Tres meses de represión en Nicaragua

Tres meses de represión en Nicaragua

Nieves Fernández y Valeria Méndez de VigoYa han transcurrido tres meses desde que un grupo de estudiantes de la Universidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua que se manifestaban contra la reforma del sistema de seguridad social, portando como únicas armas pancartas y cartulinas, fuera violentamente reprimido por la Policía Nacional, las fuerzas antimotines y grupos paramilitares, dejando a dos estudiantes muertos. Desde ese 20 de abril, la violencia del gobierno de Daniel Ortega sobre su población no solo no se ha detenido, sino que adopta cada vez formas más descarnadas.

Las víctimas mortales, según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, ya ascienden a 351, sin contar la decena de personas fallecidas tras la violenta incursión de las fuerzas policiales y paramilitares llamada “operación limpieza” en las ciudades de Masaya, bastión de la resistencia contra el gobierno de Ortega, y del sur del país, en los últimos días. Este organismo de protección de derechos humanos documentaba, con fecha de 11 de julio, 2100 heridos, a varios de los cuales se ha denegado la asistencia médica, así como 329 secuestrados y desaparecidos.

Fuentes de Nicaragua identifican tres momentos en la gravísima crisis del país centroamericano. Un primer momento de inicio de las protestas, represión y conformación de una mesa de diálogo; un segundo momento de escalada de la represión y la violencia por parte del Gobierno y un tercer momento de eliminación más selectiva de la oposición y de los liderazgos.

El primer momento se sitúa en el 18 de abril, cuando comenzaron las manifestaciones en las que “muchachos de entre 19 y 25 años que protestaban pacíficamente fueron atacados por la Policía Nacional y por turbas que acudieron en camiones repletos de piedras más grandes que el tamaño de la mano. Llegaron a lanzar cuchillos  y destruyeron el portón de la universidad a pedradas […] Más tarde, en cuestión de 5 minutos pasó la alcaldía a limpiarlo todo. Quedó todo como si nada hubiese ocurrido”  La violenta represión que tuvo lugar en esta jornada y los días consecutivos en las universidades provocó la extensión de las protestas por todo el país para pedir la renuncia del presidente y la convocatoria de nuevas elecciones. “En un país donde hay represión, hay que ser valiente para salir a la calle; en Nicaragua la gente se atrevió”. Durante estos primeros días de crisis, murieron más de 60 personas.

Ante este dramático panorama, con la mediación de la Conferencia Episcopal, se conformó una comisión de diálogo entre el Gobierno y la recién creada Alianza Cívica, organización que congrega a distintos sectores de la población –miembros de la Iglesia, estudiantes, campesinos, empresarios, académicos, feministas–. En ella se acordó la invitación a Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evaluar la situación. Este organismo constataría posteriormente, en un informe, un sinfín de gravísimas vulneraciones de Derechos Humanos.

El segundo de los momentos se produce con la escalada de violencia. A la represión de las manifestaciones por el Gobierno, en el mes de mayo, se añade un nuevo elemento: la organización de un ejército irregular. Se trata de “personas vestidas de civil con entrenamiento militar y con la cabeza cubierta por una capucha que solo dejaba ver los ojos” que “se transportaban por la ciudad en camionetas Toyota Ailux para aterrorizar y matar”. Disparan aleatoriamente contra las barricadas conformadas en las vías públicas para protestar de manera pacífica contra la violencia de Estado “de manera cobarde, porque atacaban a gente, que, a lo sumo, portaba banderas y tubos de pólvora para defenderse de los ataques”.

El tercer momento lo constituye la eliminación de la oposición y de los liderazgos. Desde hace semanas, “andan casa por casa deteniendo a los jóvenes que representan las caras visibles de la oposición […] muchos aparecen muertos por las calles”. También se está persiguiendo a los líderes de la Iglesia que encabezan el diálogo, a estas alturas “muerto”. Es el caso del obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, a favor del cual la CIDH ha interpuesto medidas cautelares, que recientemente fue golpeado y zarandeado por turbas sandinistas. O el del obispo Abelardo Mata, cuyo vehículo fue atacado a balazos por paramilitares el fin de semana.

La dimensión simbólica de estos ataques refleja la trágica realidad a la que se enfrenta el país centroamericano. Recientemente la comunidad internacional ha intensificado la presión contra Ortega. Se han pronunciado Estados Unidos, el secretario general de la ONU y 12 países latinoamericanos para condenar los actos de violencia por parte de entidades ligadas al Estado. También se ha pronunciado España, a través del Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, y ayer la OEA, a través de un comunicado en el que pedía el adelanto de elecciones.

En Entreculturas creemos que la situación de Nicaragua exige una respuesta firme y contundente por parte de la comunidad internacional. Las llamadas al diálogo se muestran insuficientes si no se pide, como punto de partida, la renuncia de  Daniel Ortega. Además de instar al gobierno nicaragüense al respeto a los derechos humanos, hay que apoyar a las organizaciones que los defienden. Los Estados deben también respaldar la convocatoria de unas elecciones libres, transparentes y seguras, de las que resulte un  gobierno que devuelva al pueblo de Nicaragua la justicia, la libertad y la democracia.

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Imagen cedida por Entreculturas.

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