Mineros artesanos en el este de la RD Congo, ¿"Minerales de sangre"?

Mineros artesanos en el este de la RD Congo, ¿”Minerales de sangre”?

Josep F. Mària. Los mineros artesanos son trabajadores que “extraen y concentran sustancias minerales usando instrumentos, métodos y procedimientos no industriales» (Código minero congoleño 2002, art.1, n.21). En el sector minero de la RD Congo son la gran mayoría de trabajadores, y en ciertas provincias congoleñas llegan a producir hasta el 90% de los minerales extraídos. Según las estadísticas, en toda la RDC son entre 500.000 y 2.000.000 de personas. Con una media de 4 o 5 personas a su cargo, el número total de personas cuya supervivencia depende de esta actividad puede llegar a entre 8 y 10 millones: es decir, entre el 14% y el 16% de la población congoleña.

La actividad de los mineros artesanos se extiende por todo el este de la RD del Congo. Del nordeste al sureste: extraen oro en la Provincia Oriental (Ituri), estaño (casiterita) en el Norte y Sur Kivu y Maniema; diamantes en Kasai Oriental y Occidental, y cobre y cobalto (heterogenita) en la provincia sur -oriental del Katanga.

Figura 1 . Mapa de la RDC

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Font: USAID

La minería artesanal conlleva problemas serios para los derechos humanos de los mineros y las personas que se mueven en torno a ellos: salud y seguridad física de los mineros y personas dependientes; problemas de enfermedades de transmisión sexual contagiadas por mujeres que se prostituyen allí donde viven y trabajan los mineros; problemas de propiedad de los yacimientos donde estos mineros extraen minerales; extorsión o abuso económico por parte de los funcionarios, de los grupos armados (incluso unidades del ejército regular congoleño) o de los intermediarios y comerciantes de minerales; expulsión de los mineros artesanos de los yacimientos que comienzan a ser explotados legalmente por empresas privadas, y degradación medioambiental de los bosques, el suelo o las aguas de las zonas mineras.

La historia reciente explica en gran parte esta situación preocupante. Durante la colonización belga, en las provincias mencionadas se crearon empresas públicas que explotaban industrialmente los minerales (UMHK-GECAMINES, SOMINKI, MIBA, etc). Pero cinco años después de la independencia, la dictadura de Joseph Mobutu (1965) provoca la progresiva degradación de estas empresas industriales: caída de la producción, envejecimiento de la tecnología, falta de pago de los salarios, abandono de partes de los yacimientos, robo de los beneficios por parte de los gerentes (gente del entorno de Mobutu). Simultáneamente a este proceso, los yacimientos van siendo explotados de manera artesanal (tecnología muy básica, sin títulos de propiedad sobre el terreno, productividad muy baja, alta fragmentación de la cadena de producción y comercialización, poca elaboración del producto antes de ser comercializado/exportado ). La misma dinámica se extiende por otros sectores productivos congoleños. Las guerras de final de milenio (1996-97 y 1998-2002) atraen hacia la minería artesanal aún más gente: extraer y vender minerales es más rápido y seguro que cultivar los campos y subir ganado, con el peligro de saqueo de los campos o robo del ganado después de meses de trabajo. Además, en comparación con los productos agrícolas y ganaderos, los minerales ocupan poco volumen y tienen más valor.

Con el fin de las guerras, la RD Congo promulga un nuevo código minero (2002), hecho con el patrón de los códigos mineros promovidos por el Banco Mundial después de la caída del muro de Berlín: fin del monopolio nacional, privatización de la actividad minera , y normas para lograr la atracción de capitales extranjeros (que entren en partenariado con las empresas públicas), a fin de recuperar la producción y con ella los ingresos públicos que sanean los déficits de las cuentas del Estado. El nuevo código congoleño reconoce la existencia de mineros artesanos y regula la actividad: estos trabajadores deberán obtener una licencia del Estado y se les asignarán yacimientos donde puedan operar.

En este nuevo marco legal, la realidad de la minería congoleña responde a dos modelos “empresariales” diferentes en función del grado de conflicto existente en la zona minera.

El primer modelo es el neoliberal. A fecha de hoy se está empezando a aplicar principalmente en las regiones como Katanga o los dos Kasai, que disfrutan de una relativa paz. En este modelo, las empresas mineras públicas están cerrando acuerdos con empresas privadas (mayoría de extranjeras) para la explotación industrial de los yacimientos, según la normativa emanada del código minero. Las empresas son de dos orígenes: occidentales o chinas. La diferencia entre este tipo de empresas es que las mineras chinas están asociadas a otras empresas del mismo país, y el conglomerado ( “capitalismo de estado”) ofrece explotación y exportación de minerales a cambio de construcción de infraestructuras (carreteras, colegios, hospitales …). En cambio, las empresas occidentales sólo intercambian dinero por concesiones. Los congoleños, acostumbrados a la corrupción, acogen con agrado a los inversores chinos: ¡el capitalismo occidental tendrá que espabilar! Los problemas para los mineros artesanos en este modelo noeoliberal es que son progresivamente expulsados de los yacimientos donde estaban operando informalmente; el Estado no habilita yacimientos especiales para ellos, porque obtiene muchos menos ingresos de los mineros artesanos que de las empresas privadas.

