Hacia Bolonia pasando por “Chicago”

Hacia Bolonia pasando por “Chicago”

José Antonio Zamora. Si hay contestación al llamado proceso de Bolonia, la creación de un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), ésta no se dirige contra ciertos objetivos como la equivalencia de los títulos o la unificación de los ciclos de enseñanza, el hacer comparable el rendimiento exigido a los alumnos o establecer criterios y métodos iguales de evaluación y de garantía de calidad, la elevación de la “empleabilidad” de los titulados, etc., por mucho que sea dudoso que esto vaya a aumentar decisivamente la movilidad de docentes y alumnos universitarios o evite que la heterogeneidad siga existiendo debajo de la nomenclatura unificada.

El problema surge más bien de que los mencionados objetivos se utilizan para imponer una agenda oculta de más amplio recorrido. Y esta sospecha está más que fundada, pues en la realización de las necesarias reformas que acompañan a la creación del EEES se apela continuamente a todos los lemas difundidos por agencias internacionales juramentadas con la ideología neoliberal, desde la “economía del conocimiento” a las “universidades competitivas”, pasando por la “inversión en capital humano” o el reforzamiento de las “ventajas comparativas en el mercado global”. El repertorio de estrategias neoliberales que ocupan el escenario de la reforma educativa van desde la estructuración empresarial de las instituciones educativas públicas hasta la presión hacia el establecimiento de un modelo de cheque educativo, en el que universidades públicas y privadas compitan por los consumidores de formación, pasando por la construcción de un mercado formativo para ofertas privadas de servicios educativos. En esta dirección trabajan conjuntamente poderosos lobbies y organizaciones internacionales como la OMC.

Lo que se exige a las universidades es que diversifiquen y amplíen sus fuentes de financiación y, para ello, adquieran un perfil que las haga atractivas para esas fuentes y, por tanto, más competitivas. En segundo lugar, se les pide que adopten una estructura organizativa según un modelo empresarial (new public management). Los procesos democráticos de decisión y los órganos que los protagonizan aparecen bajo esta perspectiva como lentos e ineficientes. Deberían dejar sitio a cuerpos de dirección tecnocráticos, que permitiesen a las universidades contar «con un proceso eficaz de adopción de decisiones, una capacidad de gestión administrativa y financiera sólida y la posibilidad de vincular la gratificación con los resultados» (Comisión). Por fin, se recomienda una orientación más enérgica hacia el aprovechamiento mercantil y un mayor influjo económico a través de los public private partnerships, una orientación que permita al conocimiento elaborado en ellas fluir de manera más directa y rápida en la economía. Para esta finalidad el papel decisivo lo juegan las llamadas universidades de elite o centros de excelencia. No hace falta mucha imaginación para representarse el destino de la investigación y la enseñanza críticas no rentabilizables directamente por el mercado. También la nueva estructura de ciclos está cortada a medida para esta estrategia y sirve a una jerarquización de la cualificación profesional cada vez más dependiente de poder adquisitivo.

Las movilizaciones en las que están implicados los universitarios de todo el país pretenden que se oigan los argumentos en contra, a los que hasta ahora se ha aplicado sordina, pero las instituciones universitarias se comportan cada vez más como rodillos administrativos con escasa capacidad para dar tiempo y espacio al debate. El que un buen número de profesores se implique junto a los estudiantes críticos en la movilización permite albergar esperanzas. Pero el gigante neoliberal con pies de barro puede aplastar a muchos en su derrumbe. ¿Será capaz la sociedad sometida al embate de la crisis económica reconocer lo que está en juego?

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