Honduras, un país en la cuerda floja

Honduras, un país en la cuerda floja

Dani VilaróHablamos demasiado poco de Honduras y ya es uno de los países del mundo más peligrosos para los defensores y defensoras de derechos humanos y para el activismo social, en especial el vinculado a la defensa de la tierra y del medio ambiente.

La violencia que sufre la población, protagonizada por la delincuencia organizada, alcanza unos niveles insoportables. El índice de homicidios en Honduras es de 64 personas por cada 100.000 habitantes (por ejemplo, el de España es de 0,6; en Irak, del 48) y obliga cada año a miles de personas a huir del país. Esto no sólo ocurre en Honduras. Toda la región del llamado Triángulo Norte (además de Honduras, Guatemala y El Salvador) soporta niveles de violencia casi bélica, aún sin sufrir ningún conflicto abierto.

Son personas que no se someten a la violencia, que han sido testigos de delitos, que sufren acoso, agresiones y extorsión. Muchos jóvenes tienen que hacer una elección terrible: sumarse a los grupos de delincuentes o huir del país. En Europa, a menudo con la mirada corta, hablamos de la crisis de refugio en el Mediterráneo, pero olvidamos una cuestión importante: que la crisis de personas en movimiento es global, que pasa por doquier. Y que Centroamérica justamente es uno de los puntos calientes y de evolución creciente más preocupante.

Quien huye de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, tiene que afrontar un viaje muy peligroso y muchas veces letal atravesando México de camino a los EE. UU. Víctimas de los grupos de narcotraficantes, de explotadores sin escrúpulos, de la corrupción policial o militar, muchas de estas personas simplemente desaparecen como si la tierra se las tragara. Otros, los más «afortunados», serán deportados de vuelta a su país por México o los EE. UU., pero entonces deberán afrontar de nuevo las amenazas que inicialmente les habían llevado a emprender el viaje.

Centrémonos, sin embargo, en la violencia que promueve y favorece el propio estado hondureño. Como señalaba antes, ser defensor o defensora de derechos humanos en Honduras es muy arriesgado. El país ya ha alcanzado la cifra más alta de homicidios per cápita de activistas ambientales: el 65% de los homicidios contra defensores y defensoras de la tierra el año pasado pasó en América Latina. Activistas, líderes comunitarios, periodistas, abogados…, son colectivos especialmente expuestos a sufrir violencia. Si sumamos la debilidad de un sistema de justicia que favorece la impunidad efectiva, nos topamos con una situación dramática: más del 90% de los homicidios y abusos contra defensores y defensoras de derechos humanos quedan impunes.

En toda la región, pero especialmente en Honduras, se da un enorme y preocupante círculo vicioso de cuatro factores, que impactan de lleno sobre el activismo social y los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación. El cóctel letal está formado por la estigmatización y la criminalización del activismo social, la desprotección, la violencia física y, finalmente, la impunidad.

Ante esta situación explosiva, las autoridades hondureñas miran hacia otro lado. Si bien es cierto que existe una Ley de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Periodistas y Operadores de Justicia, ésta sigue sin aplicarse adecuadamente. Hay, de facto, un sistema de dos velocidades en la justicia en Honduras. Una, muy lenta, para las violaciones de derechos humanos (como por ejemplo las cometidas durante y después del golpe de estado de 2009, que siguen impunes): amenazas, agresiones, acoso y crímenes de activistas rara vez llegan a juicio y las investigaciones se eternizan. Y otra, muy rápida, basada a menudo en acusaciones sin fundamento, para perseguir a quien defiende derechos humanos o recursos naturales o comunitarios.

Este escenario se completa con un enfoque inadecuado, ineficaz, de seguridad pública, que incorpora el ejército y las fuerzas militares especiales para combatir el crimen organizado. Recurrir al ejército para gestionar situaciones de orden público, por extremas que sean, conlleva graves riesgos, tales como el uso excesivo de la fuerza, como también ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo hemos visto en México. Lo vemos ahora en Honduras: la presencia de fuerzas militares, ¿rebaja o sube la tensión social? Desde Amnistía Internacional pensamos que no es la solución ni el camino a seguir.

Hace pocos días asistíamos a la tercera suspensión de la vista preliminar de cuatro de las ocho personas acusadas de haber participar en el asesinato de la activista Berta Cáceres, en marzo de 2016. La vista se suspende una y otra vez porque el Ministerio Público no entrega la información probatoria a las partes. De la autoría intelectual del asesinato, ni una palabra. El caso de Berta Cáceres, que tomó relevancia internacional por la notoriedad de la activista y puso en el mapa la delicada situación de derechos humanos que sufre Honduras, es una muestra de todo lo que estamos explicando. La impunidad sigue siendo uno de los principales retos de Honduras, y lo que está pasando con este no-juicio genera muchos interrogantes sobre la verdadera voluntad de las autoridades de investigar de manera independiente el crimen de Cáceres.

La impunidad, que en Honduras es norma, alimenta la bestia y favorece que otras personas sigan muriendo. Personas que son consideradas como un objetivo legítimo de ataque, porque cuando se atreven a defender el medio ambiente son calificadas como «enemigas del progreso». En la reciente visita a Cataluña de Ismael Moreno, conocido como al Padre Melo, periodista y activista social hondureño, él mismo describía como después de pasar por todas las fases de criminalización, estigmatización, amenazas, agresiones…, a muchos sólo les queda «evitar la eliminación física». Terrible. Esta cadena, estas etapas no son casuales: buscan el desgaste, expulsar de la arena pública personas como el Padre Melo o Berta Cáceres. Desarticular movimientos y organizaciones sociales que defienden pacíficamente el territorio y la naturaleza de megaproyectos de minería o extracción de madera.

Estados como Honduras deben reconocer el trabajo legítimo de quien se moviliza para defender la dignidad, la igualdad de derechos o la tierra. Los estados deben garantizar libertad y seguridad para esas personas y protegerlas, no perseguirlas. Situadas en primera línea de la defensa de los derechos humanos en contextos complicados, es necesario que todas las organizaciones sociales denunciemos los ataques y abusos que sufren, les apoyemos sin reservas y reconozcamos que defender los derechos humanos en todas partes es defendernos a todos y cada uno de nosotros.

Honduras

Imagen extraída de: Pixabay