Benedicto XVI y las políticas sociales del PP

Benedicto XVI y las políticas sociales del PP

Quim Pons. El domingo 20 de enero la Iglesia celebró la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado 2013. El mensaje de Benedicto XVI para esta jornada fue “Migraciones: peregrinación de fe y esperanza”, y estaba escrito en el contexto de este Año de la Fe.

El mensaje nos habla de la fe y la esperanza como el equipaje inseparable en la vida de muchos inmigrantes: el deseo de dejar atrás la desesperación de un futuro imposible de construir y la profunda confianza que Dios no les va a abandonar en su camino. Y esto, a partir del principio fundamental de que “todo migrante es una persona que, como tal, posee unos derechos fundamentales inalienables que han de ser respetados por todos y en cualquier situación”.

A pesar de que “emigrar es un derecho fundamental”, el mensaje recuerda que “cada Estado tiene el derecho de regular los flujos migratorios y adoptar las medidas políticas dictadas por las exigencias generales del bien común, pero siempre garantizando el respeto a la dignidad de toda persona humana”.

La realidad nos dice que el proyecto migratorio de muchas personas “se convierte en un calvario por la supervivencia, donde los hombres y mujeres aparecen más como víctimas que como protagonistas y responsables de su migración”. La actual crisis lleva a muchos migrantes a vivir “en condiciones de marginalidad y, con frecuencia, de explotación y privación de los derechos humanos fundamentales. El camino de la integración incluye derechos y deberes, atención y cuidado a los inmigrantes para que puedan conseguir una vida digna, pero también atención por parte de los inmigrantes por aquellos valores que ofrece la sociedad en la que se integran”.

En este sentido, el mensaje insiste que en una sociedad cada vez más fragmentada por las desigualdades sociales, para favorecer la auténtica integración “es necesario evitar el riesgo de caer en el mero asistencialismo, y trabajar en la dirección de una “sociedad donde todos y cada uno sean miembros activos y responsables del bienestar del otro, asegurando el pleno derecho de ciudadanía y participación en los mismos derechos y deberes”.

En el actual contexto de crisis estructural de nuestra sociedad, “los que emigran alimentan la esperanza de encontrar acogida, de obtener ayuda solidaria y de estar en contacto con personas que, comprendiendo las fatigas y la tragedia del prójimo, y reconociendo los valores que este aporta, estén dispuestas a compartir humanidad y recursos materiales con quien está necesitado y desfavorecido”. El mensaje nos exhorta, pues, a una “solidaridad universal”.

Este mensaje que nos llama a la fraternidad universal, topa en la práctica de unas políticas y unas leyes injustas que ponen en peligro el ejercicio de derechos fundamentales. Recordemos, si no el Decreto Ley (16/2012) sobre medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de Salud, impulsado por el Ministerio de Sanidad. Un decreto que más allá de regular el turismo sanitario y racionalizar el gasto, deja sin atención sanitaria aquellas personas que no disponen ni de documentación ni de medios económicos.

Y topa también el llamamiento de Benedicto XVI a la práctica de una solidaridad universal, con el actual proyecto de reforma del Código Penal que en su artículo 318bis propone: castigar con penas de prisión a quien ayude solidariamente a las personas extranjeras en situación administrativa irregular y a quien les preste servicios remunerados. No deberíamos olvidar que  una norma así, de seguir adelante, incumpliría los derechos humanos fundamentales, que en su primer artículo afirma “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos…, y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. O que en el artículo 13 reconoce el derecho de toda persona  “a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”, una libertad de movimientos cada vez más difícil.

Esta propuesta de reforma legal tiene una gran transcendencia ético-política: crea una norma que convierte en ilegal un principio-valor tan fundamental como es la solidaridad. Esto desde el punto de vista humano y cristiano, y en la situación de crisis que vivimos resulta simplemente inaceptable.

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Os animamos a participar en la campaña que ha puesto en marcha la Plataforma Salvemos la Hospitalidad para pedir al Gobierno que corrija el artículo 318bis anteriormente citado y “no criminalice el comportarse humanamente. La asistencia humanitaria y la solidaridad no se pueden penalizar en ningún caso cuando son movidas por sentimientos de hospitalidad y altruismo”. Para firmar la petición haz click aquí.

Imagen extraída de: Cadena Ser

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