Las redadas racistas

Las redadas racistas

Brigadas vecinalesEl Cuerpo Nacional de Policía, por orden del Ministerio del Interior, realiza controles sistemáticos de identificación determinados por la apariencia de las personas interceptadas, siguiendo criterios discriminatorios, racistas, clasistas y xenófobos.

Estas redadas racistas de la policía -la petición de documentación por la única razón de tener aspecto de inmigrantes- ha sido denunciada y condenada por Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos y otros colectivos sociales, así como por organismos nacionales e internacionales.

Fueron denunciados por Naciones Unidas o el Consejo Europeo que, a través del informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y del IV Informe sobre España de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) (publicados en febrero y marzo de 2011), exhortaron al gobierno español a “tomar medidas efectivas para erradicar la práctica de controles de identificación basados en perfiles étnicos y raciales” así como a revisar la Circular policial 1/2010 sobre detención de personas inmigrantes.

Otras voces se sumaron a estas denuncias. Cáritas alertaró sobre el “aumento de los controles de identificación en los espacios públicos y en centros de Cáritas”. En locutorios, parques e intercambiadores de transporte público, así como “en los recursos y dispositivos” que la organización tiene “para la acogida de inmigrantes”, se estaban produciendo redadas masivas.

Otras instituciones del Estado, como la del Defensor del Pueblo recogió en su Informe de 2011 una recomendación a la Dirección General de la Policía para que se impartieran las instrucciones oportunas a fin de erradicar la práctica de controles de identificación basados en perfiles étnicos y raciales y se arbitren mecanismos de control a posteriori sobre las prácticas de identificación en la vía pública.

La protesta social será protagonista en la lucha contra las redadas racistas en gran medida impulsada por el vendaval que se instaló en las plazas el 15 de Mayo. Es el momento de las acciones colectivas numerosas: el 4 de junio la Asamblea Popular de Carabanchel se convertirá en  la primera que impida un control discriminatorio en el metro de Oporto; el 5 de julio numerosas personas harán frente a la policía que realizaba un control en el barrio de Lavapiés al grito de “Ninguna persona es ilegal”, haciéndoles retirarse; se convocarán marchas contra los CIE’s y las redadas racistas desde las asambleas populares y muchas de ellas declararán sus barrios “territorios libres de redadas”.

Pero pese a la insistencia y diversidad de denuncias, las redadas siguen siendo una constante en los barrios. Los sucesivos gobiernos han negado siempre su existencia, reconociendo en sus propias declaraciones su inconstitucionalidad, y alegando que son controles destinados a la prevención o persecución de la delincuencia. Las declaraciones de los actuales gobernantes que se habían prohibido e incluso la publicación de una muy corta circular de rectificación, solo han supuesto el aumento de la proporción de controles realizados por la policía no uniformada y la disminución de los controles espectaculares, sin que se hayan, eliminado sino solo disimulado.

Los controles racistas son ilegítimos, discriminatorios e injustos, vulneran derechos fundamentales, atentan contra la dignidad, contra el derecho a la libre circulación de las personas e incumplen los criterios fijados en la legalidad vigente, socavando los principios del Estado de derecho. Por tanto son ilegales, pero aún en el supuesto de que no lo fueran seguirían teniendo el mismo carácter injusto.

Los controles producen segregación social, levantan fronteras internas y potencian la diferenciación social entre la población autóctona y la extranjera. Generan un imaginario estigmatizador que relaciona migración y delincuencia, presentando a la población migrada como malhechores y enemigos, siempre bajo sospecha, lo que origina xenofobia y racismo social. La alta frecuencia de los controles refuerza la sensación de inseguridad y provoca una alarma social fabricada artificialmente, degradando la convivencia en los barrios.

Las redadas racistas provocan graves consecuencias en la vida cotidiana de las personas susceptibles de ser identificadas. En quienes no tienen autorización de residencia desencadenan un “ciclo de privación de libertad”, que en un contexto que criminaliza y limita en derechos socio-económicos a una parte de la población, también la somete a prácticas de hostigamiento y represión que generan miedo e inseguridad. La interiorización de ese miedo aumenta ante la posibilidad de topar con un control en cualquier lugar, de ser identificado por la Policía, conducido a comisaría, detenido en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y eventualmente deportado. Cuando terminan en expulsión, solo por no tener papeles, truncan el proyecto de vida personal y familiar de la persona expulsada y sus familiares. También las personas que tienen permiso de residencia e incluso nacionalidad española, pero aspecto de inmigrantes, son hostigadas y tratadas como sospechosas por su aspecto físico con un claro efecto discriminador y estigmatizador.

Los controles policiales en los espacios públicos -alternando dispositivos policiales espectaculares que generan alarma social e intervenciones “enmascaradas” (policías de paisano, interpelaciones desde el coche, etc.)- se justifican como controles “preventivos” y “rutinarios”, provocando que naturalicemos la presencia policial y el uso restringido del espacio público (como mero lugar de tránsito, no igualitario, y recortado en libertades por el discurso de la inseguridad materializado en la vigilancia).

