Reflexiones sobre el nombramiento de obispos

Reflexiones sobre el nombramiento de obispos

Jesús Renau. La Iglesia, como es obvio, no es una democracia. Es una comunidad católica que favorece la comunión y la participación de todos sus miembros como Pueblo de Dios. Valora el consenso, el derecho de expresión de los fieles (canon 212 $ 3 del Código de Derecho Canónico). El Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia (n º. 37) habla del derecho y deber de los laicos a manifestar sus opiniones sobre aquellas cosas que pertenecen al bien de la Iglesia, siempre de forma adecuada y empleando los mecanismos previstos por la misma Iglesia.

Para evitar el autoritarismo, el nepotismo y las actitudes propias de las dictaduras nuestra Iglesia cuenta con una legislación prudente y muy elaborada, que posibilita, si se cumple, que el poder sea realmente servicio, como Jesucristo repitió muchas veces .

Sobre los nombramientos de arzobispos y obispos diocesanos dedica un canon que vale la pena conocer (canon 377, especialmente la parte tercera). Como ocurre en todas las leyes hay una letra y un espíritu que da sentido e ilumina el texto en orden al servicio pastoral del Pueblo de Dios.

El valor de las consultas que se exponen es ayudar a discernir al Santo Padre ya todo su equipo de colaboradores (congregación de los obispos) en un tema de tanta trascendencia como es la persona más apta para el servicio episcopal. Por un lado se garantiza el secreto para evitar movimientos partidistas, y por otro lado la consulta puede ser ancha de forma que no quede limitada a los obispos de la provincia eclesiástica sino a miembros del colegio de consultores, canónigos, presbíteros tan diocesanos como religiosos, religiosas y laicos. Ya se ve que el espíritu de la ley es la convicción de que una gran consulta, bien hecha y prudente, ayudará mucho a la designación de la persona para tal ministerio. El Pueblo de Dios, sin duda, merece tal providencia y prudencia.

A pesar de todo,  si estas normas no se cumplen suficientemente, siempre el derecho faculta al fiel bautizado, adulto y dotado de razón, que pueda interponer un recurso, para que la autoridad judicial, prevista en el mismo derecho, vea si es conveniente admitir la querella a trámite. Este derecho en sí mismo no significa desafección a la Iglesia, al contrario, como derecho, más bien participa de su misión de servicio. Lo que no fuera de buen espíritu es quedarse mudo y acobardado dejándose llevar por el pesimismo y la siempre fácil crítica amarga.

Es posible que así como en tiempos de la dictadura española había entre los fieles un ambiente contrario al papel del dictador en el nombramiento de obispos, ahora se piense que hay otras formas de poder que no buscan el consenso sino la imposición de una determinada facción eclesiástica. Si esto fuera más o menos cierto no podemos olvidar que somos parte de la comunidad de la Iglesia, y que promover la justicia, según el derecho, no supone ir en contra sino a favor. Ella misma nos ha puesto en manos de un código que con humildad y constancia podemos, y quizás debemos, utilizar para mejorar el funcionamiento de la comunidad universal de la que somos piedras vivas.

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