Volvamos a hablar de derechos laborales y de protección social

Volvamos a hablar de derechos laborales y de protección social

Eduardo Rojo TorrecillaHa llegado septiembre, y este año el primer lunes del mes ha sido también el primer día laborable después del período vacacional del mes de agosto, total o parcial (cada vez es mayor la distribución partida de las vacaciones, con reserva de fechas para otros períodos del año, especialmente para el período navideño, y también un número no menospreciable de personas trabajadoras prefieren disfrutarlas en otras fechas como julio o septiembre) para la mayor parte de la población trabajadora.

Bueno, matizo, ya que dicho disfrute es para quienes tienen un empleo y no para quienes se encuentran en situación de desempleo, 3.490.100 personas si tomamos el dato de la Encuesta de Población Activa facilitado por el Instituto Nacional de Estadística para el segundo trimestre de este año. Muy probablemente, el concepto de vacaciones tampoco case muy bien con la actividad de muchos trabajadores autónomos (que sean verdaderamente o no autónomos es otra cuestión) que viven de sus ingresos por los servicios facturados y que no pueden en bastantes ocasiones dejar de percibirlos durante todo un mes. El concepto de vacaciones laborales tampoco encaja con las personas jóvenes que aún no han accedido al mercado de trabajo y que tampoco han continuado sus estudios.

En definitiva, y es solo una reflexión que dejo apuntada para un debate más tranquilo en otro momento, el número de personas que se encuentran en el mercado de trabajo ocupadas, y a las que nos referimos cuando hablamos de quienes “tienen vacaciones” es bien distinto, por inferior al de la población activa, y no digamos ya nada más sobre la disminución del porcentaje que ese grupo significaría sobre el total de la población, si computáramos la población inactiva y dentro de la misma muy especialmente la población jubilada y que con anterioridad sí había estado integrada, incorporada al mundo del trabajo (sobre el concepto de trabajo, también es necesaria cada vez más una reflexión profunda, ¿no les parece?).

Bueno, pues también han regresado al trabajo parlamentario la gran mayoría de sus señorías en el Congreso y en el Senado, ya que la actividad de ambas Cámaras ha estado paralizada durante el mes de agosto a excepción de la actividad de las y los parlamentarios que integran la Diputación Permanente. También, al igual que para las vacaciones, hay que matizar, un poco menos que antes, la afirmación anterior, ya que a finales del mes de agosto aquellas y aquellos parlamentarios que forman parte de algunas comisiones ha tenido ya trabajo con ocasión de la comparecencia de diversos ministros y ministras, siendo de destacar en el ámbito social (con implicaciones en el ámbito de la protección social y del empleo) la comparecencia de la Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Sra. Magdalena Valerio, para informar de las actuaciones de su Departamento ante la problemática de las migraciones en general y de las medidas de asistencia a personas que pueden tener la consideración jurídica de refugiados en particular. Para la Ministra, la inmigración “debe ser ordenada, porque no cabe el “papeles para todos”. Debe ser integradora, porque el objetivo de la inmigración legal no puede ser otro que la integración plena de los migrantes en nuestra sociedad. Y… debe ser de carácter comunitario, puesto que es la única solución posible en la Europa sin fronteras que estamos intentando entre todos construir, lo que requiere de mayores dosis de solidaridad para que los esfuerzos se repartan de una manera justa”.

Es un regreso a la actividad relativamente tranquilo, como lo es también en el ámbito universitario en el que me muevo, en el que muchas personas “descubren” que el mundo no se acabó el 31 de julio y que siguen pendientes de resolver muchas cuestiones guardadas en un cajón, o más exactamente en algún fichero de ordenador, a finales de julio, aunque también sea necesario “ponerse las pilas” lo más rápidamente posible para preparar todo lo que quede pendiente para un buen inicio del nuevo curso académico, al menos durante los primeros días.

