Desinvertir en sanidad, reinvertir en salud

Desinvertir en sanidad, reinvertir en salud

Nani Vall-llossera. Una de las pocas cosas positivas que tiene esta crisis es que nos brinda la oportunidad de repensar lo que hacemos. Mientras todo “iba bien” pocos consideraban necesario plantearse los vicios del sistema, las bolsas de ineficiencia, la crisis de valores… en definitiva todo aquello que hacía tiempo venía corrompiendo nuestros comportamientos cívicos, nuestra vida comunitaria y nuestra profesionalidad.

Del mismo modo que ciudadanos de a pie se han convertido en pequeños expertos en productos bancarios y macroeconomía porque en ello les va el bolsillo, vamos a tener que empezar a saber de salud pública, porque en ello no sólo nos va el dinero de la sociedad, el de todos, sino también vidas, y en mayor medida, las de los más vulnerables. Esto va a requerir que los profesionales de la salud nos bajemos de la atalaya de seguridad que nos proporciona el lenguaje técnico para acercar la discusión a la ciudadanía.

Con la crisis se ha hecho evidente que los recursos son limitados, que el sistema sanitario no puede financiarse a base de generar una deuda con crecimiento exponencial impagable por las generaciones futuras. En este nuevo escenario se entiende mejor la importancia del coste de oportunidad, esto es, los beneficios que dejamos de obtener por usar mal el dinero. Lo que se gasta en unas cosas no se puede gastar en otras. Es decir que tenemos que introducir en el debate social preguntas como qué queremos priorizar para que sea financiado con el dinero de todos, sin olvidar que en salud se cumple a menudo la ley de los cuidados inversos, según la cual reciben menos cuidados los/las ciudadanos/as que más los necesitan, siendo esta ley más cierta allí donde la atención médica está más expuesta a las fuerzas del mercado. Hay que subrayar que el Real Decreto Ley 16/2012 aprobado por el gobierno del Partido Popular, certifica el cambio de un Sistema Nacional de Salud para ciudadanos a un Sistema de Seguridad Social para asegurados, con la finalidad de debilitar la sanidad pública y provocar la entrada en el mercado sanitario de empresas privadas con ánimo de lucro. Esto ya está sucediendo en nuestro país.

El debate que planteo es complejo. Hablar de salud es tocar sentimientos y emociones porque detrás de la salud y de la enfermedad hay vidas concretas que merecen el máximo respeto y atención. Pero cuando se trata de priorizar actividades sanitarias que implican a la población general, la toma de decisiones debería guiarse por la evidencia científica y por la obtención de los mayores resultados en salud a nivel poblacional.

Pero estas  dificultades y la complejidad no deben hacernos desistir de tomar decisiones de un modo más democrático. Dejar que sea sólo el Ministerio de Economía quien decida cómo racionalizar el gasto sanitario o permitir que sean los políticos quienes determinen la agenda sanitaria es enfrentarse a veces a intereses no confesables y a poderosos lobbys de presión. Los profesionales, las personas concretas, tampoco somos inmunes a los conflictos de intereses.

Es urgente y necesario en este terreno, el gobierno clínico y la aplicación de criterios científicos. Y no se está haciendo ya sea por impotencia (porque no nos dejan) o por dejación de nuestra responsabilidad como médicos. En vez de aplicar una poda selectiva, se están imponiendo recortes lineales que están causando enfermedad y muerte y nos están haciendo retroceder 30 años hacia una mayor inequidad e injusticia.

La inclusión de la vacuna del virus del papiloma humano (VPH) en el calendario vacunal de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud en 2007 ofrece un buen ejemplo de cómo es el marco de toma de decisiones actual: oportunismo político, falta de transparencia, ausencia de debate científico, desconsideración al criterio coste-efectividad.

Otro ejemplo que ilustra la ley de cuidados inversos y el coste de oportunidad lo tenemos también en relación con el VPH y el cáncer de cérvix uterino. Una mujer africana que trabaje en la prostitución en nuestro país, no va a poder hacerse la citología que permitiría detectar un cáncer de cuello de útero en fases precoces (y curables la mayoría de veces) porque ya no tiene derecho a asistencia sanitaria. Más del 80% de las mujeres que mueren en España por cáncer de cérvix no se han hecho nunca una citología cérvico-vaginal. El dinero que se está gastando en unas cosas, no se está gastando en otras, más claramente coste-efectivas. La vacunación de una niña contra el VPH cuesta más de 350 euros, todo el resto del calendario vacunal (frente a 11 enfermedades transmisibles), 235 euros. Son factores de riesgo de padecer este tipo de cáncer, además de la infección por el VPH: la pobreza, la promiscuidad, la multiparidad y los embarazos precoces. Es decir, gastamos mucho dinero para prevenir un posible cáncer en chicas que tienen muy poco riesgo de padecerlo, mientras dejamos sin atención a mujeres que lo tienen mucho más alto.

Tenemos que desinvertir en sanidad para reinvertir en salud porque además, aunque el mercado utiliza potentes mecanismos para convencernos de lo contrario, en este terreno muchas veces lo menos es más: hay mucho margen para podar y generar salud, disminuyendo daños y gastos. Para conseguirlo es necesario el compromiso de todos y un control social que obligue a la rendición de cuentas de las decisiones públicas que se tomen.

«La comercialización de los servicios públicos es un proceso de carácter mundial…, la motivación es siempre la misma: expandir el ámbito de las inversiones rentables por parte de las empresas multinacionales y transformar los servicios sanitarios nacionales, partiendo de su papel tradicional como planificadores y prestadores de un servicio público, en meros compradores al por mayor en un mercado sanitario».

Julian Tudor Hart
The political economy of health care
A clinical perspective. 2006

Imagen extraída de: Alzheimer 2.0