Consideraciones en torno a la polémica generada por la propuesta del Ayuntamiento de Vic

Cristianisme i Justícia. La Plataforma de entidades cristianas con la inmigración ha reflexionado en torno a la polémica pública iniciada a raíz del anuncio que hizo el Ayuntamiento de Vic de restringir los criterios para empadronamiento de extranjeros, en este municipio, cuando éstos no acreditan que han entrado legalmente en España.

Ante todo queremos dejar claro que nuestras palabras, aunque supongan una crítica a dicha iniciativa municipal, no deben ser interpretadas en ningún caso como una descalificación global de la gestión del equipo de gobierno de la ciudad de Vic. Al contrario, queremos subrayar la ejemplar y meritoria labor, a pesar de todas las dificultades, que viene realizando este municipio en la acogida y la integración social del importante volumen de inmigración que ha recibido en los últimos años.

Dicho esto, queremos dejar constancia de nuestra decepción por las características del debate generado y por las consecuencias negativas que parece que se derivan.

En efecto, lamentamos intuir que las posiciones tomadas por los diferentes responsables políticos de partido o institucionales han sido, con demasiada frecuencia, orientadas más por intereses partidistas o electoralistas, que por principios morales, convicciones o estrategias meditadas en favor de un buen gobierno del hecho migratorio.

Desgraciadamente no ha sido un debate bastante serio, basado en datos e informes sociológicos y jurídicos que fundamentan las diferentes propuestas y declaraciones, en un sentido y en otro, sino que más bien hemos asistido, como tantas otras veces, a un intercambio de reproches , acusaciones y comentarios simplistas.

Por otra parte, muchos medios de comunicación no han estado a la altura de la importancia y complejidad del tema. Algunos han hecho un uso sensacionalista y simplista de la noticia, aprovechando ciertos prejuicios sociales y pensando principalmente en captar audiencia, con reportajes, entrevistas o encuestas que no pretendían un análisis serio de la cuestión. Muchas informaciones estaban carentes de toda contextualización social o legal y de datos sobre la realidad migratoria de ese municipio o sobre su trayectoria en la tarea de la integración, y tampoco informaban del rol y los efectos legales del empadronamiento.

Estas dos constataciones nos llevan una vez más a constatar la necesidad que tenemos de fortalecer nuestra cultura democrática y jurídica, para avanzar hacia una sociedad más madura y más capaz de responder adecuadamente a los retos que plantea una temática tan compleja y delicada como es el hecho migratorio.

Sin embargo, más allá de las características del debate, nos inquieta la cuestión de fondo que está en juego, que no es otra que el acceso a derechos y servicios esenciales para muchas personas recién llegadas, algunas de ellas en situaciones extremadamente precarias.

Queremos, pues, subrayar la importancia que se mantenga un principio que hasta ahora ha sido básico en la gestión migratoria de nuestro país: todas las personas inmigradas, con absoluta independencia de su situación legal en nuestro país, deben poder acceder a los servicios públicos esenciales para una vida digna (educación, sanidad ,…) y disfrutar de todos los derechos humanos fundamentales, no sólo por su dignidad como personas, sino porque esta es una necesidad básica para garantizar la convivencia y la cohesión social.

Hay que subrayar que el hecho de encontrarse en situación administrativa irregular, incluso bajo una orden de expulsión, no anula la dignidad humana de estas personas. Los inmigrados no son simple mano de obra o mercancía, sino personas que disfrutan de derechos fundamentales, de acuerdo con la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). Por otro lado, impedir a algunos de estos inmigrantes, que a menudo son los que se encuentran en situación más vulnerable, el acceso a derechos y servicios básicos es dejarlos en una situación de exclusión social, que también perjudica el buen funcionamiento del conjunto de la sociedad.

Esta exclusión es aún más grave cuando afecta a los niños, especialmente protegidos por los Tratados Internacionales, como la Convención Internacional de los Derechos del Niño (1989), que obligan a los poderes públicos atender al interés superior de los niños por encima de cualquier otra consideración.

Este principio, como se ha querido hacer creer, no es contradictorio ni incompatible con la necesidad de controlar legalmente la entrada y residencia de inmigrantes en un país. La residencia en un país, legal o ilegal, mientras se da, no debe impedir el acceso a los servicios y derechos fundamentales correspondientes a todo ser humano mientras se encuentra efectivamente en ese país.

