruto de un pacto político entre la Generalitat y el Estado, y por tanto, forma parte, con los otros estatutos, del sistema de fuentes central.

La sentencia, pues, no tienen solamente consecuencias jurídicas, sino muy especialmente políticas. Detrás hay una insensibilidad manifiesta hacia la aceptación de la plurinacionalidad de España, cuando la Constitución permite una lectura en clave de Estado plurinacional, sin que esto signifique ir contra el principio de unidad, consagrado, junto al principio de autonomía, en el artículo 2 CE, cuando lo que precisamente se echa en falta es lo contrario, es decir, que el Estado reconozca su plurinacionalidad para conseguir la lealtad de todos,  respetando la identidad nacional de cada uno. Además, con su sentencia, el TC no solamente pretende una vuelta al statu quo anterior a la aprobación del Estatuto, sino que,  cerrando el paso a una interpretación dinámica de la Constitución en la cuestión del modelo de Estado, fosiliza ese statu quo, erigiéndose en el máximo intérprete de una Constitución que no contiene en ella misma un modelo acabado y que necesita complementarse  y desarrollarse a través de la vía estatutaria, que es igual a decir  vía pacto político. En definitiva, no se trata solamente de volver a la situación anterior al Estatuto; lo que hace la sentencia es poner en cuestión un modelo que se había ido consolidando, gracias a la propia jurisprudencia constitucional, con lo cual todo lo que se explica en nuestras Facultades de Derecho y aparece en los manuales que se dan como libros de referencia, ha quedado desautorizado.

Un concepto obsoleto de nación

Sobre la reticencia de la sentencia al concepto Nación aplicado a Cataluña, y teniendo en cuenta lo que hemos dicho sobre el modelo de Estado, muestra de nuevo el miedo y la inseguridad de la mayoría de magistrados del TC que les lleva a hacer una lectura innecesariamente estricta y excluyente del concepto Nación. En este sentido, sorprende la concepción decimonónica de Nación que rezuma la sentencia, alejada de las necesidades del mundo actual y también de las sensibilidades que propiciaron el pacto constitucional del 78 que dieron luz a una nueva Constitución abierta – es aquí donde reside su valor de futuro-, que fue concebida como punto de partida y no como punto de llegada. Los magistrados se han enrocado en categorías jurídico-políticas desfasadas, más propias del s. XIX que del s. XXI. En lugar de un nacional-estatismo centralizador, el mundo de la globalización y la gobernanza global piden cada vez más nuevas formas de organización política más flexibles, que sepan compatibilizar los principios de autodeterminación y soberanía, concepto este último que está sufriendo fuertes transformaciones y que habría que redefinir. Ante la creciente inadecuación de los poderes nacional-estatales para gestionar los problemas globales éstos deberán evolucionar hacia modelos más flexibles, capaces de integrar la pluralidad en su seno y, a la vez, de convivir e interactuar con la pluralidad externa a ellos. Muy probablemente serán estados con soberanía o competencias compartidas, flexibles e interconectadas entre si, sucesivas y escalonadas en función de las necesidades y de los niveles apropiados, según el principio de subsidiariedad activa, que permita pasar del ámbito local al mundial, según las necesidades. De todo ello deriva también la necesidad de una ciudadanía con lealtades múltiples, complejas, complementarias y compartidas. Porqué podemos pertenecer a diferentes lugares y comunidades al mismo tiempo y por ello podemos hablar de sentimientos de pertenencia múltiples.

Por eso podemos en propiedad decir que la sentencia del TC es una derrota para todos, no solamente para los catalanes. Ha bloqueado el desarrollo democrático de la Constitución y una Constitución bloqueada- no lo olvidemos- se vuelve obsoleta y al final sucumbe, deslegitimada. Si queremos que nuestro sistema constitucional goce de salud democrática, ha de ser posible el tratamiento de las cuestiones que afectan al funcionamiento de un Estado compuesto y que el consenso constitucional dejó pendientes.

Perspectivas de futuro

El futuro no se presenta fácil. A pesar de la fatiga de los últimos años existe una potente energía en la sociedad catalana, una energía civil que va más allá de los partidos y que se puso de manifiesto en la multitudinaria respuesta del pasado 10 de julio. Esta energía no puede ser obviada, y es algo positivo y signo de fuerza democrática. Pero esta energía democrática no representa la totalidad de la sociedad civil catalana, una sociedad muy plural y también muy desvertebrada. Nos equivocaríamos si pensásemos que todos los que fueron a la manifestación- que dió salida, eso sí, a un malestar creciente de la ciudadanía- deseaban lo que la mayoría de pancartas y banderas expresaban: una Cataluña independiente. En la manifestación- y no digamos ya en la sociedad- había una pluralidad de planteamientos, que tal vez no se expresaban de forma tan ruidosa como lo hacían aquellos sectores que la misma sentencia ha hecho crecer. Si una cosa ha quedado clara, después de aquella gran concentración, es que la aspiración mayoritaria de la sociedad catalana es incrementar su propia capacidad de autogobierno. Y los políticos deberían dar respuesta a ello si no quieren que continúe generándose más frustración y malestar.

