Wiki-paraísos-fiscales

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Manfred NolteLa reciente filtración de una amplísima lista de usuarios de jurisdicciones secretas publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (CIPI) ha resucitado la saga de los Wikileaks protagonizada por Julian Assange. En aquella ocasión salieron a relucir los secretos de la alta diplomacia norteamericana, en particular los delitos consentidos por el Pentágono en las guerras de Irak y Afganistán. Ahora, a través de más de 2,5 millones de expedientes, el Consorcio ha destapado a todo tipo de personajes de la plutocracia mundial y también española, evidenciando el potencial destructivo de los paraísos fiscales, ese cáncer que Occidente no desea atajar en razón de los multimillonarios intereses creados, pero que resulta injustificable por el doble motivo de la extraordinaria dimensión de las sumas que en ellos se depositan y por la absoluta  impunidad con la que a su sombra se cobijan todo tipo de conductas delictivas.

Solamente el infame espectáculo de la pobreza que azota a casi un tercio del planeta puede equipararse en gravedad a la perversión que representan estos diabólicos santuarios del secreto, y aun cabe agregar que aquella se debe en buena mediada de la existencia de estos últimos.

El CIPI ha trabajado con 86 periodistas investigadores de 46 países, incluidos reporteros de The Guardian y la BBC en el Reino Unido, Le Monde en Francia, Süddeutsche Zeitung y Norddeutscher Rundfunk en Alemania, The Washington Post, The Canadian Broadcasting Corporation y otros 36 medios internacionales. Los expedientes de datos a los que han tenido acceso son 160 veces mayores, en términos de gigabytes, que los filtrados del Departamento de Estado de los Estados Unidos y filtrados por Wikileaks en 2010. Ambas filtraciones responden al moderno enfoque mediático del periodismo de investigación. La relación de los principales magnates, políticos y líderes empresariales, así como una detallada información de progreso de la investigación puede obtenerse del sitio del Consorcio. La sociedad civil no puede sino congratularse del acoso informativo que la investigación acarrea sobre un tema tan crucial como el de las jurisdicciones secretas.

Aún hay quienes sostienen desafiantes que poner a buen recaudo sus capitales no declarados –los declarados son legítimos– no deja de ser un ejercicio obligado de autodefensa ante la voracidad recaudadora del Estado, su siempre lastimosa gestión económica y el quebranto inducido que de lo anterior se traduce en sus activos. Nadie con un mínimo de sensibilidad social debería enrocarse en estas posiciones retrógradas si analiza la carga a la que la evasión somete al contribuyente cumplidor, en particular el de rentas bajas y medias, que debe echarse a sus espaldas lo suyo y lo de quien delinque para sostener el edificio común que a todos cobija. Un edificio deficitario como consecuencia de una crisis sin fin que reclama de forma desproporcionada y desigual el sacrificio de aquellos que cumplen con la norma fiscal. La generación de rentas derivada de una actividad mercantil o financiera en una jurisdicción determinada, cuando es legal, solo será legítima siempre y cuando se retorne al colectivo la justa proporción de los recursos de todo tipo que se han utilizado para la obtención de las rentas, incluidos los activos globales, los bienes comunes que pertenecen a todos y cuyos rendimientos a través de la fiscalidad deben tener un camino de vuelta hacia las mayorías. La existencia de bolsas de evasión protegidas por enclaves extranjeros atenta a la justicia, discrimina y desalienta al cumplidor y justifica el crimen. Su defensa no tiene cabida alguna.

El evasor infringe la ley y el paraíso fiscal le proporciona una cobertura jurídica insufrible. En ocasiones, -es el ejemplo de las multinacionales- la traslación de los beneficios generados regularmente en un mercado local a un centro extranjero de baja fiscalidad se produce mediante sibilinos rizos contables guiados por costosas firmas avezadas en la ingeniería jurídica, siempre al filo del incumplimiento de la ley, y en todo caso inmorales. En las industrias extractivas del África septentrional, las multinacionales arrasan el ecosistema pagando salarios de miseria, legando apenas migajas de tecnología, para acabar repatriando sus beneficios a los centros de baja fiscalidad sin revertir riqueza alguna ni a la población indígena ni a los incipientes sistemas fiscales de los estados que la representan.  En su libro ‘El planeta saqueado’, Paul Collier refiere la recaudación fiscal correspondiente a la explotación de la minería del oro en la República del Congo en todo 2010: 37.000 dólares para una valor exportado de mil millones de dólares. No es necesario trasladarse al continente africano para encontrar abundantes ejemplos similares entre nosotros, también en España, también en Bizkaia.

Pero los paraísos fiscales muestran su rostro más abyecto una vez pasada la página de la fiscalidad reducida. Los débiles requerimientos regulatorios y la escasa exigencia en la determinación del origen y justificación de los fondos en ellos depositados convierten a estos centros en el lugar ideal para el blanqueo de todo tipo de actividades delictivas, desde la mera evasión fiscal al encubrimiento del dinero procedente del tráfico de armas, el comercio sexual, el narcotráfico o el terrorismo.

El Banco Mundial estima que los flujos financieros ilícitos transfronterizos suman entre 1 y 1,6 billones de dólares al año. Según Oxfam Internacional, alrededor de 32 billones de dólares es el monto de los saldos remansados en paraísos fiscales, lo que implica que el equivalente al 40% del PIB mundial como base, escapa a la recaudación de los Estados. Ello nos da una referencia de la potencial contribución de estos fondos a la recuperación de las economías deprimidas.

Recientemente, el Gobierno español ha incluido dentro de su plan contra el fraude  la identificación obligatoria, antes del 30 de abril, de las cuentas y bienes que dispongan los nacionales españoles en el extranjero. Coincidiendo con las filtraciones  el 9 de Abril Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido han sellado un acuerdo piloto para el intercambio automático de información según el modelo acordado con Estados Unidos a dichos efectos, que reviste un mayor calado. Luxemburgo y Austria han manifestado su voluntad de reconsiderar su condición de jurisdicciones no cooperantes. Hollande desea abrir un frente de ataque directo para la erradicación de las mismas. Todas estas declaraciones recuerdan la Declaración del G20 en Londres, en Abril de 2009, según la cual la hora de los paraísos fiscales habría tocado a su fin.

Pero estos amagos representan gotas de agua en un océano de corrupción tolerada. Solamente una acción decidida de la comunidad internacional de naciones levantando universalmente el secreto de estas jurisdicciones del terror financiero, puede restablecer el desequilibrio de lo que constituye uno de los mayores azotes del planeta.

Imagen extraída de: Finanzas y economía

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