Valeria Méndez de Vigo. [Por su extensión, este artículo se divide en dos partes.  Ésta es la primera. La segunda se publicará mañana].

En este principio de año, es habitual volver la mirada sobre el año que acaba de finalizar y tratar de ver cuáles son los retos que nos deparará 2018 desde la perspectiva de la cooperación al desarrollo. En un mundo que afronta grandes retos, como las asimetrías de la globalización, la pobreza que afecta todavía a más de 800 millones de personas en el mundo, la desigualdad rampante, la lucha contra el cambio climático, las graves crisis humanitarias que provocan el desplazamiento de millones de personas, la violencia contra las mujeres o los desafíos que plantea la sociedad del conocimiento, por citar algunos ejemplos, cobra una especial relevancia  el compromiso de la comunidad internacional adquirido en septiembre de 2015: los Objetivos de Desarrollo y la Agenda 2030, la hoja de ruta, el itinerario que guiará la consecución hacia el desarrollo sostenible, de todos los países durante los próximos años.  La Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se completó, además, con el Acuerdo de París en diciembre de 2015, que establecía medidas para luchar contra los adversos efectos del cambio climático. Pues bien, en este contexto internacional, uno de los  primeros retos al que nos enfrentamos en este año 2018 es el de continuar poniendo en marcha esta Agenda, que supone  implementar y continuar con las de medidas para su cumplimiento en todos los países que forman la comunidad internacional.

En el caso de España, como en el de otros países donantes, implica el doble compromiso de trasladar todos y cada uno de los Objetivos a nuestra realidad y cumplir con nuestras obligaciones respecto a otros países como país donante. Aunque partimos con retraso, es importante que nuestro país establezca las medidas necesarias para poner en práctica los ODS y la Agenda 2030, de las que deberá presentar avances en la evaluación voluntaria en el Foro de alto nivel en julio de 2018.

La Agenda 2030 implica obligaciones para los países donantes en cuanto a su ayuda oficial al desarrollo  y ahí radica el segundo de los retos: aumentar la Ayuda oficial al desarrollo y mejorar su calidad. La Ayuda oficial al desarrollo parece tener cada vez menos relevancia, pero sigue siendo fundamental si se quieren afrontar algunos de los retos globales, constituye un cierto ejemplo de  redistribución de la renta a nivel global y permite encauzar la solidaridad a otros lugares del mundo. Pero es que, además, en España ha sido la política pública más castigada en los últimos años sin que haya, hoy por hoy, visos reales de recuperación. Con un porcentaje del 0,16% de la Renta Nacional Bruta en 2016 (si descontamos la operación de cancelación a deuda), la ayuda oficial al desarrollo es hoy una cantidad irrisoria. Urge aumentarla hasta el 0,4% al menos hasta el 2020 y volver a la senda del 0,7% de la Renta Nacional Bruta, tal y como señala la reciente proposición no de ley suscrita por los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. Además, la ayuda al desarrollo se aleja cada vez más del fin  de la lucha contra la pobreza y la desigualdad para ser utilizada como una herramienta para promover la internacionalización de las empresas o el control de las fronteras. De cara a los presupuestos generales de 2018, la Coordinadora de ONG de Desarrollo plantea seis propuestas que tienen por objeto aumentar la cantidad y mejorar la calidad de la ayuda.

En un mundo en el que todavía hay más de 800 millones de personas que viven en pobreza extrema y en el que hay una desigualdad creciente, es evidente que el tercer reto a afrontar debe ser luchar contra la pobreza y la desigualdad.  Tal y como se menciona en el reciente Informe sobre Desigualdad Global 2018, la desigualdad aumentó en todas las regiones del mundo desde la década de 1980. De hecho, el 1% con mayores ingresos a nivel global recibió el doble de ingresos que el 50% más pobre. La desigualdad creciente se relaciona también con la crisis de la democracia representativa, el surgimiento de populismos y las dificultades para la gobernanza global. Hay que abordar la crisis de desigualdad poniendo en marcha políticas fiscales, de empleo, de protección social y que inviertan fuertemente en servicios sociales básicos, sobre todo, en salud y en educación.

