Qué es y por qué necesitamos una fiscalidad ecológica

Qué es y por qué necesitamos una fiscalidad ecológica

Voces. Miguel Ángel Mayo. [Mientras Tanto] “La fiscalidad ambiental es un instrumento para incentivar cambios de comportamiento.” Esta es la primera frase que debería aparecer en cualquier artículo relacionado con la tributación ecológica. Un tipo de fiscalidad, pues, que debe minimizar la idea de impuesto y maximizar la idea de finalidad.

El camino es claro: los impuestos ambientales, así como una eficaz reforma ecológica del resto de la fiscalidad, han de ser un instrumento hacia la sostenibilidad ambiental de nuestra sociedad. En efecto, estos impuestos deben contribuir a la puesta en práctica del principio “el que contamina, paga”, y a la armonización de las políticas económicas y ambientales. La nueva política fiscal ecológica ha de tener como objetivos avanzar hacia la equidad y la sostenibilidad, redistribuir la renta a favor de los más pobres, penalizar las actividades más insostenibles y promover nuevos sectores más intensivos en empleo y más sostenibles como la eficiencia energética, las energías renovables, el transporte público, el reciclaje, la educación, la sanidad y una nueva cultura del agua. En suma, una reforma fiscal ecológica bien concebida debe servir para aumentar el empleo y reducir el consumo de energía y recursos naturales. Sobre estos pilares (y dejando ahora al margen problemas como el afán recaudatorio, las injerencias política, el fraude de ley y, sobre todo, las conductas destinadas a aprovechar la normativa ecológica en beneficio propio), tenemos que rediseñar la fiscalidad ecológica. O, lo que es lo mismo, “los impuestos del futuro”.

Historia de la fiscalidad ecológica

El término “medio ambiente” fue utilizado por primera vez por el naturalista francés Étienne Geoffroy (1772-1844) para referirse al entorno físico que rodea a los seres vivos. Desde un punto de vista jurídico, el Derecho del Medio Ambiente vendría a ser el conjunto de normas que regulan los efectos de la actividad humana en la conservación y protección de la vida en la Tierra, ya que, evidentemente (aunque luego la realidad asombra), el ser humano debería priorizar en su actuación la conservación del medio ambiente en el que habita. Sin embargo, no fue hasta la década de los setenta del siglo pasado cuando surgió la preocupación legal por el medio ambiente. Así, el 1970 fue declarado “Año de protección de la Naturaleza”. Posteriormente, en 1972 se estableció un programa específico de las Naciones Unidas para el medio ambiente (PNUMA) y se celebró la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano donde se proclamó lo siguiente: “El hombre es a la vez obra y artífice del medio que le rodea, el cual le da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente (…) El hombre ha adquirido el poder de transformar, de innumerables maneras y en una escala sin precedentes, cuanto lo rodea. Los dos aspectos del medio humano, el natural y el artificial, son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida misma”.

Ese mismo año, en nuestro país se aprobó la Ley 38/1972, de 22 de noviembre, de Protección del Ambiente Atmosférico, en la que se reconocía expresamente que “la degradación del medio ambiente constituye, sin duda alguna, uno de los problemas capitales que la Humanidad tiene planteados en esta segunda mitad del siglo”.

A raíz de aquel intenso 1972, el proceso de reconocimiento y concienciación internacional fue imparable: se estableció la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1983); se aprobó la resolución 1990/41, de 6 de marzo, de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, vinculando la conservación del medio ambiente con aquellos Derechos; se celebró la Cumbre para la Tierra de Río de Janeiro (1992) con el objetivo de conjugar la protección medioambiental con el desarrollo económico y social, y así un largo etcétera.

En los cuarenta largos años que han transcurrido desde la década de los setenta, el Derecho Internacional del Medio Ambiente ha experimentado una evolución a raíz del proceso de globalización. En los setenta se aplicaba una protección vertical sobre el medio ambiente, defendiendo determinados sectores como el suelo, la atmósfera, las aguas dulces, el medio marino, etc. Ya en los años ochenta, se optó por una regulación horizontal que establecía qué hacer con los residuos, con independencia del sector en que éstos se produjeran. Y desde los años noventa, hemos asistido a la globalización de unos problemas medioambientales que nos afectan a todos (deslocalización); al fin y al cabo, con independencia de que los gases de efecto invernadero se emitan en Shanghai, Bruselas, Sidney, Laos o Nueva York, sus consecuencias las sufrimos todos los habitantes del planeta porque la atmósfera no entiende de fronteras.

Sin duda, el economista británico Arthur Cecil Pigou –autor del concepto de “externalidad” formulado en la obra Economía del bienestar (1920)– fue el padre de los impuestos ecológicos. Además, conviene recordar el famoso y ya citado principio de quien contamina, paga: recomendación que fue introduciéndose en el argot europeo y que se formuló en 1972, en el seno de un Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

La tributación medioambiental, tal y como la conocemos en la actualidad, surgió a comienzo de los años noventa en diversos países escandinavos preocupados por las emisiones a la atmósfera de dióxidos de carbono y de azufre. En 1993, la OCDE comenzó a marcar unas líneas básicas sobre fiscalidad y medio ambiente de forma que, hoy en día, casi todos sus Estados miembros disponen de esta imposición ambiental.

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Imagen extraída de: En positivo

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