Impostores legales

Impostores legales

Manfred NolteMargrethe Vestager, es la intrépida heroína que asalta con las solas armas de la legalidad comunitaria a los poderosos que abusan de sus privilegios, en este caso de sus privilegios fiscales. Comisaria europea de Competencia, la danesa Vestager (Glostrup, 1968), es una de las figuras más pujantes de la capital de Europa. Dedicada a la política desde los 21 años, ha sido parlamentaria representando al Partido social liberal danés entre 2001 y 2014, líder de su partido entre 2007 y 2014 y Ministra de Asuntos económicos e Interior entre 2011 y 2014. Meses atrás ha iniciado sus particulares batallas titánicas contra  la estadounidense Google o el gigante paraestatal ruso Gazprom, frentes que Almunia, su predecesor, nunca logró embestir. También sobre Fiat y Starbucks. Margrethe sigue la estela de otra dama de hierro, la británica, pero a diferencia de aquella es ‘próxima, amable y extremadamente educada’, según dicen quienes la conocen más estrechamente.

Ahora la Comisaria Vestager ha propinado un monumental puñetazo a la inmunidad fiscal de una de las mayores multinacionales del planeta: la tecnológica estadounidense Apple Inc. que diseña y produce equipos electrónicos y software, con sede principal en Cupertino, USA y otra más modesta en Dublín. Esta última es justamente la que ha destapado la caja de los truenos. “Los estados miembros no pueden conceder beneficios fiscales a empresas seleccionadas. Eso es ilegal bajo las reglas de ayudas de estado comunitarias”, ha aireado la Comisaria Margrethe Vestager.

El tema en cuestión es el siguiente, relatado en dos tiempos.

El primero: Apple tiene centros de facturación en un sinnúmero de países a lo largo y ancho del planeta, y como es lógico genera en cada uno de ellos un beneficio atribuible al mismo. Dicho beneficio constituiría una base tributable relativa y arrojaría una cuota a pagar que se ingresaría en las arcas de las haciendas de cada uno de los referidos países. Pero aquí surge la sofisticada ingeniería financiera. Con la ayuda de avezadas firmas contables y bufetes de abogados se logra maquillar de forma legal –mientras no se demuestre lo contrario- las cifras de ingresos y sobre todo las de gastos en un país en cuestión. Es lo que se conoce en la jerga tributaria de las multinacionales como la política de ‘gastos de transferencia’. Las cuentas de resultados de las filiales en cada país soportan una serie de gastos de la central financiera que reducen notoriamente los beneficios locales. Así, contribuciones a los costes de estructura internacionales, propiedad intelectual, royalties, publicidad, imagen de marca y otros. Todos esos gastos llevan a un beneficio atribuible despreciable y despreciable resulta, en consecuencia, la cuota impositiva ingresada en las haciendas de cada país.  El grueso del beneficio se remansa en el centro de facturación elegido, la sede financiera de Apple, que en el caso que nos ocupa es Dublín.

Segundo tiempo: El párrafo anterior muestra cómo se desvían ‘legalmente’ los beneficios generados en un país determinado hacia un centro financiero de baja tributación, en este caso a Dublín, donde el tipo del impuesto de sociedades es del 12,5%,  muy inferior al de los EEUU y menos de la mitad de la media de países Europeos, extremo que, debido a diversas circunstancias, está autorizado por la Comisaría de competencia europea. Pero a los gestores de Apple aún les ha parecido excesivo el tipo de gravamen irlandés y han acudido a una nueva artimaña, que, según la Comisaria Vestager vulnera la legalidad comunitaria: la firma de Apple con el fisco irlandés de un traje fiscal a la medida denominado ‘tax ruling’. Según lo pactado bajo dicha figura Apple se ha visto beneficiada durante casi un cuarto de siglo por condiciones que no son aplicables al resto de sus competidoras. Eso es lo que la Comisión califica de ayuda de Estado, y es ilegal porque viola los principios de competencia. Recordemos que los acuerdos citados son habituales en países como Luxemburgo u Holanda. En Luxemburgo (Luxleaks) fueron denunciados por dos empleados de  la consultora Price Waterhouse, pero en el caso de Apple Margrethe Vestager se ha bastado por sí sola con su equipo para desenmascarar la farsa legal. Para dimensionar el fraude incurrido, y la consiguiente lesión de los intereses de las empresas de la competencia, frente al referido tipo del 12,5% aplicado a los beneficios de las sociedades en Irlanda el ‘tax ruling’ se fijó en 2011 en el 0,05%, por lo que los 16.000 millones de euros de beneficios anuales proporcionaron a las arcas públicas irlandesas apenas 10 millones de euros. En 2014 el pacto fijó el tipo real en el  0,005%. Como consecuencia de todo ello, la Comisaria Vestager exige a Apple que abone 13.000 millones de euros más intereses, diferencia entre las prácticas generalmente autorizadas y el pacto particular fraudulento.

Irlanda no puede negarse a aceptar la liquidación complementaria. Naturalmente, tanto la empresa como el país esmeralda apelarán la decisión y recurrirán ante los tribunales europeos. En todo caso los plazos se alargarán varios años, pero el precedente de la sagaz danesa, Comisaria de la competencia, puede abrir el camino para erradicar una de las plagas legales que afectan a nuestra convivencia democrática.

El caso Apple, es uno más de una larga cadena. A principios de 2010, Google dejaba atónitos a ciudadanos franceses y del Reino Unido, al conocerse la noticia de que el mítico buscador evaporaba su carga impositiva en estos dos países transfiriéndola a otro de fiscalidad dulce, en este caso Irlanda, donde la multinacional californiana tenía fijado su domicilio fiscal. Poco antes la farmacéutica Glaxo Smith Kline zanjaba una larga disputa con las autoridades USA abonando 3.100 millones de dólares como sanción a una elusión mal disimulada.

No mucho después, el ‘Comité de Cuentas Públicas’ del Parlamento británico llamó a declarar a un puñado de gigantes globales que operaban en su territorio al módico precio de poco o nada. Resulta que Google reportó ventas de más de 4.000 millones de euros en el Reino Unido en 2011 y apenas pagó 10 en impuestos. Starbucks facturó 400 millones de libras sin dejar al fisco un solo penique. Amazon vendió 3000 millones de libras y pagó dos. La Señora Hodge, relatora y Presidenta del Comité reconoció que Google, Amazon y Starbooks  estarían cumpliendo previsiblemente con las leyes fiscales, lo que no le ha impedido manifestar a los convocados que “no les estamos acusando de ser ilegales, sino de ser inmorales”.

Ahora, presuntamente en el caso de Apple, también ilegales.

Por cierto, como Bruselas tiene en su poder el detalle de los impuestos que  el gigante estadounidense ha dejado de pagar en cada país europeo entre los años 2003 y 2014, la Comisaria de Competencia anima a estos a que hagan inventario del comportamiento fiscal de la empresa de la manzana en sus respectivas jurisdicciones. Obviamente, aunque la recomendación tiene gran fundamento, en el nuestro no está el horno (político) para bollos. Por el momento.

Margrethe Vestager

Imagen extraída de: Politico

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