Declaración del SJM-E ante las medidas para desmantelar las redes de traficantes en el Mediterráneo

Declaración del SJM-E ante las medidas para desmantelar las redes de traficantes en el Mediterráneo

Migra Studium. El pasado 13 de mayo, la Comisión Europea presentó la nueva agenda europea de migración, que incluye cuatro medidas inmediatas. Entre las medidas anunciadas figura una operación en el Mediterráneo para desmantelar las redes de traficantes. Con inusitada rapidez, el 18 de mayo, el Consejo Europeo puso en marcha la operación EUNAVFOR MED en el Mediterráneo central meridional. Se trata de una operación militar dirigida a desarticular el tráfico de personas: detectar, capturar y eliminar los buques y medios que utilizan.

Una operación militar de estas características supone el uso de la fuerza fuera del territorio de la UE – tema controvertido– y requiere el consentimiento de Libia –difícil de obtener- o del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que puede concederlo basado en una presunta amenaza para la paz y la seguridad internacional. ¿Cuál es la amenaza para Europa que justifica una intervención militar? ¿Cuál es su coste en términos humanos? La operación militar se dirige a frenar la llegada de migrantes y refugiados atacando los medios de transporte que en su desesperación utilizan. Sin embargo, el plan se desentiende del destino o la protección a brindar a estas personas.

Los Estados están obligados legalmente a proporcionar protección en su territorio a todas las personas que lo necesitan. La Unión Europea, en una respuesta defensiva e insolidaria, ha decidido impedir que lleguen, para eludir su responsabilidad. La tragedia del Mediterráneo exige una respuesta excepcional de solidaridad, acogida y medidas de protección. En este sentido, hemos analizado y propuesto, junto con otras organizaciones de Iglesia europeas, diferentes alternativas para establecer vías de acceso legal y seguro a Europa, sin que estas personas tengan que ponerse en manos de redes de traficantes para acceder de forma irregular. La propuesta europea de cuotas de acogida por países es un paso positivo, aunque tímido, en este sentido. Sin embargo, nos parece evidente que la detención o destrucción de barcos de traficantes no protege a las personas en absoluto, más bien al contrario.

En ausencia de vías legales y seguras de acceso a Europa, la destrucción de botes probablemente forzará la búsqueda de rutas alternativas, más largas, caras y peligrosas y un nuevo modus operandi de las redes de traficantes que florecen en ausencia de vías legales de acceso. Por otro lado, cerrar la vía libia supone probablemente exacerbar o prolongar el infierno de las personas migrantes en Libia. Este país carece de una política migratoria y de asilo; y actualmente soporta una fortísima situación de inestabilidad y violencia. Hoy por hoy, Libia no es un país seguro para migrantes y refugiados, como evidencia el informe del Servicio Jesuita a Refugiados “Más allá de lo imaginable”.

Pedimos que las personas interceptadas en el mar no sean retornadas a Libia hasta que haya mejorado drásticamente la situación del país, dado el elevado riesgo que ello supone para sus vidas y su libertad, particularmente en el caso de personas subsaharianas. La Convención de Ginebra de 1951 sobre el estatuto de Refugiado prohíbe a los Estados devolver a solicitantes de asilo a países donde su vida o su libertad estén amenazadas. También pedimos que la UE publique los términos de cualquier acuerdo bilateral con Libia en el que esta se vea obligada a proporcionar asistencia y cooperación en el control de la migración irregular, para que puedan ser sujetos a rendición de cuentas y supervisión democrática.

Por último, desde el Servicio Jesuita a Migrantes pedimos que España y los demás Estados Miembros apoyen de forma valiente y audaz las propuestas de reasentamiento y distribución temporal de personas refugiadas avanzada por la Comisión.

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Imagen extraída de: Migra Studium