Cuestiones a tener en cuenta en este nuevo contexto

Es la hora de la política con mayúsculas y de la necesidad de construir un proyecto compartido. Y hay que ser lúcidos y tener en cuenta que:

  • Las élites políticas están muy alejadas de los ciudadanos. Es el tema ya recurrente de la llamada desafección hacia los políticos y la política en general, considerados aquellos como una clase privilegiada, alejada de los intereses reales de la población. Esto o bien lleva a la desimplicación social, favorecida por el hecho que estamos en un contexto de ciudadanos consumidores de democracia más que constructores de la misma, o bien puede ser caldo de cultivo que favorezca la aparición de populismos que puedan acabar implantando un sistema autoritario y más en momentos de fuerte crisis económica. Otra posibilidad, ya real, es que esta desafección genere un radicalismo democrático de base, contrario a la partitocracia pero con dificultades prácticas de articulación, cosa que puede ayudar a generar inseguridades y reacciones contrarias en sectores sociales determinados, bloqueando todo cambio en profundidad.
  • Altos niveles de abstención que muestren lo que acabamos de describir. Y la abstención es de muy difícil lectura y no se puede considerar solamente como un equivalente a posturas radicales antipartidos o a independentismo. Lo que si es cierto es que con cifras de abstención del 50% no puede haber ningún proyecto colectivo viable. Ciertamente que la importante manifestación del 10 de julio denota una movilización, pero esta, no nos engañemos, es solamente de una parte de la ciudadanía catalana, significativa, sin duda, pero insuficiente para canalizar proyectos de más envergadura.
  • No podemos olvidar tampoco que la sociedad catalana no es nada homogénea: está dividida entre aquellos que piensan que no es posible un proyecto compartido con el estado español que garantice la propia identidad y otros que consideran que aún es posible y que es necesario seguir profundizando en la presente autonomía constitucional, donde pueden caber incluso planteamientos federalizantes. Y hemos de tener en cuenta, además, a aquellos ciudadanos que preferirían un Estado totalmente centralizado o que se sienten primero españoles que catalanes.
  • No podemos caer en la trampa de generar en amplios sectores sociales la euforia de que todo es posible ya ahora, en este momento, con el peligro de elucubrar en el vacío, pensando en la inmediatez de algo que sólo puede situarse en un horizonte forzosamente lejano y que tiene un carácter procesual, es decir, se ha de “trabajar”, contando también con el estado español. Porqué podemos llenarnos la boda de grandes conceptos, pero ser incapaces de aterrizar en políticas concretas que ayuden a hacer proceso hacia una meta que, si se quiere conseguir, ha de contar con una gran cohesión social y aglutinar amplias mayorías, evitando la fractura en dos comunidades antagónicas. Y en todo esto los partidos políticos han de ser muy lúcidos y huir de la demagogia, rentable a corto plazo, porque da votos, pero “peligrosa” al ser generadora de división social, cuando de lo que se trata es de un proyecto de futuro de más envergadura.
  • Tenemos que superar una gran crisis de liderazgo. Y eso es más lento y complejo de lo que podemos pensar. Porqué los líderes no salen porqué si. La propia sociedad ha de estar en condiciones de generarlos. Sin un buen liderazgo que sepa ilusionar a la ciudadanía – también a los inmigrantes- alrededor de un proyecto colectivo, no podremos tener un país implicado con su futuro, que confíe en sus instituciones y de pasos hacia aquello que realmente desea. Hay que tener bien presente que el derecho a decidir al que tanto se apela estos días, y que ciertamente no tiene límite, ha de ir construyéndose día a día, teniendo en cuenta los datos sociológicos, es decir, no olvidándonos de que país estamos hablando.

Y es que en la base de todos esto esta el tema de la identidad. Hemos de estar alerta con el tipo de identidad que propiciamos si no queremos generar proyectos excluyentes que comporten fracturas sociales graves. Nos hace falta una identidad abierta, una identidad-puente hacia otras identidades culturales, no muralla que nos separen de ellas. Todos tenemos en ello nuestra parte de responsabilidad, políticos del centro y de la periferia y ciudadanos de todo lugar.