El cambio de gobierno acaecido el mes de junio debería llevar a que sean objeto de aceptación a trámite, cuando aún no haya sido así, y de tramitación parlamentaria en el seno de las Comisiones correspondientes del Congreso y del Senado en todos los casos, diversas proposiciones de ley presentadas por los grupos parlamentarios en las que se proponen reformas importantes de la normativa laboral y de protección social. Todos los textos presentados tienen relevancia, y de la lectura de los mismos me atrevo a decir, con conocimiento de causa, que en su elaboración han participado prestigiosos juristas del mundo académico y profesional. Hago esta afirmación porque las introducciones de algunas de dichas proposiciones de ley son, además de una explicación detallada de las modificaciones propuestas a diversas normas vigentes, un riguroso estudio doctrinal (eso sí, sin citas a pie de página o bibliografía al final de un artículo, que parecen ser obligadas en todo texto académico si se pretende demostrar su solvencia) de la materia abordada, de sus virtudes y muy especialmente de sus defectos, obviamente a juicio del grupo parlamentario que la presenta y para la que propone modificaciones.

Sobre políticas de conciliación de la vida familiar y laboral, de igualdad de trato, y no solamente retributiva, entre mujeres y hombres, de lucha contra la precariedad y estabilidad en el empleo, de fortalecimiento de la negociación colectiva en las relaciones laborales, de mejora de  las prestaciones por desempleo, pensiones, prestaciones económicas por hijo o hija a cargo, de fijación de una renta mínima garantizada, debe debatirse, por el interés que tiene para la gran mayoría de la ciudadanía, en el Parlamento.

Alguna proposición presentada hace un cierto tiempo ha perdido, afortunadamente, la razón de ser que motivó su presentación, y digo afortunadamente porque se ha corregido normativamente la diferencia existente entre trabajadores y trabajadoras que prestan sus servicios a tiempo parcial varios días a la semana y quienes lo hacen todos los días, a efecto del cómputo de cotización de todos los días para el acceso a las prestaciones por desempleo. Además, no sólo se debe debatir en sede parlamentaria, sino llevar a cabo actuaciones concretas por el gobierno, y en particular por el Ministerio de Trabajo, migraciones y Seguridad Social. Posibilidades jurídicas hay, en más de una ocasión, para que ello sea posible.

En el bien entendido, como he recordado, y es muy fácil decirlo, en más de una ocasión, que aquellas reformas que pueden operarse por la vía reglamentaria no creo que susciten mayores problemas en punto a su aprobación, publicación y posterior aplicación y ejecución, pero que sí pueden tenerlas las que traten de modificar, y son medidas contenidas en prácticamente todas las proposiciones de ley que se han publicado en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados desde el 10 de noviembre de 2017 (fecha de la publicación de la proposición de UP-ECP-EM sobre la igualdad retributiva) hasta el momento presente, texto normativos con rango de ley, como son la Ley del Estatuto de los trabajadores o la Ley General de Seguridad Social por citar dos de los ejemplos más significativos, dada la actual composición del Congreso y la muy estrecha mayoría de que dispone el actual gobierno, condicionada además por factores políticos que muy poco tienen que ver con algunas de dichas normas (en otras ocasiones sí hay diferencias claras entre los “socios”, pues no se olvide, por ejemplo, que el desaparecido grupo parlamentario de Convergència i Unió -ahora, sus herederos, parciales, del PDeCat-  fueron firmes defensores de la reforma laboral impulsada por el gobierno del Partido Popular en 2012).

Concluyo. Sería bueno, es necesario, que en el Parlamento español, y añado que en todos los foros políticos de cualquier territorio del Estado, se vuelva a debatir sobre las cuestiones que interesan en el día a día a las personas que, también día tras día, trabajan o buscan trabajo. ¿No les parece que ello reforzaría la relación de dicha ciudadanía con sus representantes? Yo creo que sí.

Imagen extraída de: Pixabay

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