La verdad sobre el escándalo ‘Luxleaks’

La verdad sobre el escándalo ‘Luxleaks’

Manfred NolteDías atrás se ha destapado un monumental escándalo fiscal con base en el Gran Ducado de Luxemburgo, apodado ‘LUXLEAKS’, esto es, ‘las filtraciones del caso  Luxemburgo’. El tema ha adquirido especial notoriedad debido a que el recién nombrado Presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker ejercía la máxima responsabilidad política en la pequeña nación luxemburguesa en la época (2002 a 2010) en que se perpetraban las conductas odiosas que constituyen el núcleo de la noticia que pasamos a comentar. Juncker saldrá previsiblemente airoso de este turbio suceso, lo cual en modo alguno invalida el diagnóstico de lo que constituye uno de los espectáculos más bochornosos que aqueja a la economía occidental: la intolerable permisividad fiscal en relación a las obligaciones tributarias de las grandes compañías transnacionales. Para ello es necesaria la cooperación de las jurisdicciones secretas, de baja o nula fiscalidad que es uno de los atributos –aunque no los agota- de los paraísos fiscales. La denuncia alude, en su consecuencia y por igual, a los actores principales que son las empresas globales como a los cooperadores necesarios, en este caso Luxemburgo.

La filtración se ha llevado a cabo gracias al impagable trabajo del ‘Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación’ (ICIJ), una red civil de 160 reporteros de más de 60 países que colaboran en la investigación de temas irregulares que trascienden las fronteras del ámbito nacional, el crimen transfronterizo, la corrupción, la discriminación social y de género o las prácticas políticas antidemocráticas. El descubrimiento divulgado por los rotativos colaboradores del Consorcio ha puesto de manifiesto la existencia de acuerdos fiscales secretos alcanzados entre las autoridades fiscales luxemburguesas y al menos 340 empresas de ámbito global. Este tipo de trajes  a la medida conocidos como ‘taxruling’ se materializaba en la entrega del fisco a las compañías solicitantes de una ‘comfortletter’, una carta de intención o patrocinio equivalente a un aval, en la que se aseguraba un trato de favor a los beneficios sometidos y declarados en suelo luxemburgués, llegándose a tipos de gravamen, en ocasiones, hasta del uno por ciento. Según la OCDE la cifra canalizada por las compañías globales hacia Luxemburgo a través de ‘entidades de objeto restringido’ habría alcanzado en 2011 la cifra de 1,6 billones (con ‘b’) de euros. De esta manera se ha privado de ingresar miles de millones en impuestos a las arcas de sus países de origen.

La relación de las 340 empresas puede hallarse en la web del Consorcio. Se trata de una información en la que, en principio, no aparece ninguna empresa domiciliada fiscalmente en territorio español, o sea ninguna multinacional española, aunque como es obvio, afecta a un importante número de compañías listadas que ejercen su actividad en España de una u otra manera. Al tratarse de una información no consentida, su sustracción se encuentra en manos de las autoridades competentes. La legitimidad del acceso a este tipo de datos es, obviamente, tema de debate separado, junto al de Wikileaks o las confesiones del señor Falciani.

Aunque tanto el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, como el propio Jean Claude Juncker hayan señalado la legalidad de la práctica en territorio luxemburgués y que se produce igualmente por otros países europeos, las conductas destapadas dan pie a algunas consideraciones que abocan en la condena sin fisuras de este tipo de actuaciones, donde la pretendida legalidad del trato fiscal discriminatorio queda seriamente comprometida.

Los acuerdos bilaterales firmados entre el ducado y las primeras empresas globales del planeta transgreden los códigos de conducta de la OCDE en materia fiscal  de los que Luxemburgo es signatario. Bien es verdad que se trata de ‘leyes blandas’, pero no lo es menos que detrás de ellas se erige el ánimo de obligarse. Paralelamente, si tras las investigaciones en curso se considerara que la rebaja fiscal constituyera una ‘ayuda de Estado’, como han sido catalogadas algunas ayudas en nuestro propio entorno vizcaíno, la burbuja ‘Luxleaks’ podría entonces acercarse al estallido.

Pero además, los acuerdos revisten el carácter de secretos, por lo que eluden directamente la posibilidad de formar parte de esquemas de cooperación a nivel de la unión europea. La Comisión europea ha obtenido información con cuentagotas sobre presuntas irregularidades –los casos de Amazon, Fiat, Apple o Starbucks- lo que prueba el blindaje de la información a la supervisión comunitaria y una manifiesta actitud ‘no cooperativa’, característica que dibuja en su esencia a los paraísos fiscales. Además de opaca, la conducta encubre una actividad irreal y ficticia. Las empresas que tributan de esta manera en Luxemburgo no ejercen ninguna actividad en su territorio. Como ejemplo, cabe citar que el número 5 de la calle Guillaume Kroll alberga a más de 1.600 compañías sin apenas personal a su cargo. Se trata de simples buzones de correo que avalan la inactividad de sus titulares.

La presentación de las bases imponibles de los beneficios, sujetas a baja fiscalidad en Luxemburgo, están diseñadas con una sofisticada ingeniería contable para poder acogerse a los beneficios del acuerdo alcanzado que rozan lo inverosímil y necesariamente flirtean con lo irregular. Sin entrar en excesivos tecnicismos, los beneficios deberían derivarse básicamente de ‘créditos híbridos’ que solo pueden modelarse con la ayuda de costosas firmas especializadas de contables y abogados.

Finalmente, aunque solo por razones de espacio editorial, irregular es la conducta que las empresas multinacionales desarrollan dentro de cada país para reducir beneficios locales y transferirlos  a los centros de baja fiscalidad. Es manifiesto que las transacciones e imputación de gastos dentro de un grupo multinacional no se someten a las mismas reglas de mercado que las que se realizan entre empresas independientes. La matriz puede obligar a su filial a practicar precios artificiales. Adicionalmente aplica una política beligerante de reparto de cargas del grupo (imagen, royalties, estructura, consultoría, promoción comercial y otros). Estas operaciones ‘vinculadas’ a través de los llamados ‘precios de transferencia’ desvían el beneficio natural generado por cada unidad productiva del grupo en cada país, hacia un tercer centro de baja o nula fiscalidad designado por la matriz a su conveniencia y elección. Tales prácticas, aparte de irregulares, distorsionan los precios de la competencia, y no serían posibles sin la ayuda de bufetes especializados en asesorar sobre el desafiante oficio de caminar en el filo de la navaja contable y fiscal. La consecuencia es que países que prestan costosas infraestructuras en todos los ordenes a empresas de este tipo, se ven burlados al no obtener retorno alguno sobre su cifra relativa regional de beneficios.

De tiempo en tiempo surgen voces institucionales que claman por hacer limpieza en esta jungla pestilente que forman las jurisdicciones opacas, que nada tienen que ver con el libre mercado, sino que al contrario, lo desfiguran y desangran. Países como Luxemburgo, que goza de  la mayor renta per cápita del planeta, debieran apearse de sus turbios privilegios al tiempo que la tibia justicia europea y sobre todo el Comisario de Competencia debieran igualmente lanzar una cruzada inmisericorde contra este fraude con máscara de legalidad.

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Imagen extraída de: El economista

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