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Doctora en Derecho por la UB. Profesora de Moral Social en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona (ISCREB). Ha sido Profesora de la Business & Law School ESADE (URL). Ha publicado numerosos artículos y algunos cuadernos de Cristianisme i Justícia (CJ), entre los que se encuentran: "Ante una democracia de 'baja intensidad'" (1994), "Un futuro para la democracia" (2002) y "Construir la convivencia. El nuevo orden mundial y las religiones" (2008). Asimismo, es autora del libro Tejiendo vínculos para construir la casa común. Una mirada, desde la fe cristiana, a la crisis migratoria y de los refugiados (Sal Terrae 2017). Es miembro del equipo de CJ y participa en los grupos de trabajo sobre Religiones y Paz y Noviolencia cristiana y en el Seminario interno del Área Teológica. En Justícia i Pau Barcelona está integrada en el eje de acción "Paz, Diversidad y Democracia", es miembro de la Red Interreligiosa por la Paz (CHIP) y participa en un Grupo de Diálogo del Barrio de Gracia, impulsado por el Asociación Unesco para el Diálogo Interreligioso e interconviccional (AUDIR).
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12 Comentarios

  1. Dolors: Me parece admirable el buenismo de tus apreciaciones. También admiro tu capacidad de matizar, de modo que tu posición queda alejada de radicalismos e intolerancias. Pero, sinceramente, no comparto tu posición de fondo ni las formulaciones a las que ella te lleva.
    Sería muy largo explicarme. Pero no puedo dejar de expresar mi opinión en un lugar como este, CiJ, que en muchos aspectos es mi «patria espiritual».
    Creo que la «pastelera» y retrasadísima sentencia del Constitucional no es, como tú dices, «un paso atrás en la profundización del modelo de Estado diseñado por la Constitución», sino más bien un intento pacato, ambiguo e insatisfactorio de salvar la constitución intentando -a lo que se ve, sin éxito- no molestar a la actual casta política catalana ni a una opinión pública muy moldeada por élla.
    Si el Parlament de Cataluña (que ya ha dado muchas muestras de legislar para esa Comunidad autónoma contra lo que nos une a todos los españoles, discriminando la lengua común e intentando establecer -o ahondar- un abismo lingüístico y cultural que en la realidad no existe -o no existía hace muy poco-)quiere realmente reformar la Constitución, está en su derecho, por supuesto, pero para ello tiene que convencer al resto de los españoles de la oportunidad y bondad de esa reforma: eso sería no sólo lo jurídicamente legal, sino lo éticamente leal.
    Creo, sin embargo, que hace ya bastante tiempo las instituciones políticas catalanas han optado por la deslealtad. Lo cual es ética, política e históricamente muy grave. Y uno, que ni es «cavernario» ni admite que los que hacen daño a lo común sean considerados a priori progresistas, desearía oír algunas voces de intelectuales catalanes capaces de tener la libertad suficiente para denunciar esto (y, primero, para verlo).
    Por supuesto, si algunos, porque la Constitución española es realmente muy clara sobre las formas de propiciar una reforma constitucional, quieren sin más romper las reglas de juego que nos hemos dado todos los españoles y a las que todos hemos decidido someternos en un contrato civil que nos constituye en ciudadanos bajo el imperio de la ley (y no en horda en constante prueba de su fuerza), creo también que el más elemental imperativo ético les obliga a declarar sus intenciones y no prevalerse de la ley (que los legitima como mandatarios del Estado en Cataluña)contra la ley (que no admite más soberanía que la de todo el pueblo español, categoría, por supuesto, en la que están incluídos todos los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña).
    Una clase política tan desleal lo que está consiguiendo es, según creo, que muchos españoles se empiecen a platear si quizá no es mejor dejarse ya de templar gaitas y propiciar la independencia de eso que los nacionalistas llaman «la nación catalana». Y que algunos empiecen a reclamar, para ese escenario, la necesidad de un buen tratado de separación, un tratado que incluya el respeto en Cataluña de los derechos lingüísticos de las ¿minorías?,¿mayorías? hispanohablantes; que establezca las condiciones de unas nuevas relaciones comerciales; que liquide racional, equitativa y justamente (también desde el punto de vista de la justicia distributiva) todas las cuestiones contenciosas relativas a pensiones, seguridad social, infraestructuras, etc.
    Personalmente, ese horizonte me parece una aberración histórica, política y ética. Pero la sociedad catalana, también los intelectuales, ha de plantearse si es eso lo que desean,si su conciencia les impele a asumir tal proyecto histórico y si están dispuestos a asumir esa enorme responsabilidad. No sobrarían las voces libres de todos aquellos agentes sociales capaces de decir una palabra responsable -y quizás contracorriente- al respecto. ¿Queda demasiado antiguo e «ilustrado» -y por tanto demasiado poco postmoderno- decir que parece que faltan en la Cataluña actual suficientes guías morales?
    Finalmente, si lo que los catalanes quieren (en una consulta amplia y bien informada, y con notablemente más participación que la que -apenas- legitimó al actual Estatut), es su intependencia en un Estado propio, ningún demócrata español tendría nada insalvable que alegar. Aunque, por supuesto, debería ver también reconocido legalmente su derecho a opinar y codecidir en relación a ese proceso, en el que está implicado ineludiblemente, ya que afecta a la división y la nueva constitución de lo que hasta ahora y durante bastantes siglos ha considerado su nación. Lo cual nos retrotraería a la oportunidad, para no liar incivilmente las cosas, de respetar el cauce constitucional.
    Apenas he escrito, Dolors, la mitad de la mitad de las ideas que tu matizado escrito me ha suscitado. ¡Ojala las mías sirvan para avivar un debate que considero trascendente! Y quizás para que, hablando con entera libertad, nos entendamos mejor.
    Por último, espero y deseo no haber herido a nadie. Si alguien se siente herido por mis consideraciones, que acepte mis disculpas, que le remito por anticipado.