En definitiva, estas actuaciones de las fuerzas de seguridad crean rupturas en el cuerpo social de los barrios estigmatizando a una parte del vecindario por su aspecto sospechoso (rasgos fenotípicos no “españoles” y estética de clase trabajadora).

Una respuesta colectiva organizada desde abajo: las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos

Frente a estos efectos se producen resistencias individuales y alianzas entre personas afectadas y no afectadas por los controles de identidad. Además de estas respuestas individuales, se están tejiendo otras colectivas, entre ellas las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos.

Nuestra presencia en los espacios públicos tiene como objeto incidir sobre los controles selectivos de tres formas distintas y complementarias: visibilizando la sistemática violación de derechos que se ejerce sobre una parte del vecindario, recogiendo información válida para la elaboración de informes de denuncia y extendiendo el conocimiento sobre los propios derechos entre los vecinos y vecinas.

Se trata de jugar con el injusto privilegio que otorga el régimen de fronteras al asignar a unas personas mayores derechos por su posesión de un simple DNI español o de una tarjeta comunitaria. Este capital en forma de carnet permite cuestionar la actuación policial cuestionando los derechos diferenciales y contribuir a construir la solidaridad vecinal.

Situándonos en los lugares donde la policía realiza controles o redadas (salidas de metro, puertas de colegios, locutorios, etc.), las Brigadas en pequeños grupos y con visibles chalecos naranjas observamos y documentamos la actuación policial, denunciamos lo que ocurre e informamos sobre distintos derechos y recursos. Desde la formación del colectivo hemos elaborado dos rigurosos informes sobre las redadas racistas.

Tanto las BVODH, como los vecinos y vecinas que denuncian las redadas racistas, hemos sido objeto de coacciones y amenazas de forma sistemática por parte de la policía: nos han identificado y nos han impedido realizar la labor de observación y documentación, nos han pretendido disuadir con dispositivos policiales desproporcionados, nos han fotografiado, nos han acusado de poner en riesgo su integridad física y de interferir su trabajo, nos han amenazado con sanciones administrativas, nos han acusado de “empujarles” sin que hubiera producido el más mínimo contacto físico, nos dispensan un trato intimidatorio, nos han retenido durante las brigadas mientras estábamos documentando. Además, hemos sido objeto de descalificación y calumnia por parte de responsables políticos; hemos sufrido sanciones administrativas (multas), y denuncias penales ante los juzgados por nuestras actuaciones a pesar de que nuestra actividad es totalmente legal.

En la actualidad, hay ocho sanciones contra miembros de BVODH, que nos han impuesto multas de entre 300 y 501 euros cada una, lo que supone un total de tres mil cuatrocientos cinco euros. Nos atribuyen “provocar reacciones en el público que alteran o pueden alterar la seguridad ciudadana” o “tratar” de hacerlo y “obstaculizar los controles reglamentarios”. Hemos presentado recursos contencioso-administrativos, estando pendientes de los juicios para demostrar que, no sólo los hechos que se nos imputan son falsos, si no que no son constitutivos de falta o delito alguno.

Somos conscientes de que estas sanciones constituyen una coacción a defensor@s de los Derechos Humanos (figura reconocida en el Derecho Internacional) y vulneran el art. 20 del Código Penal, que exime de responsabilidad criminal a quien obre en defensa de los Derechos propios o ajenos.

Su objetivo es amedrentar y castigar a quienes dan una respuesta social frente a los controles de identidad racistas y frente a quienes desoyen la prohibición de arbitrariedad incluida en la Constitución, y el deber de respeto a los derechos fundamentales de reunión, libertad de opinión, información y expresión. También nos denunciaron penalmente, resultando absueltas ya que la jueza dictó sentencia absolutoria, señalando que si bien la observación de la redada cuestionaba la actuación policial, ello no constituía falta o delito.

Las BVODH hemos interpuesto ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Madrid una demanda por la vía especial del procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona, por entender que se ha vulnerado el derecho de libertad de expresión, asociación y los derechos recogidos en el artículo 24 de la Constitución.

Con nuestra actuación, las BVODH intentamos invertir la lógica del control social para neutralizar sus consecuencias en la reproducción de desigualdades sociales, buscamos detener las actuaciones discriminatorias por parte de las autoridades y sus efectos de criminalización y estigmatización sobre la población migrante.

Se trata de una respuesta colectiva que cuestiona mediante la acción directa no violenta la proliferación de las políticas de control naturalizadas que afectan a todos y todas las vecinas de los barrios y benefician a los grupos sociales más privilegiados.

Más información e informes en http://brigadasvecinales.org/

Hay muchas cosas que puedes hacer contra los controles de identificación y las redadas racistas.

– Cualquiera puede participar en las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos. Escríbenos y te informaremos de cuándo haremos el próximo taller de formación para nuevas incorporaciones

– Si ves un control racista, ¡avisa!:

Twitter: @BrigadasDDHH

Mail: brigadasvecinales_ddhh@nodo50.org

– Si ves un control, no te calles. Presenta quejas a quienes los hayan permitido, a quienes hayan sido cómplices, a la defensora del pueblo, etc.

Imagen extraída de: Kaos en la Red

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