Una propuesta para Cataluña y España

Una propuesta para Cataluña y España

Àngel MiretHace pocos días asistí a una reunión en Madrid, convocada por la administración del Estado, con la presencia de todas las comunidades autónomas y de las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. El tema central del encuentro era buscar la manera de hacer efectivas unas sentencias que, como consecuencia de diferentes recursos interpuestos por la Generalitat, concluyen que el gobierno de Cataluña es competente en una materia de gran impacto social y mediático, asociada a un presupuesto relevante y que, por analogía, según interpretaba el Estado, también podría ser competencia del resto de comunidades autónomas.

Planteada así la cuestión, los representantes del Estado dieron voz a todas las comunidades para que expusieran su punto de vista. La mayor parte de ellas manifestaron, por un lado, que no conocían las impugnaciones de la Generalitat a pesar de que el pleito hacía años que discurría por los juzgados; por otro, que se trataba de una mala noticia y que era indispensable que el traspaso se hiciera con prudencia y sin prisas, que había que crear una comisión de estudio antes de avanzar en el traspaso, y que, en cualquier caso, el Estado se hiciera cargo de la coordinación. Finalmente, que se tuviera muy presente que todas las comunidades tenían que ofrecer exactamente lo mismo a los usuarios del servicio en cuestión. Contrarias a esta tesis se situaron únicamente los gobiernos de Valencia, País Vasco, Navarra, parcialmente el de las Islas Baleares y, naturalmente, Cataluña.

Recientes encuestas han señalado además que una buena parte de las comunidades autónomas no solo no aspiran a más traspasos sino que, por el contrario, querrían retornar al Estado algunas de las competencias que ya tienen.

La dinámica política y social mayoritaria en Cataluña camina, sin embargo, en sentido opuesto: desea un mayor autogobierno y obtener la transferencia de nuevas competencias. Desde el principio de subsidiariedad, lo considera, con razón o sin ella, como un avance democrático.

Esta demanda debería considerarse como una opción perfectamente respetable y democrática además de coherente con la historia de España. Cuando se redactó la Constitución Española los legisladores intentaron diluir las históricas reivindicaciones nacionales de Euskadi y de Cataluña y, en menor medida, de Galicia mediante lo que se denominó “café para todos”. Y se aprobaron entonces Estatutos de autonomía a entidades territoriales como Madrid, La Rioja, Murcia, etc. que no se habían planteado nunca ningún tipo de gestión de sus intereses que no fuera una pura descentralización administrativa.

La realidad, sin embargo, se impone finalmente a los deseos de los legisladores constitucionales y dicha reunión es un buen ejemplo de ello. Pero ​​desde la aprobación de la Constitución muchas comunidades, azuzadas por las políticas irresponsables de sus gobernantes, han acabado haciendo de la comparación y de los supuestos agravios con Cataluña una de sus razones de ser. Fijémonos en lo que antes apuntaba: la mayoría de comunidades no deseaban la competencia y el traspaso de recursos pero remarcaban que, en ningún caso, permitirían un trato diferenciado.

Cataluña no ha sido ajena a esta realidad política y sociológica. La frustración provocada por el “café para todos” en tanto que Cataluña se ha sentido nación y en ningún caso región como la mayoría de comunidades autónomas, ha generado una voluntad constante de diferenciación, de desmarcarse de la mayoría y de construir un camino propio, que ha sido percibida por una buena parte de la población española como insolidaria o, incluso, como reflejo de un sentimiento de superioridad. Esta es una realidad que no puede obviarse si lo que pretendemos es buscar una solución, aunque sea transitoria, a este conflicto secular entre Cataluña y el resto de España.

No podemos olvidar, además, que Cataluña ha sido uno de los motores económicos en España, además de liderar a menudo la vanguardia de las ideas progresistas por razones muy diversas. Esta realidad ha generado en algunos catalanes un sano orgullo pero en otros un cierto sentimiento de superioridad que ha provocado que en una parte de la población española no solo se desarrollase un sentimiento de admiración hacia Cataluña sino también de celos e incluso de rechazo. Este rechazo produce, a su vez, una potenciación del sentimiento catalán de que “en España no nos quieren”. Deberíamos entre todos detener este círculo vicioso de desconfianza que hace imposible cualquier solución al conflicto.

Hay que buscar soluciones si no queremos persistir en el bucle de acción-reacción. Creo que es evidente que la represión y la judicialización no servirán para nada; es más, empeorarán la situación y radicalizarán a las diferentes opciones, pero tampoco es razonable cerrar los ojos a una realidad compleja, donde el deseo de independencia no alcanza con mucha probabilidad al 50% de la población catalana. Hay que renunciar, pues, a la unilateralidad: adolece de una falta de apoyo social suficiente. Tampoco el referéndum pactado sea posiblemente, en este momento de crispación, el remedio. Por un lado porque es más que probable que se produjera una gran polarización, mitad a mitad de la población, y además porque en este escenario la renuncia o la imposición no generarían ningún beneficio a la convivencia entre unos y otros.

Entre la independencia y la recentralización debería haber una solución intermedia y razonable. Me atrevo, pues, a hacer una propuesta, en la que nadie quedaría del todo satisfecho pero que podría ser útil para salir de la situación actual y afrontar con más serenidad y tiempo este conflicto histórico y aparentemente irresoluble.

Una estructura de gestión descentralizada en diferentes niveles para la mayoría de comunidades autónomas y el reconocimiento nacional de Euskadi y de Cataluña en la Constitución, que concretarían su vinculación con el resto del Estado a través de una estructura federal o confederal, reconocimiento de competencias exclusivas en materia de cultura, lengua y educación, un sistema de financiación más equilibrado y la renuncia por parte de los partidos políticos independentistas a la vía unilateral.

Esta propuesta no excluye ni presupone de ningún modo que los independentistas renuncien a su deseo de conseguir un Estado por medios democráticos.

Y quiero recordar una realidad a los españoles que puedan considerar esta propuesta como una cesión inaceptable: países con un gran sentimiento patriótico, como Suiza o Estados Unidos, conviven con estructuras fuertemente descentralizadas. Es decir, el sentirse español no debería ir necesariamente asociado a un Estado centralizado ni a una única raíz castellana. Y otra a los independentistas: hay que reconocer y aceptar la realidad, aunque sea dolorosa y desagradable.

Ahora bien, para poder abrir el marco de diálogo que permita una negociación entre todos los actores políticos, será necesario encontrar previamente una solución a la cuestión de los presos después del juicio que se está celebrando.

Finalmente: es necesario que todos bajemos un poco el tono de descalificaciones mutuas, disminuyamos la irritación y eliminemos las malas maneras de proceder. Seguro que con esta actitud todo ello será un poco más sencillo.

Imagen extraída de: Pixabay

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