En este sentido, el empadronamiento es precisamente el instrumento básico para garantizar dicho acceso. Por lo tanto, impedir el empadronamiento es, de hecho, impedir el acceso a derechos y servicios esenciales. Esta es la cuestión clave.

Al mismo tiempo hay que tener muy presente que empadronarse todo aquel que resida efectivamente en un municipio, lejos de tener ninguna función represiva o de control, es una información clave para conocer adecuadamente la realidad, la ubicación y las características de la propia población. En consecuencia, un padrón de habitantes, completo y coherente con la realidad, es una herramienta esencial para que los ayuntamientos puedan planificar y trabajar acertadamente en favor de la integración social, así como para reclamar a otras administraciones los recursos necesarios para hacerlo. Por tanto, es una herramienta que deben defender y a la que no deben renunciar.

El empadronamiento de todos los residentes efectivos y su acceso a los servicios básicos al margen de su situación legal no es, ciertamente, lo habitual en Europa, pero no es el único país que lo hace, y eso es precisamente una buena práctica de nuestro ordenamiento jurídico, que hay que preservar, ya que de acuerdo con las exigencias de los derechos humanos y favorece la cohesión social.

Nos tememos que detrás de la propuesta del Ayuntamiento de Vic y el debate posterior se encuentra la intención de algunos de poner en cuestión estos principios (y así lo recogen ya algunas propuestas de cara a las próximas elecciones) con la excusa de la “aproximación a Europa”. No todo lo que hay en Europa es, por este solo motivo, bueno y conveniente. A nuestro juicio, modificar estos principios sería un grave error, tanto desde el punto de vista jurídico y ético-político como desde la perspectiva del buen gobierno.

Ahora bien, el mantenimiento de estos principios obliga al Estado a aprobar criterios legales de actuación claros y, sobre todo, no abandonar los Ayuntamientos a su suerte, ante la complejidad de la gestión de este fenómeno, sino a dotarlos progresivamente de todos los recursos públicos necesarios para que puedan atender adecuadamente la nueva población que van recibiendo.

No queremos terminar sin dejar constancia de que estas reflexiones las hacemos desde nuestra preocupación, como entidades, ante las difíciles cuestiones que plantea el fenómeno migratorio en nuestra sociedad, y, también, desde nuestra experiencia de acompañamiento y apoyo a los colectivos inmigrantes y de sensibilización social en esta materia. Y las hacemos, exclusivamente, con el ánimo de contribuir a la buena gestión colectiva de la realidad de la inmigración en nuestro país.

La obligación de los poderes públicos es continuar haciendo esfuerzos para ir construyendo una sociedad más justa, más cohesionada y más fraternal, basada en el bien común. Pero eso no lo conseguirán sin que cada persona y cada institución asuma la responsabilidad en el ámbito que le corresponde. En este esfuerzo encontrarán nuestra colaboración. Invitamos a todos a sumarse a este reto.

Plataforma de entidades cristianas con los inmigrantes

22 de febrero de 2010

La Plataforma está formada por las siguientes entidades:

ACO, CARITAS, CINTRA-BENALLAR, CON VI VIM, CRISTIANISME I JUSTÍCIA, CRISTIANS PEL SOCIALISME, DELEGACIÓ DE PASTORAL OBRERA DE BARCELONA, DELEGACIÓ DE PASTORAL SOCIAL DE BARCELONA, EKUMENE, FUNDACIÓ ESCOLA CRISTIANA, FUNDACIÓ MIGRA-STUDIUM, GOAC-HOAC, GRUP DE JURISTES RODA VENTURA, JOC, JUSTÍCIA I PAU, INTERCULTURALITAT I CONVIVÈNCIA, PARRÒQUIA DE SANTA MARIA DEL PI, PASTORAL AMB IMMIGRANTS (PAI), RELIGIOSES EN BARRIS, UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA (URC), Bayt-al-thaqafa, INICIATIVES SOLIDÀRIES, COMUNITAT DE sANT EGIDI i cOMUNITATS DE VIDA CRISTIANA.

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