Javier Ávila: “Los sistemas le apuestan al olvido y nosotros le apostamos a la memoria”

Javier Ávila: “Los sistemas le apuestan al olvido y nosotros le apostamos a la memoria”

Cristianisme i Justícia/Sonia Herrera. Javier Ávila, sacerdote jesuita y presidente de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, AC (COSYDDHAC), mejor conocido como Padre Pato, lleva más de 30 años trabajando en la Sierra Tarahumara, en el Estado de Chihuahua (México) defendiendo los derechos del pueblo rarámuri. En los últimos tiempos su labor y su propia integridad se están viendo amenazadas. 

Desde Cristianisme i Justícia nos hemos querido acerca a su realidad y esto es lo que nos ha contado…

Javier, hace algunas semanas leímos en el periódico Proceso que estaba siendo objeto de una campaña de difamación en la prensa local que pone en riesgo su vida. ¿Podría contarnos en qué ha consistido su labor en la sierra Tarahumara en los últimos 30 años y a qué se deben las amenazas?

Llegué a Tarahumara hace 40 años y buena parte de mi tiempo en los últimos 30 años lo he dedicado a una lucha por el respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas, como una opción preferencial. Hace poco menos de 30 años junto con el obispo José A. Llaguno, de feliz memoria, fui cofundador de la primera comisión de derechos humanos del Estado y la segunda o tercera del país, la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. A la fecha, mis superiores jesuitas me han dado la misión de trabajar de tiempo completo en este terreno de la defensa y promoción de los derechos humanos.

Este trabajo me lleva a generar molestias en algunos ambientes, hacer señalamientos de muchas irregularidades y molestar intereses de gobierno y de algunos particulares. De ahí las difamaciones y amenazas que he vivido.

¿Desde cuándo se encuentran en esta situación?

Esta situación ha formado parte de mi caminar por mi opción personal. Ha aumentado a raíz de la primera masacre que se dio en México y tuvo lugar en el pueblo donde vivo el 16 de agosto de 2008. Siempre he dicho que los sistemas le apuestan al olvido y nosotros le apostamos a la memoria. Por esta razón no podemos permitir que se olvide esa masacre, y no dejo de exigir la justicia y la verdad, junto con las familias de los 12 jóvenes y un bebé masacrados.

¿Cuántas personas podrían verse afectadas en caso de que se construyera el aeropuerto de Creel y se llevara a cabo la instalación del gasoducto?

La afectación ya se dio por el deterioro al medio ambiente, la deforestación,  la carpeta asfáltica que se construyo para el aeropuerto, el daño a unos mantos freáticos, el cierre de veredas por donde se desplazan estudiantes que van a la escuela y habitantes rarámuri de la región. No tengo el número exacto de las personas afectadas, pero lo importante son los daños ocasionados a la región y a las comunidades rarámuri vecinas a ese espacio.

Lamentablemente ambos proyectos siguen adelante. Una comunidad afectada por la construcción del gasoducto se negó a aceptarlo, con el derecho que le otorga la ley de consulta que fue aplicada en las comunidades por donde pasa el gasoducto. A pesar de la negativa, la empresa sigue amenazando con que pasará el gasoducto por su comunidad, lo quieran o no lo quieran. De igual manera siguen imponiendo el proyecto en comunidades que no han aprobado el proyecto, y lo hace la empresa gasera argumentando una aprobación del ejido. Dicha “aprobación” fue en una asamblea ejidal ilegal por no existir convocatoria para la misma. Además, el proyecto debe ser consultado a la comunidad y no al ejido. Esto ha quedado muy claro, pero la empresa no lo acepta así.

¿Qué tipo de empresas están implicadas en dichos proyectos –locales, nacionales, transnacionales…–?

La principal empresa es canadiense (TransCanada) y las empresas nacionales privadas contratadas por la transnacional.  Las instituciones nacionales implicadas son la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, además del Gobierno estatal que apoya el proyecto, mediante la Coordinación Estatal de la Tarahumara, organismo estatal.

Se dice que los medios deberían ser los garantes de la libertad, pero en las últimas décadas, en todo el mundo, la mayor parte de los medios generalistas se han convertido en guardianes del poder. ¿Cuál es su experiencia sobre esto? ¿Alguno de los medios de comunicación que les ha difamado se ha retractado? ¿Alguno, además de Proceso, ha denunciado su situación?

En el Estado de Chihuahua los medios de comunicación están al servicio del gobernador y únicamente en un periódico estatal he logrado que se publiquen mis escritos, algunas veces luego de superar oposiciones.

¿Desde el gobierno del Estado de Chihuahua se ha tomado alguna medida?

Las medidas que se han tomado son las presiones y amenazas a miembros de las comunidades rarámuri, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que apoyan a estas comunidades.

¿Podríamos decir que se está criminalizando la acogida y la defensa de las comunidades rarámuris?

Así es. De ahí las difamaciones y señalamientos hacia algunas personas y organizaciones de la sociedad civil.

Estos hechos agreden y dificultan el trabajo de los defensores de derechos humanos. ¿Personalmente cómo está viviendo esta situación y qué le hace no desfallecer? ¿Recibe algún tipo de apoyo?

No desfallezco porque mi opción es muy clara y si yo callara “las piedras gritarían” (Lucas 19:40). Hay sucesos que no se pueden ocultar ni se pueden callar.

Anexo mi último comunicado al gobernador del estado Lic. César Horacio Duarte Jáquez que ha tenido mucha difusión en las redes sociales y ha generado mucho apoyo hacia mi persona. Pero el gobernador calla y ni siquiera un elemental y educado “acuse de recibo” ha llegado a mis manos. No puedo callar y seguiré exigiendo que se diga la verdad y se escuche la voz del pueblo.

¿Cómo vive y alimenta espiritualmente su compromiso por la justicia y los derechos humanos?

El testimonio del Señor Jesús y su compromiso con un proyecto de vida entregado por el padre y dejado en nuestras manos es el principal alimento.

¿Qué motivaciones le llevaron a comprometerse con la defensa de los DDHH en la sierra?

La lamentable realidad que día tras día va uno descubriendo y no nos permite permanecer indiferentes.

Ampliando el foco y teniendo en cuenta las múltiples vulneraciones de derechos humanos que han tenido lugar en México en la última década (Atenco, la situación de los migrantes que cruzan el país a lomos de La Bestia, el incremento de la violencia tras las elecciones del 2006, el aumento de los feminicidios, las/os más de 26.000 desaparecidos, ahora Ayotzinapa…) y teniendo en mente a otros religiosos/as que se han comprometido con estas causas como el Padre Solalinde, Samuel Ruiz García o su compañero jesuita Pepe Avilés, cabría añadir una pregunta más… ¿Qué posición tiene la iglesia mexicana en estas cuestiones?

La siento temerosa, en lo general, y más conciliadora que cuestionadora de estas realidades.  Pareciera que pesara más la “prudencia” que la denuncia y el anuncio de mundos diferentes.

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