El derecho universal del refugio

El derecho universal del refugio

Àngel MiretHabrá una sola ley, un mismo derecho, tanto para vosotros como para el extranjero que mora entre vosotros. (Números 15,16)

Las personas refugiadas escapan de aquellos estados donde se ha desvanecido lo que es fundamental para garantizar la calidad vital y psicológica de un ser humano: la seguridad de que la vida de cualquier persona tiene un valor esencial para el conjunto de la sociedad y para las instituciones públicas. Cuando este principio de convivencia y humanidad es vulnerado, las personas afectadas deben encontrar en el resto de estados del mundo cobijo y ayuda para rehacer su vida. Es un deber básico para cualquier estado y un derecho de toda persona por el solo hecho de serlo. Y así lo reconocen los tratados internacionales suscritos por los estados democráticos.

La persona refugiada marcha de su casa porque ve peligrar su vida por razones ideológicas o bien por pertenecer a una determinada etnia, por practicar una religión, por razón de género o de orientación sexual… por cualquiera de los motivos que una sociedad democrática considera que forman parte de la diversidad aceptada, e incluso querida y enriquecedora.

Desgraciadamente, el desprecio por la vida humana no ha sido infrecuente en el curso de la historia. Todo lo contrario. Lo sabemos bien. Y en los tiempos actuales seguimos exactamente igual. No es sólo el caso de Siria y de Irak, ahora de máxima actualidad informativa. Hay muchas otras geografías por todo el mundo: Ucrania, Mali, Eritrea, Somalia, Afganistán… donde la vida tiene muy poco valor.

En el inabarcable universo que nos rodea, la especulación sobre el cual nos deja sumidos en la estupefacción ante los enigmas que esconde, el planeta Tierra no es más que una ínfima parte del mismo. Los seres que convivimos en él, aparte de nuestras reiteradas desavenencias y discordias de más o menos relevancia, conformamos indudablemente una comunidad. Una comunidad -la humana- que tiene una fuerte identidad y que debe mantener unos objetivos compartidos, que pueden resumirse en la búsqueda del bien común, entendido tanto en su perspectiva comunitaria como individual.

Incluso el Código Penal español, como la mayor parte de la normativa penal de todo el mundo, prevé en el artículo 159.1 una sanción a aquél que no ayudase a una persona que se encontrase desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiera hacerlo sin riesgo propio ni de terceros. Si esta sanción penal, fruto de una determinada norma no sólo jurídica sino sobre todo moral, la podemos aplicar a la interrelación entre individuos, en la representación política del conjunto de ciudadanos que representa el estado, constituiría una gravísima vulneración moral y jurídica su incumplimiento.

Actualmente hay en el mundo más de 60 millones de personas refugiadas, un número equivalente al conjunto de la población italiana o la francesa. Es verdad que en nuestro país tenemos muchos problemas, entre otros la pobreza que se ha extendido como una mancha de aceite en estos últimos años, pero las personas refugiadas se encuentran sobre todo en estados mucho más pobres que cualquiera de los que forman la Unión Europea. Están en Jordania, en el Líbano, en Egipto, en el Sudán, en Nigeria, en el Yemen… más del 80% de los refugiados han encontrado albergue en países pobres. El concepto de pobreza es relativo: vivir la pobreza en Europa no es lo mismo que vivirla en cualquiera de estos países.

Mientras tanto en Europa cuesta mucho que los estados se pongan de acuerdo para acoger unos pocos cientos de miles de personas refugiadas, a pesar de que en el conjunto de la población europea, superior a los 500 millones de personas, representan un porcentaje muy pequeño.

Esta Europa a muchos no nos gusta, la Europa egoísta que quiere preservar su bienestar y cerrar los ojos a una realidad de la que, por otra parte, no ha sido en otros tiempos ajena.

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Imagen extraída de: eldiario.es

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