Arrancar la mordaza, conquistar la comunicación desde abajo #2015electoral

Arrancar la mordaza, conquistar la comunicación desde abajo #2015electoral

Jordi de Miguel Capell / Suso LópezDesde el momento mismo en el que inició su tramitación parlamentaria, y más si cabe desde su entrada en vigor el pasado 1 de julio, la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como “Ley Mordaza”, ha sido uno de los temas presentes en el escenario de campaña permanente en el que nos movemos hacia las elecciones generales del próximo 20 de diciembre.

La prensa internacional puso el grito en cielo: “En el camino a la dictadura”, tituló el diario alemán Die Tageszeitung; ONG’s y movimientos sociales se rebelaron en la calle y en los organismos internacionales contra su aprobación; y la oposición en bloque ha manifestado su intención de derogar la norma si la configuración de mayorías en el Congreso de los Diputados cambia tras los comicios.

No hace falta que el New York Times o The Guardian insistan en su naturaleza antidemocrática; tampoco que las Naciones Unidas pidan su retirada. El propio calificativo de “Ley Mordaza” con el que el texto ha sorteado su tramitación parlamentaria muestra, con cruda precisión, el punto en qué nos hallamos. Para cualquier gobierno que quiera establecer un mínimo diálogo con la sociedad que dice representar, la derogación de esta ley debe constituir una medida urgente e inaplazable. Nada de lo que sigue puede atenderse sin esta consideración previa.

Consuelo menor, pero si algo bueno nos ha dejado la aprobación de la “Ley de Seguridad Ciudadana” es un nuevo punto de vista desde donde observar con qué actores se cuenta a la hora de hablar de comunicación y democracia. La prueba: tiene diez segundos para recordar qué medios denunciaron en portada la aprobación de una norma que ataca sin ambages la libertad de expresión. 1, 2, 3… Tiene diez más para recordar qué colectivos pidieron su derogación en las calles. ¿Fueron periodistas? ¿O fueron los mismos movimientos sociales que claman por un sistema democrático más justo?

Conviene, con todo, recordarlo: la “Ley Mordaza” es, en parte, el yugo impuesto a un mulo fatigado; la restricción de una realidad, en parte, ya gangrenada. No es que en los últimos años se hayan cruzado las líneas rojas, es que se han borrado por completo. Basta enumerar: burlona concentración de medios privados y reparto discrecional de frecuencias; gestión partidaria, recortes y machetazos (cuando no eliminación) de medios públicos; precarización laboral extrema; manipulación informativa… Todo aderezado con un esperpéntico sentido de la libertad de expresión, teatralizado con espasmos ahora heroicos (“Todos somos Charlie Hebdo”), ahora marrulleros (“Zapata criminal”). Y todo ello con la connivencia de una mayoría de medios de comunicación que han decidido hace tiempo claudicar de su originaria función de fiscalización y control al poder para abrazarlo e, incluso, llevarlo bajo palio en la dramática procesión de la pérdida de los derechos más fundamentales. No en vano, esta última legislatura será recordada por la naturalización del plasma y de la neolengua como máxima expresión de lo decible. No se ha conseguido con poco mérito, teniendo en cuenta, como apuntaba hace unas semanas el filósofo Daniel Inerarity, que la política partidaria se ha desplazado, empobrecida, del parlamento a los medios.

Pero insistimos, decimos “en parte”. En parte porque, bien es sabido: del otro lado hay más y mejor. Más y mejores propuestas que trabajan, algunas desde hace meses, otras desde años, por ofrecer un poco de luz en medio de tanta oscuridad. “¿Se imaginan que el periodismo dejara de provocarse tortícolis de tanto mirar hacia arriba, que apostara por internarse en los barrios humildes de las ciudades para relatar toda una realidad que ahora mismo define a nuestro país, y que se olvidara de los despachos, de las corbatas, del compadreo con el poder?”, se preguntaba Olga Rodríguez en noviembre de 2013 en un artículo publicado en eldiario.es, uno de esos medios que integran el “más y mejor”. Hay quien ha decidido girar la cabeza hacia abajo para ofrecer un periodismo capaz de recuperar la confianza perdida entre la ciudadanía. Es aquí donde entran en escena El Diagonal, La Marea, La Directa, Catalunya Plural, Crític, Periodismo Humano o eldiario.es, entre otros. Medios que vienen a significar una suerte de sacudida a un ecosistema mediático que necesita su propio 15M tras mostrar síntomas evidentes de agotamiento. Un campo mediático minado en el que durante años la relación poder-medios se ha manejado con tanta discrecionalidad que todo cambio o propuesta que atente contra el status quo puede generar un terremoto político. ¿Se tambaleará el edificio si las propuestas son fruto de un sólido diálogo con las organizaciones sociales?  ¿Es posible la construcción de una hegemonía comunicativa propia? No es una tarea menor. Como apunta el periodista y director de Telesur Aram Aharonian, “promover efectivamente la participación, la interacción, nuevos valores y una estética distinta en la comunicación implica pasar por profundos cambios culturales, pues de poco servirían si la población no se apropia de ellos”.

Es pues el momento de trascender y discutir sobre el derecho a la información y a la comunicación en los mismos espacios y con las mismas organizaciones que debaten sobre derechos tan fundamentales como el de la vivienda o el de la salud. En esta tarea se necesita del empuje de la ciudadanía, del compromiso de las y los que ejercen el periodismo y de las organizaciones profesionales que trabajan en materia de comunicación. ¿Por qué no goza de ese rango el derecho a la información y a la comunicación? ¿Por qué no son percibidos como imprescindibles? ¿Lo hemos explicado mal?

Existen intentos. Desde hace un año, en Cataluña, la Xarxa Ciutadana pel Dret a la Informació i la Comunicació reúne a entidades sociales de diversa índole (desde sindicatos y medios de información hasta ONG y otras organizaciones) para promover la concienciación, el debate y la movilización por una regulación de los derechos a la información y la comunicación. Su decálogo arroja luz sobre las deficiencias del panorama actual y sobre las urgencias a atender y marca las líneas sobre las que se debe trazar el cambio en la concepción del ecosistema comunicativo. La condición de la información como un derecho y no una mercancía; la necesaria creación de un organismo independiente que vele por el derecho a la información y la comunicación; la apuesta por la transparencia, el pluralismo y la supervisión en la concesión de las licencias audiovisuales; el preservar la autonomía de los medios públicos; el garantizar la educación en comunicación a la ciudadanía; o el reconocer como una amenaza para el pluralismo informativo la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, entre otras, son algunas de las bases para el debate y el trabajo que pone sobre la mesa la Xarxa Ciutadana pel Dret a la Informació i la Comunicació.

Si el gobierno que surja de las urnas el próximo 20 de diciembre no asume y promueve este nuevo marco de debate y de transformación, por lo menos que no moleste a los que empujan en esa dirección.

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Imagen extraída de: Periodismo Humano