  2. La verdad es que el artículo me ha producido, sobre todo, tristeza, al ver que alguien con tanta capacidad dialéctica la usa para apuntar hacia los intereses propios de una clase política que considera tan sólo a una parte de la población catalana. Más aún, me ha apenado que lo haga desde una tribuna que, en mi opinión, debe ser de unión, no de separación.
    En primer lugar, me llama la atención el lugar en el que se coloca Dolors, que es el de una autoridad más válida y fiable, que queda por encima del mismo TC, atareviéndose incluso a cuestionar su legitimidad. En determinado momento dice que el TC «hubiera de haber tenido suficiente visión de Estado». Si un Tribunal de las características del Constitucional «debiera» haber hecho una encuesta a cada uno de los ciudadanos españoles para preguntar qué visión de Estado dbiera tener, apañados estaríamos. Es decir, la postura de Dolors es de una considerable insumisión a una autoridad jurídica máxima, como es el Tribunal Constitucional, independientemente de la circunstancia, no atribuible a él mismo, de su no renovación.
    Dolors opta por una federalización del Estado, y con ello opta por una parte de la clase política catalana, obviando cualquiera otra, catalana o no catalana. Opta por la plurinacionalidad, algo que, a mi modo de ver, supone dejar de lado una historia común (no olvidemos que Agustina de Aragón era catalana, aunque no sé si hoy en día los jóvenes catalanes han podido tener acceso al conocimiento de la existencia de esa brava mujer).
    En otro momento dice que se debería «preservar a la Generalitat de las injerencias estatales» que pudieran darse, es decir, que el Estado «debería» quedar en un lugar subsidiario a lo que la Generalitat considerase.
    Y, más adelante, deja de manifiesto, aunque un tanto veladamente, que, con su sentencia, el TC no va a dejar otra salida que el independentismo .
    En fin, no quiero extenderme más. A mi modo de ver, un despropósito.

  3. Victoria,

    desde el respeto. Me parece que realmente, si tanto te escandaliza una reflexión tan serena como esta, tenemos un problema serio. Me parece realmente que si tan inviolable consideras un órgano politizado como el TC, el problema es doble. El despropósito en este caso no es de la autora.

    Ernesto, desde Madrid

  4. No sé que més afegir-hi al que han dit Victoria Cobo i José E. Crec que han tocat els aspectes més grisos de l’escric de la Dolors Oller. Tan sols voldria dir que em dol que persones versades i molt preparades en dret defensin públicament postures de l’estil «el poble està per sobre de la llei». Si avalem aquesta forma de pensament, estem acceptant el feixisme i les seves conseqüències.
    Com molt bé heu dit tots -la Dolors inclosa -, la Constitució és el suficientment flexible per admetre canvis; reformes. És a dir: per enventar-la si cal! En el seu propi articulat queda recollit. El que no podem fer es deixar que aquells que legislen estiguin per sobre de la llei i actuïn, com molt bé diu José E., amb una ètica política més que dubtosa i altament manipuladora.
    Només una dada objectiva -gens susceptible de ser opinable-, en la meva modesta opinió «la mare de tots els despropòsits», i que ens diu molt d’aquells que van fer el nou Estatut (2006) i d’aquells que el van votar sense llegir-lo: l’autonomia jurídica de Catalunya, que queda explícitament manifesta a l’Estatut, i que situa a Catalunya a la mateixa alçada que l’Estat Español. De jutjat de guàrdia.