2017 ha sido un año de graves crisis humanitarias que urge afrontar en 2018. Tal y como señala el Humanitarian Overview 2018,  las crisis que afrontan Etiopía, Irak, Nigeria, Palestina, Sudán y Siria continuarán con toda probabilidad en este año. En otros países como Afganistán, Bangladesh, Myanmar, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Liberia, Mali, Somalia, Sudán del Sur, Yemen o Venezuela, la situación posiblemente se deteriore aún más a lo largo del año. En estos países, se deteriorará la seguridad alimentaria, se incrementarán los desplazados internos y aumentará el número de personas que necesiten protección. Por su parte, el Global Humanitarian Overview señala que los conflicto y los desastres naturales harán que más de 135 millones de personas necesiten asistencia humanitaria en 2018. El cuarto reto será atender a las situaciones de vulnerabilidad de millones de personas afectadas y afrontar las causas de las crisis y sus interrelaciones.

Las crisis humanitarias provocan el desplazamiento de millones de personas en el mundo, el quinto de los retos a afrontar en 2018. El 2017 ha sido un pésimo año para las personas refugiadas, con más de 65 millones de personas migrantes forzosas, más de 3000 muertes en el Mediterráneo, miles de personas atrapadas en Grecia, el incumplimiento de las cuotas de reubicación y reasentamiento por parte de los Estados miembros de la Unión, la externalización de las fronteras, un endurecimiento de los discursos en contra de las personas refugiadas en Europa y en Estados Unidos bajo la administración Trump. Y aunque no parece sencillo, a la vista del resurgimiento de partidos antiinmigración en Europa,  urge revertir esta situación en 2018, en que no se prevé una disminución de las personas desplazadas.  Los Pactos Mundiales sobre Migraciones y Refugio que se suscribirán en septiembre de 2018 suponen una oportunidad para  que la comunidad internacional  comparta la responsabilidad de acoger a las personas refugiadas de manera más equitativa y les ayude a reconstruir sus vidas.

Muchas son las causas que obligan a las personas a huir de sus hogares: la pobreza, la violencia y los conflictos y, últimamente, los desastres naturales y los efectos adversos del cambio climático. El informe del Consejo Noruego de Refugiados señala que, en 2016, había 24 millones de refugiados climáticos, cifra que se incrementará de manera exponencial en el futuro. El cambio climático es consecuencia de las emisiones de carbono, resultado de los hábitos de consumo y producción absolutamente insostenibles de los países ricos, pero cuyas consecuencias- en forma de graves fenómenos meteorológicos- sufren sobre todo las personas y comunidades más pobres. La lucha contra el cambio climático -y el cumplimiento de los Acuerdos de París- será el sexto de los retos fundamentales también para el próximo año.

2018

Imagen extraída de: Pixabay

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Abogada, con diversos cursos de posgrado en migraciones, derechos humanos, cooperación al desarrollo y dirección y gestión de ONG y liderazgo de entidades sociales. 25 años de experiencia en cooperación al desarrollo en diversas organizaciones (los últimos 12 en Entreculturas, como responsable de estudios e incidencia pública). Desde hace dos años, coordina la incidencia pública, las redes internacionales y la comunicación en el Secretariado de Justicia Social y Ecología de la Compañía de Jesús en Roma. Intereses: educación, participación y refugio/migraciones, derechos humanos. Autora y coordinadora de numerosos artículos y publicaciones.
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3 Comentarios

  1. […] en copar los espacios de los distintos medios de comunicación. Como sucede, por ejemplo, con la Agenda 2030 a la que hay que volver de vez en cuando, pidiendo disculpas de no tenerla encumbrada en las […]

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