¿Cómo vamos en migraciones?

¿Cómo vamos en migraciones?

Cristina ManzanedoUn año más, el Defensor del Pueblo acaba de publicar su Memoria anual 2017. Recordemos que esta institución viene recogida en la Constitución, que le atribuye las funciones de analizar y supervisar la actuación de las administraciones públicas.

El Defensor del Pueblo realiza su función, mayoritariamente, a partir de las quejas de los ciudadanos expresando su discrepancia -y hasta su desaliento- por la actitud de las administraciones públicas. En materia de extranjería, el informe de este año señala tres deficiencias que el defensor estima deben ser urgentemente atendidas:

  1. Las más de 400.000 solicitudes de nacionalidad española por residencia que se encuentran pendientes de resolver en la Dirección General de los Registros y del Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia.

  1. Las 34.000 solicitudes de protección internacional pendientes de resolver en la Oficina de Asilo y Refugio de la Dirección General de Política Interior, dependiente del Ministerio del Interior.
  1. Las más de 29.000 personas que han sido interceptadas intentando acceder de manera irregular a España en el pasado año. La gestión de esta cuestión corresponde a la Dirección General de la Policía, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad. La acogida humanitaria de las personas en situación irregular que, por motivos diversos, no pueden ser repatriadas, así como la gestión de la acogida de los solicitantes de protección internacional, corresponde a la Secretaría General de Inmigración y Emigración, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El Defensor reclama mejoras en el sistema de primera acogida y solicita infraestructuras adecuadas, junto con personal y recursos suficientes, para atender de manera eficaz las reiteradas llegadas de personas.

Aunque los datos recogen situaciones diferentes, el Defensor del Pueblo estima que todas ellas muestran las carencias estructurales en la gestión de los procedimientos que afectan a un importante número de ciudadanos extranjeros que, por motivos muy diferentes, se encuentran en nuestro país.

El Defensor del Pueblo se queja amargamente de la ausencia de una política migratoria en España, que contemple el fenómeno de las migraciones en su totalidad y articule a los distintos organismos de las administraciones públicas con competencias en la materia. En vez de ello, asistimos a una realidad gestionada “a trozos” desde distintos Ministerios, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, sin armonización entre ellos, cuando no enfrentados entre sí. Quienes salen perdiendo, y mucho, son personas muy vulnerables.

En 2006 se creó la Agencia Estatal de Inmigración y Emigración, para el desarrollo y ejecución de las competencias estatales en materia de inmigración, así como para la asistencia y apoyo a los emigrantes españoles en el extranjero. La Agencia nunca llegó a ponerse en marcha y fue formalmente suprimida en 2015. Sin embargo, el Defensor del Pueblo estima que es urgente y necesario retomar esta propuesta para buscar un modelo de gestión integrada entre los distintos organismos involucrados, tanto de la Administración General del Estado como de las distintas comunidades autónomas y de los ayuntamientos, en función de sus competencias. El Defensor considera, además, que la financiación de la Agencia requeriría la creación de un fondo presupuestario de dotación mixta (Estado-comunidades autónomas) para que la Agencia pudiera atender al cumplimiento de sus funciones y especialmente al refuerzo financiero de las comunidades en las que se registre una mayor presencia de personas extranjeras.

Junto a estas realidades, que representan las situaciones de mayor vulnerabilidad y sufrimiento, ampliemos el foco de las migraciones para caer en la cuenta de que somos un país donde residen más de cinco millones de personas extranjeras, de los cuales más de tres millones son ciudadanos comunitarios (ciudadanos de la Unión Europea o familiares) y dos millones son nacionales de terceros países. Los principales colectivos de extranjeros residentes en España son el rumano, el marroquí, el británico, el italiano y el chino.

La mayoría de las personas extranjeras no comunitarias tienen tarjeta de residencia de larga duración (85%) lo que significa que llevan más de cinco años residiendo legalmente en España. Y casi un millón de personas extranjeras ha adquirido la nacionalidad española en estos últimos ocho años (2009-2016). Por otro lado, el número de personas con nacionalidad española que residen en el extranjero alcanza los 2.400.000. Más del 62% de los españoles que residen en el exterior residen en América y el 34% en Europa.

Estas cifras reflejan la sociedad dinámica y diversa que ya somos, de gente que viene y gente que va. Y ayuda, quizás, a mejorar la información que tenemos sobre los procesos migratorios que se están desarrollando en nuestro país y romper la imagen de “invasión” que a veces se maneja en algunos medios de comunicación y en nuestros propios imaginarios.

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Imagen extraída de: Pixabay

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