  5. Ernesto, te considero lo suficientemente inteligente como para saber que bajo apariencias de reflexión serena pueden tramstirse mensajes que no lo son tanto. En cualquier caso, ¿Quién no está politizado en estos momentos en España? ¿Qué no está politizado? Las Instituciones están formadas por personas, y las personas (aunque ojalá no fuese del todo así) nos dejamos llevar por motivaciones políticas, tan vinculadas a posiciones afectivas y, por ende, alejadas de una deseable racionalidad. También supongo que tu respuesta está ondicionada por una determinada posición política, y claro que tú no eres una excepción. Lo que ocurre es que, desde niña, me enseñaron que, a pesar de discrepar de las sentencias que dicten los legisladores, es preciso encajarlas, puesto que ostentan el poder judicial. Como estamos en democracia, siempre tenemos la posibilidad de recurrir. Pero en principio, al legislador hemos de concederle autoridad sobre aquello a que se refiere el objeto de su saber, aunque lo que determinen no se ajuste a nuestros gustos o deseos. Puestos a intentar corregir al legislador, habría múltiples posibilidades, tal vez tantas como personas dispuestas a hacerlo.
    En cualquier caso, yo, que he vivido en esa querida ciudad que es para mí Barcelona, tengo la suerte de conservar amigos que en absoluto encuentran discordancia entre su identidad catalana y su identidad española. Desde mi juventud me consideré ciudadana del mundo, y mejor nos iría si en lugar de insistir en las barreras de separación nos animásemos a encontrar los puntos de coincidencia. Me duele, y me hace sentir objeto de injusticia, que muchos símbolos españoles, por el hecho de serlo, traten de ser erradicados desde movimientos alentados por una clase política que encuentra múltiples beneficios en insistir en las diferencias

  6. Estimada Victoria,

    supongo que lo que insinúas es que en el fondo todo buen catalán que se precie debería sentirse como tus amigos ‘mitad español y mitad catalán’, así todos tan contentos. Me temo que la realidad es mucho más compleja y que el problema es que en el fondo nos da pavor que otros puedan reivindicar y sentirse cosas tan diferentes a las nuestras.

    Respecto a lo de ser ciudadano del mundo. He tenido la suerte de viajar mucho y te aseguro que de forma romántica uno se puede sentir de todos lados y apreciar culturas, lenguas e individuos, pero cuando uno está fuera se reconoce con aquellos y aquellos que le son más cercanos.

    Otra cosa. No creo que en esa desconexión ‘clase política’ – ‘sociedad catalana’. Es un intento de demonizar a los políticos catalanes (portada escandalosa hoy de ‘El Mundo’, ese periódico tan civilizado) y de crear una imagen ingenua de la sociedad catalana. Por favor.

    Ernesto

  7. He vivido quince años en Cataluña.He corrido delante de «los grises»(en los momentos difíciles,antes de morir el dictador)reivindicando el Estatuto y los derechos de los pueblos;incluso se me ha sometido a algún expediente por ello y lo he hecho rodeada de muchos hombres y mujeres de todas partes de España y de no demasiados ciudadanos catalanes(a excepción de los comprometidos políticamente)y lo he hecho con el mismo cariño que siento hoy, pero sin el dolor que fui experimentando en los últimos años de mi estancia allí al ver como había pasado de ser considerada compañera de «barricada» a transmisora de la ideología fascista, haciendo el mismo trabajo que antes hacía,habiendo aprendido la lengua catalana y haciendo que la aprendieran mis hijos,por el simple hecho de seguir lichando por los derechos de «todos».En mi casa ocupa un lugar prefernte el «Costumari».Digo todo esto para que no se piense que hablo desde el desamor.No voy a valorar ahora la sentencia del TC sobre el Statut.Lo que quiero decir es que con todo este panorama que «disfrutamos»,lo que se pone de manifiesto es la debilidad de nustra democracia.El hecho de que pueda tener lugar un espectáculo tan esperpéntico como el que nos ofrece el funcionamiento del TC,que demuestra de manera clara el sometimiento de éste a los dos grandes partidos y,por tanto,la no independencia de poderes, constituye un atentado contra el sistema democrático,pero no es menos grave el que,una vez dictada la sentencia,le infringe el propio presidente del Gobierno,alrdeando de que va a hacer lo posible y lo imposible para «burlar» la sentencia.Si la Constitución está obsoleta(yo creo que sí), que se cambie,pero que paricipemos todos y que no se haga por la puerta de atrás.Es deprimente estar en manos de políticos como los que estamos, y no se salva casi ninguno,por no decir que ninguno.Lo único que están consiguiendo es que los ciudadanos nos tiremos los trastos a la cabeza,cuando lo que tendríamos que hacer es lanzárselos a ellos.Creo que las personas nos entenderíamos mejor sin estos líderes.Termino recordando a mi querido amigo Labordeta…»Habrá un día en que todos….»

