Aislar a la xenofobia #2015electoral

Aislar a la xenofobia #2015electoral

Xavier Alonso. Los que conocen la historia reciente de la política de inmigración en España, coinciden en que en el año 2000 se truncó el consenso entre los dos grandes partidos acerca de las líneas maestras de dicha política. El borrador de la segunda ley de extranjería de la democracia fue consensuado por la mayoría de los partidos en el Congreso de los Diputados, pero en última instancia no recibió el apoyo del PP, que gobernaba. La Ley orgánica 4/2000 se aprobó sin sus votos. Y tras las elecciones del 12 de marzo de 2000, el PP, con mayoría absoluta, aprobó la ley orgánica 8/2000. ¿Qué consenso se quebró?

El consenso que se quebró fue la tradición de consensuar la política… El consenso no tiene por qué estar relacionado con discursos electorales explícitos. En una materia tan sensible como es la inmigración, puede consistir en hablar contenidamente en los medios de comunicación, no estigmatizar a los inmigrantes o a las confesiones religiosas, pactar cambios legales en vez de imponerlos, etc. Los partidos y sus líderes deben asumir esa responsabilidad. Plataforma x Cataluña, un partido xenófobo, obtuvo representación en las elecciones municipales de 2003 y 2011, y aquí el consenso consistiría –suponemos- en aislarlos, no darles juego en los debates, no competir por el mensaje. El PP asumió un reiterado discurso xenófobo en Badalona. Sin duda, es difícil y hasta incoherente que un partido renuncie a competir por un espacio electoral, por mucho que uno de los competidores sea xenófobo… Por eso, el debate electoral debe afrontar la dificultad comunicativa que entraña hablar de inmigración, pero sin caer en el coqueteo con las frases y las ideas de los xenófobos. La competición contra ellos ha de ser con amenazas penales e iniciativas legales, con discursos éticos, con movilizaciones ciudadanas. Una especie de “ni un paso atrás” cívico y también institucional.

Pero el consenso debe ir más lejos. La presencia de la inmigración extranjera en España evoca otras realidades españolas, realidades que ya no son extranjeras. Muchos asocian a los extranjeros con el Islam, y otros asocian el Islam al yihadismo… Lo mismo que se asocia a los extranjeros con el hecho de que los españoles tengan menos trabajos que escoger. Por ello, no deben ni sugerirse esas conexiones mentales que muchos hacen. Hay que entender los miedos de la sociedad, pero no reforzarlos; y hacer política eficientes, tendentes a “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social” (artículo 9.2 de la Constitución). Algunos estatutos de autonomía, como el catalán, recogen literalmente estas frases de la Constitución. Es pues un contenido absolutamente esencial de nuestra cultura política.

No reducir derechos y restituir el derecho de acceso a la sanidad

En el debate electoral habrá propuestas de políticas, concreciones de cómo se gestionará o cómo se regulará la inmigración. Todas deberían ir en el sentido de la igualdad. El derecho de todos, con o sin papeles, de acceso a la asistencia sanitaria, conseguido en la Ley orgánica 4/2000, se truncó en 2012 (Real Decreto Ley 16/2012), sin ningún tipo de debate parlamentario. Un derecho conseguido tras quince años de luchas, movilizaciones, sentencias, negociaciones, buenas prácticas profesionales; un derecho que existió desde el 2000 –en algunas comunidades autónomas, desde antes- sin problemas significativos de orden presupuestario ni de gestión, fue pulverizado por el Gobierno en un instante. Ante la supresión del derecho en 2012, algunas comunidades autónomas han aprobado sus propias normas restituyendo, en grados diferentes, la universalidad del derecho: Andalucía, Canarias, Galicia, Cataluña, Euskadi, Navarra, Valencia… Algunas gobernadas por nacionalistas, otras por la derecha, otras por la izquierda. Entendemos que la preocupación política por restaurar el derecho no era solo la dignidad de los extranjeros, sino la cohesión de toda la social.

