Claudia Márquez. [TalCualDigital] Recientemente el Banco Mundial (BM) ha publicado un informe que lleva por título «Informe sobre el desarrollo mundial 2015: Mente, sociedad y conducta». Su publicación busca aportar herramientas novedosas para los profesionales del desarrollo con el propósito de: «entender y cambiar la conducta humana. (…) Ello, a su vez, exige que los organismos de ejecución dediquen más tiempo y recursos a la experimentación, el aprendizaje y la adaptación (…) como el diagnóstico más riguroso de la mentalidad de las personas a las que tratamos de ayudar y la introducción de procesos para reducir el efecto de los sesgos en las deliberaciones internas».
La sola lectura del párrafo anterior debería encender alertas: si se busca cambiar la conducta humana ¿quién debe decidir eso?, y luego ¿según quién qué son y no son «sesgos en las deliberaciones internas»?
En el informe se exponen políticas de desarrollo «experimentadas» en Kenya, India, Etiopía, Colombia, etc., donde con frecuencia, la gente no ahorraba ni tomaban los medicamentos recetados, omisiones señaladas por los investigadores como «inadecuadas» o «irracionales». Los científicos tras estas líneas estudian la irracionalidad en la toma de decisiones.
Según estos «La pobreza no es solo un déficit de recursos materiales, sino también un contexto en el que se toman decisiones» donde el «pensamiento automático» se impone sobre el «deliberativo», lo que lleva a que se tomen decisiones equivocadas.
Hacernos más racionales es ilusorio. Hasta ahora entre las diferentes escuelas humanísticas y de ciencias sociales, se consiente en que la «razón» forma parte de entramados afectivos, sociales, simbólicos, históricos, conscientes e inconscientes. Para ello se han aportado densos conceptos sobre lo social, la cultura, las identidades, entre otros.
Muchos psicólogos, sociólogos, antropólogos han mediado conflictos y problemáticas sociales. Por ello la mayoría de los códigos de ética que rigen el trabajado social establecen que solo se puede «intervenir» si aquello es solicitado por los grupos sociales, respetando sus decisiones y juicios dentro de su contexto social y cultural.
Sin embargo lo nuevo de este documento es que formula que se legitimen intervenciones no necesariamente solicitadas ni juzgadas por los afectados, y que se hacen ver como universales o de utilidad pública: «los encargados de formular políticas deberían hacer frente a una pregunta normativa: ¿por qué los Gobiernos deberían ocuparse de configurar las elecciones individuales?».
Asumamos de una vez que se está proponiendo la aprobación de un pacto social, donde se establecen conductas correctas y erradas. Correctas: la gente debe estar bancarizada, ahorrar, debe vacunarse, sembrar en los/as niños/as «aspiraciones más ambiciosas», entre otros ejemplos.
Cuestiones que no parecen a simple vista peligrosas, mas bien loables para algunos, pero que pertenecen al ámbito de la política, sin ser conscientes de esa pertenencia, y atribuidas al ámbito de lo técnico o científico. Con una problemática adicional: «los encargados de formular las políticas están sujetos a [los mismos] sesgos psicológicos».
Los pactos sociales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o las leyes nacionales, han sido alcanzados mediante la democracia, que consiste en la participación ciudadana, sin discriminación alguna de clase socio-económica, raza, sexo, religión, entre otros.
Existen unos valores fundamentales democráticos: libertad, igualdad ante la ley y de oportunidades, justicia, soberanía, entre otros. La libertad permite incluso la posibilidad de que una persona opte no ser asalariada. La soberanía establece que un país o sus nacionales no pueden tener injerencia sobre otro.
Por otra parte, los actuales modelos de multi/pluri/ interculturalidad, ratifican el reconocimiento de derechos diferenciados a comunidades culturalmente diversas.
Desde el nacimiento de la democracia, el debate ha llevado a que unos cambien sus decisiones en distintos momentos del tiempo. En eso consiste la libertad de discusión y de expresión. No obstante, si afirmamos que unos especialistas, por su formación técnica, pueden modificar las decisiones de poblaciones, incluso extranjeras, entonces los cimientos de la democracia se ponen en peligro.
No olvidemos que otorgarle al Estado el poder de intervenir neuronalmente a las personas sin duda es el sueño de cualquier totalitarismo. Más si esas decisiones van a estar en manos de personas ni siquiera elegidas de manera democrática. Por lo largo de estas líneas profundizaré en próximos artículos.
Imagen extraída de: Diario Sur