  8. Amigos:
    Me alegro que mis reflexiones hayan provocado vuestra participación. Son muy legítimas vuestras visiones y discrepancias, como también lo es mi visión sobre el particular, máxime cuando intenté hacerla desde un análisis escrupulosamente jurídico que, obviamente, no puede estar al margen de connotaciones políticas, pues nada en la realidad es apolítico y quien lo pretenda está haciendo el juego al statu quo. Es buena la controversia desde el respeto; es propio de sociedades democráticas, plurales, maduras, donde si que hay unas reglas del juego marcadas, obviamente, y que deben cumplirse, pero éstas no han de sacralizarse considerándose inamovibles, secuestradas por las formaciones políticas. En tal caso se corre el peligro del divorcio con la realidad y las aspiraciones cambiantes de la sociedad.
    Traté de centrar mi exposición en hacer caer en la cuenta que la Sentencia del TC, legítima desde el punto de vista legal, políticamente es muy cuestionable, pues trastoca el panorama político y jurídico que hasta hoy el propio TC había avalado, cosa que va a provocar –ya lo está provocando- un enrarecimiento político en un contexto de grave crisis económica. No es que en la Constitución no quepa un Estatuto como el de Catalunya del 2006, como se viene diciendo desde algunos sectores, se trata de otra cosa. La Constitución, al ser abierta -y eso para mí es un valor- permite una interpretación también abierta, flexible, adaptable a las cambiantes circunstancias históricas. En otras palabras, en la Constitución cabe todo el Estatuto; lo que pretendía este texto era precisamente perfeccionar el Estado de las Autonomías, diseñado a medias, no lo olvidemos, por la Constitución, pues ésta necesita ser complementada por los estatutos de autonomía, y muy especialmente en materia de competencias, cuestión ésta que se hace muy nítida para los estatutos de la vía especial, entre ellos el de Catalunya, que tienen connotaciones de leyes paccionadas, que deben ser obligatoriamente sometidas a referéndum, cosa que no ocurre con los estatutos de la vía general (así, hay dos tipos de Comunidades: las «Nacionalidades» (eufemismo que no se refiere a otra cosa que a Naciones dentro de un Estado plurinacional como lo es el español), y las regiones, y esa distinción sí que está en la propia Constitución aunque luego ello, más allá de la elaboración de los respectivos estatutos, no tiene una plasmación jurídica diferenciada). Y eso venía avalado por una larga Jurisprudencia constitucional. Intenté dejar claro, pues, que lo que ha hecho el TC con esta Sentencia es decantarse por una única interpretación, ocupando el lugar reservado a la política, al pacto entre las fuerzas políticas, que se materializa, entre otras cosas, en la elaboración y reforma de los textos estatutarios, y eso, a mi juicio es objetable y políticamente desestabilizador.
    Permitidme también, amigos, recordaros que como seres humanos tenemos identidades personales pero también colectivas. Y afirmar la identidad de cada pueblo es tan importante como afirmar la identidad de cada individuo: si cada persona es singular e irrepetible, también lo es cada pueblo. Y así como la vida de una persona no se puede realizar a costa de otra, negándola, menospreciándola, oprimiéndola, tampoco la vida de ningún pueblo puede construirse a base de negar, menospreciar o dominar la vida de los otros.
    La existencia de Catalunya como Nación es una realidad anterior a la formación del Estado español y no deriva de la Constitución de 1978, sino que ésta viene a reconocerla y respetarla . Catalunya ha tenido a lo largo de su historia y tiene hoy plena conciencia de esta personalidad propia y diferenciada y ha dado buenas muestras de su voluntad de autogobierno y de querer profundizar en él. Que Cataluña sea una Nación no depende, pues, de una Constitución o de una Sentencia: es un hecho constatable y una voluntad permanente de autogobernarse.
    Bueno es también recordar, desde un centro como Cristianisme i Justícia, que el reconocimiento de las identidades colectivas es, en primer lugar y como condición sine qua non, un problema de justicia entre grupos, de igualdad en el acceso al poder, para la toma de decisiones y en la distribución de resultados y riqueza. Y ello se pone de manifiesto de forma muy clara en la época de la globalización: porque globalización e identidad constituyen dos lógicas complementarias. El proceso de globalización amplia la conciencia de pertenencia a un mismo mundo pero el mismo proceso está provocando a la vez un refuerzo del deseo de identidad, aunque pueda parecer paradójico.
    En realidad, lo que hoy está en juego es la suficiencia e idoneidad de los mecanismos de la democracia liberal para afrontar el reto de sociedades cada vez más pluriculturales (también como consecuencia de la inmigración). Y pensemos que la construcción liberal propicia la homogeneidad, la uniformidad, con el peligro de ahogar la diferencia y crear injusticia, puesto que lo que se ha de combatir no es la diversidad sino la discriminación. Por ello estamos hoy ante el reto de construir nuevos paradigmas y muy concretamente, de entender a fondo el pluralismo cultural como principio jurídico y político. Y ello debería conducirnos a pensar un modelo de democracia diferente, una democracia de la diversidad, que opere con identidades complejas.
    Para finalizar, y también desde un Centro como Cristianisme y Justicia quiero hacer notar que el Magisterio social de la Iglesia nos recuerda que los derechos fundamentales de las personas y de éstas formando un pueblo son «universales, inviolables e inalienables» (Juan XXIII, Pacem in Terris, 7). Y es que dicho Magisterio ha desplegado una doctrina muy precisa, a la luz del Concilio Vaticano II, sobre los nacionalismos, distinguiendo claramente entre Estado y Nación. Los cristianos, pues, han de asumir sus propias identidades nacionales. En el ejercicio de su responsabilidad pastoral, hace 25 años los Obispos catalanes declararon que como Obispos de la Iglesia en Catalunya, encarnados en este pueblo, daban fe de la realidad nacional catalana, construida a lo largo de mil años de historia y reclamaban para ella la aplicación de la doctrina del magisterio eclesial: los derechos y los valores culturales de las minorías étnicas dentro de un estado, de los pueblos y de las naciones o nacionalidades han de ser respetados e incluso promovidos por los estados, los cuales de ningún modo pueden, según el derecho y la justicia, perseguirlos, destruirlos o asimilarlos a otra cultura mayoritaria (Concili Provincial Terraconense, 1995, Documents i Resolucions, p. 327).
    Puede que a alguien todo eso le suene a buenismo, palabra demasiadas veces utilizada para descalificar cualquier punto de vista alternativo. Pero el futuro no está en perpetuar el pasado sino en saber atisbar las oportunidades que, en germen, apuntan ya en nuestro presente.
    Dolors Oller

