Plataforma de entidades cristianas con los inmigrantes. En relación al Decreto Ley 16/2012 del Gobierno de España que propugna la introducción de modificaciones legislativas en la asistencia pública sanitaria, la Plataforma de entidades cristianas con los inmigrantes quiere hacer públicas sus consideraciones:
1.- El Decreto Ley, entre muchas otras medidas que no son aquí objeto de nuestra atención, elimina el derecho a la asistencia sanitaria a las personas extranjeras sin autorización de residencia en el Estado español, un derecho reconocido hasta ahora por la Ley de Extranjería. La asistencia solamente se mantendrá en los casos de urgencia por accidente o enfermedad grave hasta alta médica, mujeres embarazadas y menores de 18 años.
2.- Desde nuestro punto de vista, esta medida, de dudosa constitucionalidad, representa una grave e inaceptable involución en materia de derechos humanos, al restringir gravemente el derecho a la protección de la salud y a la asistencia médica de las personas afectadas, reconocido en el art. 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, poniendo también en peligro su derecho a la vida y menospreciando su dignidad humana. Al mismo tiempo, comportará un factor de inseguridad y exclusión social para estos colectivos, hecho que se añade a la creciente precariedad que ya sufren, enviando un mensaje populista y muy peligroso de estigmatización de las personas extranjeras.
3.- En nuestra opinión, esta medida no se puede justificar por la intención de reducir el déficit público, ya que el ahorro económico que representa la medida dentro del presupuesto sanitario, es mínimo. Al contrario, es más que probable que, en muchos casos, el hecho de no prestar asistencia médica oportuna generará posteriormente un coste económico superior, cuando muchas patologías acaben derivando en una enfermedad grave. Además, esto puede contribuir a colapsar los servicios de urgencias. Tampoco no se puede justificar por el hecho que existan casos de fraude en la utilización de los servicios de salud por parte de algunas personas extranjeras (“turismo sanitario”). En todo caso pedimos que se apliquen medidas para evitar o reducir en fraude que se pueda producir, en lugar de eliminar la asistencia de forma generalizada a todo un colectivo.
4.- Desde nuestro punto de vista, esta medida se integra en una tendencia preocupante de políticas que, en el actual contexto de crisis económica, perjudican especialmente a los colectivos sociales más vulnerables y que debilitan gravemente el Estado de Bienestar o Estado social. Esta forma de Estado es una conquista irrenunciable de justicia social, que Europa debería mantener y reivindicar como modelo de referencia global.
5.- Por todo ello, instamos al Gobierno español a rectificar esta medida y a continuar ofreciendo asistencia médica a toda persona que lo necesite. Como recuerda continuamente la Iglesia, “Todo emigrante es una persona humana que, en cuanto tal, posee derechos fundamentales inalienables que han de ser respetados por todos y en cualquier situación” (Benedicto XVI, Caritas in Veritate, 62). Comprendemos la exigencia de reducir el déficit público, pero entendemos que existen otras políticas que pueden obtener los mismos resultados sin poner en peligro prestaciones tan esenciales como son la educación básica y la atención sanitaria universal y gratuita. La reducción del déficit se puede conseguir con la racionalización del gasto público en diferentes aspectos: la disminución del enorme gasto militar español; la lucha más activa contra todas las formas de corrupción, el abuso de los servicios públicos y de fraude fiscal; la mejora en la gestión y uso más responsables de los servicios públicos; y un reparto más equitativo de las cargas públicas en función de los niveles de renda, entre otras.
Barcelona, 3 de mayo del 2012
ACO, Caritas, Cintra-Benallar, Con Vi Vim, Cristianisme i Justícia, Cristians pel Socialisme, Delegació de Pastoral Obrera de Barcelona, Delegació de Pastoral Social de Barcelona, Ekumene, Fundació Escola Cristiana, Fundació Migra-Studium, Goac-Hoac, Grup de Juristes Roda Ventura, Joc, Justícia i Pau, Interculturalitat i Convivència, Parròquia de Santa Maria del Pi, Pastoral Amb Immigrants (PAI), Religioses en Barris, Unió de Religiosos De Catalunya (URC), Bayt-Al-Thaqafa, Iniciatives Solidàries, Fundació La Salut Alta, i Comunitats de Vida Cristiana.
Los derechos humanos son una conquista social que nos hace sentirnos orgullosos cuando los tenemos en la base de nuestra sociedad. No podemos consentir que los desmanes económicos de unos pocos: políticos y banqueros, hagan que se cercenen derechos fundamentales de la personas y que afectan como siempre a los más débiles.