Santi Torres. El debate sobre la decisión del ayuntamiento de Vic de impedir el empadronamiento de inmigrantes en situación irregular se ha ido diluyendo. Como es usual en este, pero también en otros temas, aparece la explosión se abre una discusión llena de ruidos y se abandona al cabo de unos días en espera del momento más oportuno. Una de las cosas que más duelen, además de la criminalización de un ayuntamiento que ha sido siempre puntero a la hora de proponer políticas migratorias, es que el debate continúa estancado aún en los aspectos más básicos del fenómeno.

Hace cuatro días hablábamos de flujos, acogida, empadronamiento, y ahora hablamos otra vez de flujos, acogida, empadronamiento y retorno, ya sea voluntario o forzoso. No hay avances sino más bien retrocesos. Es cierto que la situación económica obliga, pero independientemente de esta crisis, sería necesario no aplazar más el debate sobre aquellas cuestiones relacionadas con los derechos ligados a la ciudadanía. Es un debate casi inexistente, a pesar de contar ya con un recorrido suficiente y con una comunidad lo suficientemente estable para que se pudiese abordar. Hablamos de reconocimiento, de visibilización social, de derecho al voto y en definitiva de incorporación a una vida ciudadana corriente más allá del ámbito estrictamente económico. Mal síntoma cuando a la precarización económica, que afecta a buena parte de la población ya sea inmigrada o local, se le añade una falta de derechos políticos y de reconocimiento tan grave. El ascensor social queda entonces seriamente averiado.

El debate se ha iniciado en determinados ámbitos, los más concienciados de la sociedad. Me remito solamente a la iniciativa por el Consenso social sobre migraciones realizado en Cataluña y liderado por entidades solventes como Caritas o CEAR, y que fue parcialmente asumido por Gobierno, oposición y sociedad civil en el llamado Pacto por la inmigración. Y hay otros ejemplos en otros lugares del Estado, tanto a nivel autonómico como local. El debate, sin embargo no se ha popularizado, y sólo reaparece en los momentos electorales donde predominan los eslóganes por encima de los argumentos.

No es justo excusarlo todo en la crisis económica. Precisamente la gravedad de nuestra crisis reside también en un modelo economicista que ha olvidado cualquier planteamiento que pusiese en cuestión nuestro modelo de ciudadanía, y que ha tratado al inmigrante como a simple mano de obra de usar y tirar. Es quizás en momentos de crisis como el actual cuando las sociedades democráticas han de revisar seriamente los principios sobre los cuales han construido su convivencia y su cohesión social. El trabajo y la ocupación son ciertamente un elemento básico, pero no el único. Se echa de menos en este asunto, como en tantos otros, la falta de un liderazgo político con suficiente convicción, autoridad y voluntad para afrontar, sin más dilación, este tipo de cuestiones en las cuáles nos jugamos nuestro futuro como sociedad.

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Miembro del equipo de Cristianisme i Justícia. Licenciado en Psicología por la UB, en Teología por el Instituto de Teología Fundamental y máster en Teoría Política por la Universidad Pompeu Fabra. Presidente del Patronato de la Fundación Migra Studium.
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1 COMENTARIO

  1. Amigo Santi:

    Lo del ayuntamiento de Vic, no creo sea un caso aislado, sino que hay muchos ayuntamientos que tienen encima de la mesa semejante problema, Y… ¡No! claro que no es un asunto resulto, y no lo puede estar por barios y profundos motivos, y ya se sabe –a tiempo revuelto ganancia de votos- Pero es que, ni incluso las personas que nos denominamos de “buena fe” no lo tenemos; ni resuelto ni claro ya que lo dicho, este es un tema que a más de ser muy complejo, desconocemos muchas implicaciones de todas las partes, Así que reflexionemos si?

    Jaume

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