  9. Querida Dolors:
    Con todos los respetos, ya no quiero continuar un debate que aburre y huele por todas partes a razones mil veces ya oídas. Pero tampoco quiero que tú, ni ninguno de los lectores de este blog, podáis considerar que esas razones nacionalistas y, en mi opinión, separadoras que repites me convencen lo más mínimo, ni a mí ni a millones y millones de españoles. Lo único que hacéis es dejar cada vez más claro que los nacionalistas catalanes no os sentís incluidos en España. Eso ya lo veníamos viendo cada vez más claro. Lo que quise decir en mi anterior exposición es que somos ya muchos los que vamos deseando cada vez más claramente que os vayáis y dejéis de dar la murga. Ahora, eso sí, el Estado tiene la obligación, como ya dije, de negociar bien vuestra secesión: es decir, exigiendo eficazmente la imposición de unas normas que aseguren el respeto lingüístico y cultural y la igualdad legal de los actuales ciudadanos españoles e inmigrantes hispanos que deseen seguir viviendo en Cataluña, y forzando unos acuerdos económicos (seguridad social, pensiones, infraestructuras, etc.) y comerciales (plataformas de distribución, reciprocidad, etc.) que defiendan realmente la justicia conmutativa y distributiva y salvaguarden los intereses del resto de España.
    De modo que finalmente, o dais un golpe de Estado (que es lo que parece propiciar tu idea de la elasticidad y autosuperación de la Constitución), o tendréis que recurrir a una reforma de la Constitución, no de tapadillo y de facto como hace el no enteramente constitucional Estatut y los «arreglos» que ha prometido Zapatero (=golpe de Estado), sino de iure, lo que incluye la aprobación cualificada por las Cortes, la disolución de las mismas y el referendum por el pueblo español completo, único sujeto de soberanía que reconoce, no esta Constitución, sino virtualmente todas las de todos los países democráticos.
    En cuanto a los pronunciamientos episcopales, mejor los dejamos para otra ocasión. Habría donde dar y recibir.
    Un cordial saludo.

  10. Tampoco yo quiero polemizar, pero quisiera puntalizar al amigo José que no soy independentista. Ni siquiera nacionalista, lo que denota que no se comprendió lo que quise decir con mi escrito. Lo escribí en mi condición de ciudadana y de cristiana de «a pie», que trata de vivir su fe universal, pero de manera encarnada -que es la única forma en que puede vivirse-, sintiéndome cercana de las alegrías y tristezas de la gente que me rodea. Por otra parte lo escribí en mi condición de profesora de Derecho Constitucional y tras haber cotejado mis impresiones sobre la Sentencia con otros colegas, profesores todos en la universidad. Que se deban acatar las sentencias no implica que no puedan ser criticadas, como todo buen jurista que se precie debe estar en condiciones de hacer, máxime cuando nuestra Constitución permite muchas interpretaciones posibles. Si no queremos practicar el «autismo» los unos con respecto a los otros, antes de hablar y opinar valdría la pena tratar de conocer la realidad, en este caso la catalana. Para dialogar hay que ejercitar la capacidad de escucha y tratar de ponerse en la piel del otro -aunque no compartamos lo que dice- para poder de alguna manera entender desde dónde habla. A eso se le llama respeto, algo mucho más profundo que la simple tolerancia y que es del todo necesario para un buen convivir.