El segundo modelo es el llamado comercialismo militar. Este modelo se da en zonas donde el conflicto armado continúa, como en ciertas áreas de las provincias del Norte y Sur Kivu, de Maniema o de la Provincia Oriental. El círculo vicioso consiste en que una de las fuentes y energías del conflicto es justamente la explotación de los recursos minerales … según explica la conocida teoría económica de la maldición de los recursos naturales. En este modelo, los artesanos mineros extraen minerales de forma artesanal y venden el mineral a transportistas que les hacen llegar a comerciantes y exportadores: ellos, a su vez, lo venden a empresas extranjeras, sacándolo del país generalmente sin pagar aduanas, o falsificando las cantidades exportadas para pagar menos. Los militares (grupos armados y también alguna unidad del ejército regular de la RDC) controlan esta actividad de dos maneras distintas: o bien coordinando el proceso productivo (totalmente o en parte) como si fueran los empresarios, o bien extorsionando (exacción de “impuestos”) los mineros, transportistas e intermediarios a lo largo de la cadena de valor.

Los dos modelos que acabamos de describir no se dan puros en ninguna de las provincias congoleñas. Porque, por ejemplo, hay empresas multinacionales operando en los Kivus, y hay empresas ilegales operando en Katanga; y además en Katanga la salida ilegal de minerales por la frontera de Zambia es un problema serio. Sin embargo, esta modelización ayuda a comprender las diferencias provinciales y también a diseñar soluciones diferentes para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los artesanos mineros.

En efecto, la responsabilidad de los actores (y en concreto, de las empresas) en los dos modelos es diferente. Al modelo neoliberal es necesario encontrar mecanismos para reforzar la capacidad del gobierno congoleño para:

a) cerrar contratos justos con las empresas multinacionales: contratos que incluyen obligatoriamente planes de acción social y de acción medioambiental

b) exigir a las empresas que respeten los derechos de los artesanos mineros (además de los derechos de los trabajadores contratados a las empresas).

En este modelo, también hay espacio para iniciativas de responsabilidad social corporativa (RSC) en relación con el respeto al medio ambiente, la promoción económica de los trabajadores locales (incluidos los artesanos mineros), y la construcción de infraestructuras (carreteras, hospitales y colegios) en las comunidades locales donde operan estas empresas mineras. En esta línea, las empresas (en diálogo con ONGs, sindicatos o autoridades locales) podrían comprar parte del mineral extraído por artesanos mineros, y a la vez ayudarles a mejorar las condiciones de trabajo (guantes, botas, condiciones de higiene … ): ya hay casos de buenas prácticas en este sentido por parte de alguna empresa china. Por otra parte, las empresas mineras deberían ponerse de acuerdo, ayudadas por gobiernos locales y ONGs, a fin de coordinar sus acciones de RSC: se da el caso de pueblos que tienen dos hospitales y ninguna escuela porque las dos empresas mineras “socialmente responsables” no se han coordinado a la hora de servir las necesidades de la comunidad.

Al modelo de comercialismo militar, la responsabilidad de las empresas es diferente. Ellas no contratan trabajadores ni pueden ocuparse directamente de las condiciones laborales de los artesanos mineros. Lo que deben hacer las empresas es controlar el origen de los minerales que compran, a fin de verificar que no están comprando “diamantes de sangre” o “coltan de sangre” u “oro de sangre”. Esta verificación tiene métodos diferentes, y suele no ser sujeto de legislación internacional, sino fruto de acuerdos entre empresas o de recomendaciones de organismos internacionales: es lo que se denomina en conjunto “ley blanda” (soft law). Por ejemplo, para la certificación del origen de los diamantes está el llamado Proceso de Kimberley (Kimberley Process) que establece procedimientos para saber cuáles son los diamantes “limpios” y cuáles son los brutos. En este modelo, las condiciones de trabajo y de vida de los artesanos mineros dependen más directamente del nivel local: concretamente, de los grupos armados que operan en la zona. En este sentido, es importante notar que los boicots (por parte de ONG o consumidores) a empresas que compran minerales “manchados de sangre” del este de la RD Congo han tenido a veces efectos perversos: en lugar de estrangular las fuentes de financiación de los grupos armados que operan, han ocasionado que estos grupos (con una financiación ya diversificada, incluidas la explotación de poblaciones locales dedicadas a actividades no mineras o fuentes de financiación exteriores) hayan pasado a controlar más duramente a los artesanos mineros y sus actividades. El problema pasa, pues, por contribuir al cambio de las condiciones militares y políticas locales, desde la presión política internacional, a la conversión de las explotaciones informales en explotaciones formales. En otros términos: pasa por convertir a los militares en empresarios.

En todo caso, el problema es muy complejo y hay que actuar siempre en los diversos niveles (local, provincial, nacional, regional e internacional) y sobre los diversos actores sociales (artesanos mineros, comunidades locales, gobiernos locales y provincial, gobierno de la RDC, empresas privadas congoleñas o multinacionales, ONG locales o internacionales, inversores, organizaciones de consumidores, etc).

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