Si el Estado nunca ha sido capaz de evitar la irregularidad, si siempre habrá personas en situación irregular, si en la legislación hay un sistema para regularizarlas (las diferentes modalidades de autorizaciones de residencia por arraigo), no es ni necesario -ni ético- dejar a dichas personas sin derechos básicos. En consecuencia, una propuesta para las elecciones del 20D es la restitución de la universalidad en el acceso a la sanidad. Y si hablamos de restituir derechos, debemos, por supuesto, pedir que ningún otro derecho sea recortado o suprimido. Si un determinado derecho lo tienen ahora los extranjeros residentes (“con papeles”), que siga siendo así, como mínimo. Si un determinado derecho lo tienen ahora todos los extranjeros (con o “sin papeles”), que siga siendo así, como mínimo.

Financiar suficientemente los grandes servicios públicos

Los derechos de los extranjeros en España relacionados con la educación, los servicios sociales, la sanidad, etc., tienen que ver no solo con una regulación jurídica sino con la existencia de servicios públicos capaces de gestionar toda la demanda, servicios suficientes y de calidad. Durante la crisis económica iniciada en 2008 (y que aun persistirá en la próxima Legislatura, la XI) se agudizaron algunas desigualdades ente extranjeros y españoles. Por ejemplo, la escuela pública tiene, cada vez más, más alumnos extranjeros que la privada, y entre los extranjeros hay más paro que entre los españoles. Para conseguir la igualdad o, como dice la Constitución, para “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas”, es necesario financiar el estado de bienestar. Lo servicios básicos necesitan financiación, y no recortes. Desde 2005, una de las vías de financiación de la política de inmigración ha sido el Fondo estatal para la integración de los inmigrantes, “que se dotará anualmente” (artículo 2.ter de la Ley de extranjería). Este fondo, que el Estado distribuía a las comunidades autónomas con criterios consensuados entre todas las administraciones, llegó a disponer de 200 millones de euros en 2009, pero fue vaciado del todo (0 euros) en 2012. Debe volverse a dotar presupuestariamente este fondo, al menos al nivel de 2009.

Eficiencia y garantía de los derechos humanos en el sistema de control

La política de inmigración tiene aspectos duros, que no son fáciles de defender. Por ejemplo, las fronteras. Para todo aquel que crea que pese a todo las necesitamos -entre los que me incluyo-, existen una serie de propuestas: mejora material y de garantías jurídicas en los centros de internamiento de extranjeros; aplicación de las medidas alternativas al ingreso en estos; más eficiencia en la gestión de fronteras y en las operaciones de salvamento marítimo, siempre con la garantías de respeto de los derechos humanos; más rapidez en la gestión de visados y autorizaciones de residencia, incluso más eficiencia y garantías en las expulsiones –por seguridad jurídica-; programas de retorno voluntario; mejoras materiales y de recursos humanos en las oficinas de extranjería, etc.

No tocar el arraigo

Uno de los elementos más importantes y originales de la política de inmigración española es el sistema de regularización por arraigo. Desde 1986, España había ido realizando regularizaciones masivas de inmigrantes en situación irregular. Además, la legislación fue creando un sistema para ir salvando casos individuales, primero mediante exenciones de visado y después con expedientes de arraigo. Este sistema cobró una importancia cada vez mayor desde 2005, y como en 2008 la UE impidió las regularizaciones masivas (Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo), el arraigo es ahora el único medio de que disponemos. En 2014, por ejemplo, más de 37.000 personas disponían de autorización de residencia por arraigo. El sistema de arraigo no debe ponerse en cuestión.

Las CCAA y la pluralidad lingüística del país

La tendencia a que el sistema inmigratorio español requiera a los inmigrantes “informes de integración”  (para la regularización por arraigo, la renovación de la autorización de residencia, o la naturalización) se contradice con la falta de un modelo claro de “prueba” de dicha integración. Un modelo que debe respetar las competencias de las CCAA y la pluralidad lingüística del país.

Inmigración y refugio

Y finalmente, la política de inmigración, en el debate de las elecciones del 20D, no puede ser ajena ni a la participación en la política de la UE ni a la exigencia de un compromiso claro de España de acogida de refugiados de Siria, Eritrea, Irak… Refugio e inmigración no se pueden disociar en la mayoría de aspectos de ambas realidades: hablamos siempre de personas.

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Imagen extraída de: Ethic