    Cordialmente

    Dolors Oller

  11. Me atrevo a plantear una cuestión a la profesora Oller.

    ¿Es legítimo que a partir de un Estatuto se intente modificar el modelo de Estado en contra del partido más votado en el rsto de España, si quitamos a Catalunya?
    Tengamos en cuenta que si quitamos a los diputados y senadores catalanes, la mayoría del congreso y del senado era contraria a la reforma del 2006.
    Obviamente, no los quitamos porque Cataluña forma parte de la nación española…
    Observo que la profesora Oller no se plantea que las cuestiones que pretendía plantear el Estatuto del 2006 forman parte más de un legislador constituyente que de un legislador ordinario.
    En cuanto al debate del control de constitucionalidad de una ley aprobada por referendum, ahora tenemos el ejemplo de la proposición 8 de California prohibiendo el matrimonio homosexual que ha sido anulada provisionalmente por un juez federal de primera instancia.
    Es un ejemplo que en democracia salvo el poder soberano del conjunto de la nación, el resto de poderes se ejerce bajo lapremisa de que pueden ser controlados por el sistema de control judicial de la constiticionalidad.
    En cuanto a las consideraciones políticas, cabría recordar que si bien el 10 hubo muchas banderas separatistas, el 11 Barcelona y el área metropolitana se llenaron de banderas españolas. Y algo me dice que no sólo fue por el triunfo de la selección española en elMundial.

    Un cordial saludo.

    EJ

  12. Querida Dolors:
    Sólo algunas consideraciones, mejor simples apostillas, a tu último comentario. Con espiritu fraterno, pero todavía desde la discrepancia.
    *Primero, dices «Lo escribí en mi condición de ciudadana y de cristiana de “a pie”, que trata de vivir su fe universal, pero de manera encarnada -que es la única forma en que puede vivirse-, sintiéndome cercana de las alegrías y tristezas de la gente que me rodea». ¿Los andaluces, los castellanos, los gallegos, los madrileños no son tus prójimos? ¿Sus alegrías y tistezas no son también las tuyas? Y también, por supuesto, las de los nicaragüenses y los paquistaníes. Algunos obispos, sin embargo, sólo se ocupan de su feligresía (de su clientela, diríamos en términos de marketing), pero entiendo que eso es provincianismo y miopía, y lo considero ajeno a la catolicidad.
    *Afirmas también «lo escribí en mi condición de profesora de Derecho Constitucional y tras haber cotejado mis impresiones sobre la Sentencia con otros colegas, profesores todos en la universidad». Soy doctor en Filosofía moral y política, profesor también -ya jubilado-en la universidad. Conozco muchos colegas que ven meridianamente clara la inconstitucionalidad del Estatut, así como la necesidad de prevalencia de la Constitución sobre cualquier otra ley sin distinción. Y, créeme, no les faltan razones, en mi opinión de más enjundia que las que tú aduces en orden a una comprensión «fluidificadora» (entiendo que más tributaria de teorías románticas, nacionalistas y mitificadoras del pueblo como sentimiento colectivo -¡qué mal pinta eso!- que de planteamientos racionales, cívicos y -digamos- montesquieuanos) de la Constitución.
    *Tercero.Afirmas: «Si no queremos practicar el “autismo” los unos con respecto a los otros, antes de hablar y opinar valdría la pena tratar de conocer la realidad, en este caso la catalana. Para dialogar hay que ejercitar la capacidad de escucha y tratar de ponerse en la piel del otro -aunque no compartamos lo que dice- para poder de alguna manera entender desde dónde habla». Tengo un hijo viviendo en Barcelona, mi mujer ha trabajado en Barcelona, he visitado Cataluña muchas veces porque me encanta España en toda su diversidad, tengo algunos buenos amigos catalanes o que viven en esa Comunidad. Creo que la mayoría de los españoles (entre los que, por supuesto, cuento también a los catalanes) viajamos, conocemos y leemos bastante. En los ambientes en que me muevo, aquí en Madrid, creo que nos hemos esforzado bastante por comprender a los catalanes y, cuaando no los entendemos del todo, por respetarlos. Intento ponerme en el punto de vista de los nacionalistas. Sencillamente lo encuentro excluyente, e intolerante por lo general. ¿Hacéis vosotros, nacionalistas (¿qué eres tú, ni no?), lo mismo? ¿Intentáis empatizar con el resto de españoles y sus puntos de vista? ¿Os ponéis en su piel?
    *Ya nada más. Un saludo muy cordial.

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