Google y la legalidad ilegítima

Xavier Casanovas. El extraordinario momento de crisis social y económica que estamos viviendo está cuestionando todo lo establecido. Muros y fronteras hasta ahora infranqueables, se derrumban. Algo parecido está pasando con el velo entre lo que es legal y lo que es legítimo.

Prácticas que son legales (como es el caso de los desahucios de familias hipotecadas, la estafa de las preferentes o la realidad de los Centros de Internamiento de Extranjeros – CIES) son consideradas por una gran parte de la población como una flagrante injusticia. Un abuso de poder de aquellas personas e instituciones (el Estado entre ellas) que ostentan la superioridad económica o técnica y que imponen unas decisiones, completamente ilegítimas a los ojos del ciudadano. Por otra parte, prácticas que son ilegales, como la desobediencia civil frente a los desahucios, gozan de una creciente legitimidad social y de un apoyo excepcional que está convirtiéndose, en el caso de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH), en fuente de transformación social y cambio real.

Recientemente, hemos conocido un nuevo caso de legalidad ilegítima. Hace poco más de seis meses comentábamos el caso de Apple y ahora le toca el turno a Google. Empresas tecnológicas de referencia mundial por su innovación pero también por su capacidad de realizar ingeniería fiscal.

Google Spain, empresa que gestiona la publicidad (principal fuente de ingresos) de Google en España, facturó 38 millones de euros el pasado 2011, creciendo un 46% respecto al año anterior. ¡Nada mal teniendo en cuenta que estamos en tiempos de crisis! Pero, a pesar de los beneficios obtenidos, se ahorra de pagar impuestos en nuestro país declarando pérdidas al refacturar a empresas pantalla en Irlanda que a su vez facturan a empresas pantalla en paraísos fiscales. Así consiguen convertir una tasa impositiva entorno al 30% (30% en España, 35% en los EE.UU.) en una de tan sólo el 3%. Una práctica completamente legal sólo al alcance de empresas multinacionales de gran tamaño.

La fiscalidad no es un capricho, aunque no goce de muy buena fama, es la única vía que tenemos para garantizar la solidaridad, «la pata no desarrollada de los tres principios de la revolución francesa» (según palabras de Iñaki Gabilondo citando a Octavio Paz). Es la única manera de empoderar al sector público para que ejerza sus funciones asignativas de corrección del mercado, redistributivas para garantizar entre otros el acceso universal a la educación y sanidad, y estabilizadoras de la economía en momentos de crisis como el actual. (Ver artículo de Maite Vilalta sobre el rol del sector público y las funciones y disfunciones de los impuestos aquí).

Mientras tanto, en vez de perseguirlo el gobierno se dedica a declarar amnistías fiscales premiando a estafadores con una excusa recaudatoria que se ha demostrado completamente inútil (hasta la fecha sólo han hecho aflorar el 2% del capital previsto) y bloqueando la posible investigación de los casos de fraude fiscal.

Hay que pedir a nuestros políticos que reaccionen y a las instituciones supragubernamentales que muevan ficha y obliguen a los estados a regular una práctica como ésta de tan clara legalidad ilegítima.

NOTA: CJ escribió hace unos meses el siguiente papel sobre el sistema fiscal con propuestas que desde criterios de justicia consideramos que deberían consolidarse. Está basado en las propuestas de la Plataforma por una fiscalidad más justa, ambiental y solidaria de la que formamos parte.

Imagen extraída de: DigitalLLB