Miseria y nobleza de la política

Miseria y nobleza de la política

Pepe RodadoEs habitual que en las conversaciones de todo tipo, cuando aparece el tema político, haya algunos elementos comunes: una crítica más o menos despiadada contra los políticos, como aprovechados y corruptos; un rechazo a los partidos políticos, como maquinarias que sólo buscan el poder, ajenos a lo que la gente vive, y una consecuente afirmación de no querer saber nada de política. Es difícil huir de estos lugares comunes intentando introducir distinciones y matices. Más aún, si intentando separar el grano de la paja subrayas el valor, la importancia, la necesidad y la dignidad de la tarea política. En este caso, la experiencia suele ser frustrante. Como mínimo, ésta es mi experiencia.

Es por todo ello que quiero destacar el valor político del camino recorrido hasta la aprobación de la Renta Garantizada de Ciudadanía, que esperamos que pueda ser aprobada en el Parlament el próximo 12 de julio.

Vayamos a seis años atrás, en el verano de 2011. El Gobierno de la Generalitat (de CiU en ese momento) decide detener y modificar, endureciéndola, la aplicación de la Renta Mínima de Inserción, conocida como PIRMI. La indignación de muchas personas y colectivos se hace oír. También en las Asambleas de Parados. En la de Barcelona surge la idea de recuperar un artículo olvidado del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 que dice: “Las personas o familias que se encuentran en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una Renta Garantizada de Ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna, de acuerdo con las condiciones que legalmente se establecen” (art. 24.3). Y pasando de la indignación a la acción, se recupera una posibilidad de acción política (que mucha gente desconoce) como es la Iniciativa Legislativa Popular. Un grupo de personas decide sacar adelante una Ley que concrete el artículo citado del Estatuto. Redactada la propuesta de Ley, con la aportación de expertos, y presentada en el Parlamento, comienza un largo período impulsado por una Comisión Promotora de 30 personas: constitución de fedatarios, recogida de firmas (se necesitan 50.000), charlas y acciones de sensibilización por todo el territorio, captación de apoyo de entidades de todo tipo y ayuntamientos… Se validaron 121.191 firmas y se comenzó la tramitación en el Parlament, por vía de urgencia, en marzo de 2014. ¡Y tres años después estamos a punto de aprobarla!

La cantidad de acciones, las muchísimas personas y entidades implicadas, la acción perseverante en el tiempo afrontando todo tipo de adversidades, y sobre todo, la gran unidad y consenso respecto a la importancia de este nuevo derecho de cara a las personas en situación de pobreza, han sido primordiales.

En suma, una experiencia de incidencia política que pone de relieve el valor de la voluntad popular, del proyecto común y de la constancia, para llegar a una real acción política a favor de la ciudadanía, en este caso, de los más desfavorecidos. Una experiencia política también en cuanto a la necesidad de diálogo y negociación: ¡Ha habido que hacer renuncias para llegar a un acuerdo! Una experiencia política de participación de entidades muy diversas pero que han coincidido en un aspecto social relevante. Sin duda que las cosas siempre se pueden hacer mejor, pero creo honestamente que ésta ha sido una experiencia política en el sentido más noble de la palabra. Un ejemplo del valor, la importancia, la necesidad y la dignidad de la política, la acción que trata los asuntos comunes de la ciudadanía.

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Imagen extraída de: El Periódico