Crisis, protección económica y exclusión social

Crisis, protección económica y exclusión social

Eduardo RojoAl hablar de la relación entre protección social y exclusión social, es necesario prestar atención a la realidad laboral y su impacto sobre la protección económica de la que disponen las personas desempleadas durante los períodos en que se encuentren en dicha situación, y eso requiere acercarse a los datos sobre el número de personas que perciben prestaciones contributivas y asistenciales, así como también, en la medida de lo posible (y disponible) a los del programa PREPARA. Con respecto a los primeros, cabe constatar los importantes cambios experimentados en las tasas de cobertura a medida que se iba desarrollando la crisis, con la caída de la cobertura de quienes perciben prestaciones contributivas y el subsiguiente aumento de la asistencial, aún cuando el descenso de esta en los últimos meses viene en gran medida derivada, no de la reincorporación al mundo del trabajo, sino del agotamiento del período máximo de percepción y no poder acceder a otras prestaciones (salvo, en algunas ocasiones, a las rentas mínimas de inserción autonómicas).También es importante destacar como reflexión general el importante descenso de la tasa de cobertura de la población extranjera, en especial de la extracomunitaria, también debido en gran medida no a la crisis y pérdida de la ocupación sino al abandono del territorio español, bien sea para volver a sus países de origen o bien para buscar empleo en otro Estado de la UE.

A) Algunos documentos son de indudable interés para acercarse a esta realidad. En primer lugar, los informes anuales sobre el mercado de trabajo, elaborados por el Servicio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal, dirigidos a colectivos que tienen entre sus miembros a buena parte de personas desfavorecidas y a las que les puede llegar a afectar la exclusión social. Con datos de 2013, el informe sobre extranjeros nos da cuenta de que el número de desempleados de larga duración a 31 de diciembre era de 194.914 personas, un 35,07 % del total, habiéndose incrementado en más de dos puntos con relación al año anterior, con más de la mitad de los mismos encuadrados en el sector de servicios. Si nos fijamos en los mayores de 45 años, un colectivo bien protegido con relación al resto de la población, se pone de manifiesto que la prestación con mayor número de beneficiarios era el subsidio (44,2 % de los beneficiarios mayores de dicha edad), con un incremento del 1,35 % en 2013, que va de la mano con un más importante descenso, del 6,26 %, de quienes percibían prestaciones contributivas. Si nos acercamos a las mujeres, más del 50 % percibían prestaciones al acabar 2013, con preferencia de la contributiva salvo, justamente, las mayores de 45 años en las que primaba el subsidio, y habiéndose observado una caída de la tasa de cobertura durante 2013 que afectó en especial a las menores de 25 años. En fin, un dato importante, y preocupante, para las personas con discapacidad es que el número de desempleados de larga duración era del 62,7 %, bastante superior al 44,17 % del total de la población, dato que permite constatar, como así lo hacen los autores del informe, que “la búsqueda de un trabajo es más prolongada en el tiempo para una persona con discapacidad que para el resto de la población”. Si nos referimos, para finalizar, al conjunto de la población desempleada, del total de 2.865.159 perceptores, 1.310.918 lo eran de contributivas, 1.180.446 de asistenciales, 133.343 del subsidio para trabajadores eventuales agrarios, y 240.253 de la renta activa de inserción, y un número residual (109) de personas que aún percibían la prestación de PRODI (protección extraordinaria anterior al PREPARA)

B) Si del año 2013 pasamos a datos más recientes, al análisis de los datos de la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2014, estudio realizado por la Fundación 1º de mayo, se constata poca diferencia entre el número de desempleados que perciben prestaciones según se trabaje con los datos de la EPA o con los de paro registrado que publica mensualmente el MEySS, una diferencia que el Informe sitúa en 148.908 personas. Cuestión distinta es la tasa de cobertura en atención a los distintos criterios para determinar su cálculo y el impacto que tiene sobre la misma el cómputo, o no, de personas ocupadas a tiempo parcial que perciben prestaciones y muy especialmente si se computa o no a quienes no han accedido aún al mercado de trabajo. El informe utiliza la denominada “tasa de protección de los parados”, es decir el número de parados EPA (1.640.791) que perciben prestaciones dividido por el total de parados EPA (5.420.728), siendo la tasa del 30,3 %, más de 27 puntos inferior si se calcula la tasa de cobertura siguiendo el criterio del SPEE, es decir el número de personas beneficiarias de prestaciones dividido por el de desempleados inscritos como demandantes de empleo y que ya están en el mercado de trabajo. Como digo, el Informe subraya que la tasa de cobertura es de menos de un tercio de la población desempleada, y que a 30 de septiembre de 2014 “hay casi cuatro millones de personas paradas que no perciben ningún tipo de prestación, 3.779.937”, con una tasa de cobertura de las mujeres inferior en ocho puntos a la de los hombres (26,3 y 34,0 %), y con sólo un 10,6 % de jóvenes menores de 30 años que las perciben 162.727, frente a 1.370.414 que no las perciben). En un año, a modo de síntesis que señala el informe para resaltar la no justificación de los recortes en las partidas presupuestarias para desempleo previstas en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2015, “la tasa de protección es 3,7 puntos menos”.

C) Para concluir, cabe referirse al VII Informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social en España, en cuyas conclusiones se apuesta por la puesta en marcha de políticas que posibiliten conseguir que la protección social “alcance estándares básicos en todo el territorio y que se haga operativa a través de un sistema de garantía de mínimos”, así como también el desarrollo de una protección social que no quede reducida a la gestión de las prestaciones económicas, algo que al parecer de los autores del texto ha de conseguirse “desde el fortalecimiento de los servicios sociales públicos, que facilite la promoción y el empoderamiento de las personas”. Habrá que adoptar medidas que corrijan aquello que se califica de “limitada capacidad redistributiva del sistema de impuestos y un modelo de prestaciones pequeño, excesivamente ligado a lo contributivo, poco protector en el tiempo y que no se adecua a las necesidades de los hogares en función de sus características”.

D) Concluyo. Y si fallan todos los mecanismos de protección social “estatales”, cabe acudir a las rentas mínimas de inserción autonómicas, en el bien entendido que la crisis económica y las restricciones presupuestarias han supuesto también una reducción de su alcance potencial, reducción o limitación a la que también coadyuvan los requisitos fijados para poder acceder a la prestación. Y en la utopía que defendió mi maestro, el jesuita Joan N. García-Nieto, queda el debate de la renta básica universal, la renta garantizada de ciudadanía, el ingreso mínimo ciudadano, y en definitiva, con el nombre que quiera dársele, una prestación para toda persona, no vinculada a su situación económica.

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Imagen extraída de: INCCA

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