Valeria Méndez de Vigo y Carla Sala Rull. El creciente clima de hostilidad a la entrada de personas refugiadas en territorio europeo ha derivado, en gran medida, de las políticas migratorias cada vez más restrictivas hacia aquellos que buscan refugio seguro. Estas políticas restrictivas tienen su reflejo en los recientes discursos adoptados en el seno de los Estados miembros de la Unión Europea. Sin embargo, las personas refugiadas siguen huyendo de sus países de origen. Según ACNUR, 65,3 millones de personas se han visto forzadas a abandonar su lugar y 21,3 millones son refugiadas[1].
En setiembre de 2015, la Comisión Europea propuso a los Estados miembros la reubicación de 160.000 personas y el reasentamiento de 20.000 en el plazo de dos años. A día de hoy, el número total de reubicaciones realizadas por los Estados miembros de la Unión Europea asciende a 13.546 y el de reasentamientos a 14.422[2]. En el caso de España, solo se ha acogido a 1.212 refugiados de los 17.337 comprometidos, de los cuales 878 lo han sido vía reubicación y 334 vía reasentamiento. La falta de voluntad política se refleja en el nivel de incumplimiento de las cuotas, dado que la mayoría de Estados aún está muy lejos de alcanzarlas. Ante el fracaso en la gestión migratoria, los Estados miembros han optado por tratar de impedir que refugiados y migrantes puedan entrar en su territorio.
Pero es que, además, las medidas contra las personas migrantes en situación irregular se han endurecido considerablemente. El pasado 2 de marzo, la Comisión Europea se posicionó duramente en contra de aquellas personas consideradas migrantes económicos que no tienen derecho a asilo. En este caso, se pide a los Estados que con las personas que se encuentran en situación irregular amplíen hasta el período máximo de detención previsto en la Directiva de Retorno (18 meses). De este modo se pretende fomentar la expulsión de migrantes en situación irregular incrementando el número de retornos a sus países de origen. Las políticas migratorias por parte de Europa ya se endurecieron desde principio de año, fomentando desde entonces, el retorno de los migrantes en situación irregular.
El pasado 3 de febrero tuvo lugar la Cumbre de Malta donde se reunieron los jefes de Estado de la UE para debatir sobre los aspectos exteriores de la migración, concretamente sobre la ruta del Mediterráneo Central. La resolución del Consejo Europeo tiene como objetivo garantizar el control de las fronteras exteriores y contener los flujos ilegales hacia la UE a través de un nuevo acuerdo con Libia. Tras el acuerdo entre la UE y Turquía, que acaba de cumplir un año, se redujeron drásticamente las llegadas de personas refugiadas a través de la ruta del Mediterráneo Oriental. Pero gran parte de las 50.000 personas refugiadas y migrantes siguen en campos en Grecia, en malas condiciones y en un clima de desesperanza cada vez mayor. También las muertes en el mar se incrementaron. A finales de 2016, las muertes en el Mediterráneo ascendieron a 5.000 personas frente a las 3.771 ocurridas en 2015 y en lo que va de año, 336 personas han perdido la vida en el mar. La ruta del Mediterráneo Central se ha convertido en la vía más peligrosa de entrada a Italia, con más de 180.000 llegadas en 2016, en su mayoría procedentes de Libia. Con el nuevo acuerdo, la UE pretende devolver a Libia a los migrantes en situación irregular, mejorando la vigilancia de las fronteras terrestres, formando y apoyando a los guardacostas libios, bajo el pretexto de frenar a los traficantes de personas e intensificar las operaciones de salvamento. Además, el Consejo Europeo de Justicia y Asuntos de Interior se reunió el 27 y 28 de marzo para seguir adelante con las medidas que considera necesarias para frenar la entrada de inmigrantes en situación irregular, entre éstas, reforzar las fronteras exteriores a la UE y aplicar una política de retorno más eficaz.
Las respuestas no se han hecho esperar. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha denunciado los intentos de la Unión Europea de externalizar la política migratoria. Diversas organizaciones sociales han reclamado la necesidad de respetar los derechos humanos y no poner en riesgo la vida de aquellas personas que buscan asilo. Devolver a las personas que buscan refugio a terceros países no seguros o contenerlas en precarias condiciones es exponerlas a vulneraciones de derechos humanos. La respuesta para acabar con el tráfico de personas debe ser la apertura de vías de acceso legales y seguras a Europa y no los acuerdos restrictivos para frenar la migración. Estos acuerdos, lejos de solucionar y de gestionar de manera adecuada las migraciones, contribuyen a vulnerar los derechos fundamentales de las personas, lanzan con claridad el mensaje de que no son bienvenidas- en muchos casos, violando el derecho humanitario y de asilo- en este sentido, contribuyen al incremento de la xenofobia en las sociedades de acogida y no logran los objetivos que dicen perseguir, como acabar con las mafias. En el 60 aniversario de la Unión Europea, urge reivindicar una Europa con los principios y valores fundacionales de justicia, libertad, solidaridad y defensa del Estado de derecho, que brinde protección y acogida a las personas refugiadas y migrantes y que garantice sus derechos fundamentales. Como señalan diversas organizaciones sociales, solo una Europa que defienda los derechos de las personas, sin excepción, puede estar orgullosa de sí misma.
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[1] ACNUR. Figures at a Glance. Recuperado de: http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html#_ga=1.158932604.71766360.1488889294
[2] Comisión Europea. (2 marzo 2017). La Comisión pide nuevos esfuerzos en la aplicación de las medidas de solidaridad previstas en la Agenda Europea de Migración.
Ilustración de Vanesa Amutio.