Darfur duele

Darfur duele

Oscar Mateos. Darfur duele. O al menos eso es lo que parece. Desde el inicio de la guerra en esta región al oeste de Sudán en el año 2003, han proliferado los debates a escala internacional sobre la situación humanitaria, la implicación del Gobierno sudanés de Omar Al-Bashir, la posibilidad de que se esté cometiendo una “limpieza étnica” y la responsabilidad o el deber de proteger a la población civil. El fantasma de Ruanda está demasiado cerca. Y las lecciones que deja la historia pesan, de forma desigual, en la conciencia colectiva. Naciones Unidas estima que la violencia podría haber causado hasta el momento unos 300.000 muertos y más de dos millones de desplazados. La situación es gravísima y los dilemas afloran.

En las últimas semanas se han producido varios acontecimientos importantes. La Corte Penal Internacional (CPI) ha dictado una orden de detención contra el Presidente sudanés, acusándolo de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Darfur. La orden ha generado la indignación en las filas del Gobierno y entre sus acólitos. Se tacha a la comunidad internacional de inmiscuirse en los asuntos internos y de adoptar decisiones “neo-coloniales”, destinadas a desestabilizar un Gobierno con el que mantiene serias discrepancias. A todo esto, varias organizaciones humanitarias, entre ellas algunas secciones de Médicos Sin Fronteras, han sido expulsadas del país. El panorama político, social y humanitario se deteriora de forma alarmante. En el sur, recordemos, la histórica guerrilla del SPLA y el Gobierno sudanés tratan de implementar un acuerdo de paz firmado en el año 2005 y que puso fin a treinta años de guerra.

¿Es una buena noticia la orden de detención de la Corte? ¿Va a contribuir a rebajar los niveles de violencia en Darfur? ¿Existen otros mecanismos diplomáticos que pueden contribuir a la pacificación de esta región sudanesa? Las opiniones al respecto divergen. Por un lado, unos consideran que la decisión de la CPI es un paso más en el largo camino para acabar con la impunidad en el continente africano. Asimismo, la iniciativa habría creado serias divisiones internas en el partido de al-Bashir, el National Congress Party (NCP): podría ser “el principio del fin” de este régimen, se asume. En contra, algunos defienden que la medida no viene sino a empeorar el panorama general. En las últimas semanas, la situación de violencia y las condiciones humanitarias se han deteriorado substancialmente. Además, se teme que pueda afectar a la evolución del proceso de paz en el sur, cogido con alfileres.

Los dilemas, por lo tanto, son ingentes. Y la soluciones complejas. La Unión Africana está participando más activamente en la gestión del conflicto, pero la idea de “soluciones africanas a los problemas africanos” permanece en el plano de la retórica. Por otra parte, la medida parece erigirse más en un medio para desestabilizar al régimen sudanés que un fin en sí misma, con consecuencias impredecibles. Finalmente, las agendas políticas de países como EEUU, Reino Unido, China o Rusia subyacen en un contexto en el que, como siempre, la población civil sigue siendo la principal víctima.

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